ANTONIO RODRÍGUEZ 24 de enero de 2020
@antonioRG9
La
vicepresidenta venezolana es una de las 25 personas incluidas en la 'lista
negra' de la UE a las que se les congelaron sus activos en suelo europeo junto
al veto a viajar por el espacio Schengen
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy
Rodríguez, tiene vetada su entrada en territorio español ya que es
una de las 25 personas del régimen de Nicolás Maduro a las que la Unión Europea
ha sancionado en tres tandas en los últimos años con la congelación de sus
activos en suelo europeo y una prohibición de viajar al espacio Schengen.
La dirigente chavista fue incluida en junio de 2018 en
la segunda tanda de 11 sancionados por parte de la UE junto a otras personas
próximas al mandatario venezolano, caso del entonces vicepresidente Tareck
el Aissami y el ministro de Educación, Elías Jaua. "Las personas
incluidas en la lista son responsables de violaciones de los derechos humanos y
de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela", señaló la
UE en un comunicado cuando se sancionó a Delcy Rodríguez.
Las primeras sanciones se produjeron en enero de hace
dos años, a iniciativa del Gobierno de Mariano Rajoy, con siete afectados que
formaban el círculo más próximo al sucesor de Hugo Chávez, entre ellos su
número dos, Diosdado Cabello. El régimen de Maduro reaccionó con
virulencia al ordenar la expulsión del embajador español en Caracas, Jesús
Silva. España respondió con la misma medida que afectada al representante
venezolano, Rafael Isea.
Tras ello, en abril de 2018 se calmaron las aguas y
Madrid y Caracas restablecieron plenas relaciones diplomáticas con el
retorno de ambos embajadores. Luego llegaron las sanciones de junio de hace dos
años que afectaron a Delcy Rodríguez.
Sanciones por el 'caso Acosta'
El pasado mes de septiembre entraron los últimos siete
venezolanos en la lista de sancionados. El castigo afectó a miembros de las
Fuerzas de Seguridad del país sudamericano tras las "torturas" y
otras "violaciones" de los Derechos Humanos que se produjeron en la
muerte del militar opositor Rafael Acosta. Cuatro de ellos tenían, a ojos
de la UE, una relación directa con la violenta muerte del oficial.
"La UE decidió aplicar medidas específicas
adicionales contra siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia
implicados en torturas y otras violaciones graves de los derechos
humanos", indicó en el comunicado del 'caso Acosta' la jefa de la
diplomacia europea, Federica Mogherini.
Tanto la segunda tanda como la tercera tanda de
sancionados contaron con el apoyo del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es más,
el entonces ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, fue
el que solicitó la adopción de estas medidas durante una reunión con sus
homólogos europeos tras conocerse el informe de la la Alta Comisionada de la
ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El informe de la expresidenta chilena confirmó
"de manera clara y detallada el alcance y la gravedad de las violaciones
de los derechos humanos, la erosión del Estado de derecho y el
desmantelamiento de las instituciones democráticas", señaló en su momento
el Consejo de la UE.
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