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lunes, 7 de agosto de 2017

La defensa de la Asamblea Nacional, un reto ciudadano, @carome31



Por Carlos Romero Mendoza, 03/08/2017

El 26 de agosto de 1999, El Universal, informó sobre la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, de un Decreto mediante el cual se suspendieron las sesiones del Congreso de la República de Venezuela y las actividades de casi todas sus comisiones parlamentarias.   Esa nota de prensa, firmada por Taynen Hernández y Ernesto Villegas, se tituló: ANC se enfrentó y reguló al Legislativo.

En esa nota se cita al Dr. Allan Brewer Carías cuando, en su condición de constituyente, reclamó que tal medida violentaba las bases comiciales y los propios tratados internacionales vigentes. En ese mismo sentido, Virgilio Ávila Vivas, advirtió que tal medida lo que claramente buscaba era reducir a “cero” al entonces Congreso de la República de Venezuela.


Para Aristóbulo Istúriz, el Congreso de la República, como foro político del país, peligrosamente se convertía en una trinchera para enfrentar las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente y en tal sentido eso no se podía permitir.

El clima de conflictividad aumentó y ello llevó a una reforma de ese Decreto mediante el cual se permitió que la misma Asamblea Nacional Constituyente asumiera todas las funciones del Congreso Nacional, cuando éste, en el marco de sus funciones reguladas, se negare, retardare o intentare incumplir con su tarea.  El Universal, en una nota de prensa firmada por Yolanda Valery el 30 de septiembre de 1999, informó de esta reforma bajo el siguiente titular: ANC asumirá toda la función legislativa.

En ese momento, cuando de manera definitiva se concretaba el cierre técnico del Congreso Nacional, éste no había logrado sesionar fuera de la sede parlamentaria, impedido por la formalidad legal y la imposibilidad de acceder a las instalaciones físicas a los fines de autorizar la realización de sesiones fuera de la sede del parlamento.

Para Daniel Córdoba Zerpa, en una crónica publicada en El Universal y fechada el 30 de septiembre, la ciudadanía demostró en ese debate intenso y complejo una gran indiferencia frente a esa situación.

Casi 20 años después, el Poder Legislativo venezolano, ahora con una Asamblea Nacional unicameral, vuelve a estar enfrentado a una Asamblea Nacional Constituyente a la cual ya desconoció formalmente a través de un Acuerdo político aprobado el 1 de agosto de 2017.

Claramente volveremos a reeditar el conflicto político de 1999, brevemente reseñado en las líneas previas, más aún cuando Diosdado Cabello, en declaración registrada por El Nacional y publicada el 12 de julio de 2017, anunció que la Constituyente tendría poderes plenipotenciarios y que ello le permitiría sustituir y asumir las funciones de la Asamblea Nacional, argumentando como excusa que la misma está en desacato.

Hoy no podemos, como sociedad civil, responder ante esa amenaza cierta a que hace mención Diosdado Cabello con la misma indiferencia que se evidenció ante el cierre técnico del Congreso de la República de Venezuela en el año 1999; en especial,  porque a diferencia de aquélla experiencia constituyente, ésta no cuenta con la legitimidad suficiente y, menos aún, con respaldo constitucional que valide su existencia y actuación.

El gran desafío de la sociedad civil en estos momentos es cómo asumir de manera concreta y pacífica la defensa activa de la Asamblea Nacional, y cómo acompañar en esa labor cívica a sus representantes políticos.  Ellos no pueden quedarse solos, pero también deben asumir que en estos momentos son indispensables en la defensa de la institucionalidad política del país.

Si no somos capaces de defender la institucionalidad política, inspirándonos en los valores, principios y garantías constitucionales, no vamos a poder asumir con éxito cualquier otro reto que se imponga en el campo electoral.

Pero como sociedad no podemos asumir de manera efectiva la defensa activa de la Asamblea Nacional, si no valoramos con objetividad y de manera justa la labor que este Parlamento ha cumplido desde su instalación, en enero 2016, pese a los obstáculos que el régimen desde un inicio le ha impuesto para su efectivo funcionamiento a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Es el momento de valorar que desde enero 2016 la Asamblea Nacional ha debatido políticamente y de manera abierta una cantidad de proyectos de ley que supera a la labor legislativa de los anteriores parlamentos desde el año 2000.

Así mismo, es importante destacar que la Asamblea Nacional ha respetado el orden constitucional y ha logrado sancionar varios de esos proyectos de ley, encontrándose en esa etapa con el obstáculo que el régimen le ha impuesto a través de la Sala Constitucional a los fines de evitar la obligación del Ejecutivo de hacer observaciones o simplemente promulgar la ley sancionada.

Desde el punto de vista político, el régimen inventó el desacato para arrebatarle a la Asamblea Nacional su función de control sobre el presupuesto público y la gestión de gobierno; pero ello no ha impedido que desde el 10 de mayo de 2016, a través de múltiples y diversos Acuerdos, el Parlamento haya asumido su función de representación política a través del rechazo y la denuncia sistemática de la ruptura del orden constitucional y democrático venezolano por parte del Ejecutivo Nacional, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional Electoral.

No hay que perder de vista en la reflexión, que no hay desde el año 2000 una Asamblea Nacional que haya cumplido su función parlamentaria al servicio del país como ésta. El logro de las elecciones parlamentarias del 2015, fue precisamente recuperar al Poder Legislativo, para ponerlo al servicio del país como foro político natural de los asuntos nacionales.


Precisamente como ha sucedido con el intento de solicitar el referendo revocatorio y con la misma elección de gobernadores y legisladores estadales, cada vez que el régimen de Maduro, se enfrenta a la voluntad de un pueblo que responde con su participación efectiva, constitucional y legítima, éste reacciona desconociendo e ignorando la voluntad del pueblo.

Hoy no podemos ser indiferentes ante una realidad que pretende ignorar el voto popular y simplemente anular a través de una ilegítima e inconstitucional Constituyente al único poder político con suficiente legitimidad para enfrentar el desafío que supone el rescate del orden constitucional y democrático en Venezuela.

Frente a esta realidad, es oportuno no olvidar el Acuerdo de la Asamblea Nacional del 25 de octubre de 2016, mediante el cual se declararon en sesión permanente de consulta popular, bien en la sede del propio Parlamento, a través de sus comisiones permanentes o incluso en las comunidades, con la finalidad de impulsar asambleas de ciudadanos, movilizaciones y otras formas de deliberaciones y manifestaciones públicas, que permita junta al pueblo evaluar decisiones que deben ser asumidas ante la ruptura definitiva del orden constitucional concretada con la fraudulenta constituyente.

Pareciera que es el momento para que esas sesiones se efectúen a los fines de articular el esfuerzo necesario en defensa de la institucionalidad y legitimidad de la Asamblea Nacional, y de los principios, valores y garantías constitucionales.