Caracas, 11 de septiembre de 2009.
Ciudadano
José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno del Reino de España
Embajada de España en Venezuela
En sus manos.-
Estimado señor Rodríguez Zapatero.
Las Organizaciones No Gubernamentales que suscribimos, afiliadas a la plataforma VENEZUELA LIBRE, Alianza por la Democracia, nos dirigimos muy respetuosamente a usted para expresarle algunas consideraciones con motivo de la visita que hará a su país el Presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías.
Respetamos y entendemos el derecho de todos los Estados a mantener relaciones diplomáticas con otros Estados, al margen del tipo de Gobierno que éstos tengan y tomando en consideración los intereses económicos, políticos, culturales o de cualquier orden de cada país. Pero al mismo tiempo conocemos la importancia del respeto a las normas de convivencia democrática, en función de los convenios internacionales sobre principios fundamentales reconocidos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El gobernante que usted recibirá en su país, fue electo democráticamente por nuestro pueblo en 1998, hace ya 10 años, pero está violando sistemática y gravemente los principios constitucionales que animan la esencia de nuestra convivencia ciudadana. Por mencionar algunos hechos, acaba de ejecutar hace pocas semanas el cierre simultáneo de 32 radioemisoras y 2 televisoras, está amenazando públicamente con cerrar próximamente otras 29 radioemisoras y el canal de noticias Globovisión, sin contar el cierre efectuado hace más de 2 años de Radio Caracas Televisión. ¿Haría usted o le dejarían hacer algo así en España, sea cuales fueren las circunstancias?
En la gira que dicho mandatario está realizando, ha incluido visitas a gobernantes que están violando claramente los derechos humanos, jactándose públicamente de ofrecerles su apoyo, irrespetando con ello las decisiones de organizaciones multilaterales. En otros, ha anunciado el incremento de la carrera armamentista que irresponsablemente impulsa en Latinoamérica, en vez de centrar sus esfuerzos en mitigar la pobreza que hunde cada vez más a nuestros países en el subdesarrollo. Para colmo, insulta sin miramientos a gobernantes de diversos países, mediante un lenguaje guerrerista, sin mostrar un mínimo de decencia diplomática. ¿Apoya usted o su Gobierno este tipo de conductas?
Señor Rodríguez Zapatero: el Estado español se ha caracterizado por ser respetuoso de la ley y defensor de la justicia. Pero ¿sabía usted que los gases lacrimógenos que España vende a Venezuela son utilizados indiscriminada e indebidamente por nuestro Gobierno contra pacíficas
manifestaciones? ¿Y que la protesta se criminaliza, castigando con cárcel injustificada e ilegal a ciudadanos que pacíficamente manifiestan disenso? ¿Y que las hordas pagadas con dinero oficial arremeten y agreden impunemente a los opositores al régimen? El ciudadano español José Manuel Vilas, asesinado el 1º de marzo de 2004, es una evidencia de tales desmanes, como lo hemos denunciado reiteradamente ante la Embajada de su país en Caracas.
Actualmente en Venezuela -tal como ocurre en todos los regímenes autocráticos- se cambian las leyes a capricho del mandamás de turno, aprovechando una circunstancial mayoría parlamentaria sin mayor legitimidad, electa con menos del 15% del apoyo popular. Fue así como recientemente se aprobó la grabación de llamadas telefónicas, sin que medie intervención judicial alguna, mediante la modificación del Código Orgánico Procesal Penal; se estableció el castigo con prisión para quien divulgue por cualquier medio de información lo que discrecionalmente se considere causante de zozobra al Gobierno; se penaliza con prisión el desacato o críticas a funcionarios públicos y a quienes éstos acusen de exposición al odio público. ¿Ocurre esto también en España?
Todo esto pasa en Venezuela, señor Presidente, sin que tengamos los venezolanos ni remota posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria, pues la gran mayoría de los jueces son provisionales, son amenazados públicamente en su estabilidad laboral por quien ejerce el Gobierno Nacional y son destituidos cuando se atreven a tomar una decisión autónoma que sea contraria a los intereses oficiales.
Los casos son públicos y notorios; de ello podría dar fe la representación diplomática de su país en el nuestro, así como la inmensa mayoría de la colonia española residente en Venezuela. Pregunte usted a ellos, señor Rodríguez Zapatero, por los numerosos casos de confiscación ilegal de tierras, propiedades y empresas.
En nombre de la mayoría democrática de los venezolanos, así como también de esa numerosa colonia española en Venezuela -y no solo de las grandes empresas españolas, que más tarde o más temprano han sufrido o sufrirán por las decisiones caprichosas, arbitrarias, ilegales, inconstitucionales y violatorias de los derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional- pedimos a usted que analice estos planteamientos y sepa diferenciarse de la actitud autocrática e irrespetuosa de su próximo visitante.
Atentamente,
Las Organizaciones No Gubernamentales asociadas a VENEZUELA LIBRE
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