Campaña por la defensa del derecho a la protesta social

Según cifras reveladas por líderes sindicales, campesinos y estudiantiles, actualmente en Venezuela existen 2200 personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por ejercer su derecho constitucional a la protesta por sus reivindicaciones fundamentales. La inmensa mayoría de los que sufren estos procesos pertenecen a gremios de trabajadores, campesinos, estudiantes y de comunidades populares, siendo los más desposeídos y de sectores vulnerables los que padecen la infracción de sus derechos. Lo que era una política aislada y eventual se ha transformado en una política de Estado. Por un lado, funcionarios policiales, el Ministerio Público y los jueces de control, por otro, sicarios al mando de terratenientes y de sectores empresariales, y hasta grupos de choque afines de los gobiernos, nacional, regional y local, independientemente de su tendencia política, conforman el triangulo de la represión a la lucha social. Dicha criminalización, alentada por diferentes poderes del Estado, empresarios y terratenientes , se realiza en un contexto en que aumentan las manifestaciones por derechos sociales, con lo que se han venido aplicando diferentes normativas a quienes ocupan terrenos para exigir su derecho a la tierra y la vivienda, a las comunidades que cierran calles para pedir o mejorar servicios públicos, a los trabajadores y trabajadoras que presionan por defender su fuente de trabajo, alcanzar mejores salarios y lograr su contratación colectiva, a los estudiantes que piden dotación para sus centros educativos, usuarios y usuarias de servicios de salud integral y otros sectores en lucha por sus derechos sociales y políticos. Por tanto, lo anterior es una evidencia de la estrategia del Estado, y algunos sectores privados, para restringir la legítima protesta y el disfrute de los derechos humanos consagrados en la constitución.

Como contraparte tenemos la situación de impunidad de los crímenes ocurridos contra luchadores sociales, en donde los indicios de la participación de empresarios y latifundistas en los asesinatos de líderes obreros y campesinos no han sido investigados y sancionados, así como tampoco la responsabilidad política de mandatarios regionales en algunos casos. Esta impunidad ha alentado el sicariato, como método para silenciar y amedrentar a los sectores en lucha por sus derechos. Si bien dentro de esta modalidad existe un alto porcentaje derivado de las pugnas entre organizaciones gremiales por el control de puestos de trabajo como en el sector de la construcción, se han registrado diferentes casos en donde el asesinato por
encargo tiene como objetivo fulminar y disolver los sindicatos que se atreven a movilizarse por sus reivindicaciones y las luchas obreras más radicalizadas.

Por esta razón un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos, grupos estudiantiles y académicos así como diferentes individualidades promovemos una campaña para defender el derecho a la protesta, tal como se encuentra en la declaración universal de los derechos humanos y en la Constitución, así como condenar la apertura de juicios, el uso de sicarios y otros mecanismos de criminalización por ejercer este derecho, tales como las medidas judiciales que prohíben la realización de asambleas y huelgas dentro de las empresas estatales.

En tal sentido, queremos hacer público este pronunciamiento con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre esta grave restricción a los derechos, y exhortar a todas las organizaciones sindicales, campesinas, comunitarias, estudiantiles y medios alternativos a sumarse activamente a esta campaña nacional en defensa del derecho legítimo a la protesta social.

Solicitamos:

1) La derogación de los artículos 284, 286, 297 y 358 del Código Penal; 47, 48, 49, 50, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación; 139 y 141 de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, así como el 20, 24 y 25 de la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos al control de precios, todos los cuales penalizan el derecho a la protesta.

2) La investigación imparcial y transparente de todos los crímenes de sicariato y otros delitos contra campesinos, obreros y otros actores sociales, así como el juicio y sanción para los culpables.

3) La libertad plena e inmediata de todos y todas las activistas sociales privadas de libertad por protestar, así como la suspensión del régimen de presentación periódica ante los tribunales y el resto de medidas cautelares que prohíben el trabajo sindical dentro de los centros de trabajo.

4) No al uso de la fuerza pública en contra de las manifestaciones por derechos sociales y políticos. Prohibición del uso de armas de fuego y bombas lacrimógenas por parte de los funcionarios policiales y militares en las protestas y en la ejecución de desalojos judiciales contra las acciones de exigencias del derecho a la vivienda y a los servicios públicos.

Organizaciones (Adheridas hasta la fecha):

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Unidad Socialista de Izquierda (USI)
Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (CCURA)
Acción Solidaria Convite
Periódico El Libertario
Espacio Público COFAVIC
Colectivo Socialismo Revolucionario (CSR)
Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)
Movimiento Solidaridad Laboral
Sindicato de Trabajadores del INCE (SINTRAINCE)
Colectivo Libre Aquiles Nazoa

Adhesiones a la campaña, mensajes al e-mail: protestarnoesdelito@gmail.com

Asociación Civil Sinergia, http://www.sinergia.org.ve/