Fernando Camino Peñalver 20 de enero de 2020
@fernandocaminop
Aunque
el régimen haga esfuerzos por querer mostrar al mundo y a parte de nuestra
población una aparente prosperidad y normalidad, el informe de la FAO sobre la
Perspectivas de Cosechas y Situación Alimentaria del pasado año, señala a
nuestro país entre los 41 países donde existen elevados niveles de inseguridad
alimentaria y que debido a esta situación, su población necesita actualmente
ayuda alimentaria externa. El informe señala, como causa principal de esta
anormalidad a sequías prolongadas, conflictos armados y a crisis políticas
internas que generan desequilibrios económicos. De estos 41 países, sólo dos
están situadas en nuestro continente: Venezuela y Haití.
El
caso dramático de nuestro país, donde existe un elevado nivel de inseguridad
alimentaria, no ha sido ocasionado por catástrofes naturales ni por conflictos
armados como sucede en la mayoría del grupo de los países que conforman el G41.
Es un fenómeno conocido como emergencia humanitaria compleja, porque esta
tragedia es causada por los que han tenido durante más de 20 años el manejo
irresponsable del Estado y la turbia disposición de los recursos de nuestra
nación.
La
desacertada política macroeconómica del régimen y el acoso al sector productivo
privado han condenado a la población a tener el más bajo poder adquisitivo de
América y del mundo. Nuestro ingreso mínimo es de 5,60 dólares por mes, lo que
significa que estamos sumidos en un nivel de pobreza extrema. El Banco Mundial
estima que una persona que percibe menos de 1,90 dólares al día está en el
umbral de la pobreza y en nuestro país, a pesar del nuevo aumento del ingreso
mínimo, el ingreso es de 0,19 dólares diarios. La cesta alimentaria del pasado
mes de diciembre, tuvo un costo de 15.252.000 bolívares y el ingreso mínimo era
en ese momento 300.000 bolívares.
La
hiperinflación impide a cerca de un 90% de nuestra población, adquirir los
alimentos necesarios para la ingesta de por lo menos unas 2.000 kcal por día.
La mayoría de las estimaciones sobre la inflación en nuestro país coinciden en
niveles diarios de entre 2.5% a 3.5%, una barbaridad si lo comparamos con la
mayoría de los países del mundo que tienen estos porcentajes en un año.
Este
año la producción agrícola y la captura pesquera han disminuido en un promedio
de más de un 80%, a causa de la falta de insumos, de combustible, a la
deficiencia de energía eléctrica y a la inseguridad jurídica y personal.
Similar situación está padeciendo la agroindustria que cerró este año con un
70% de capacidad ociosa y que además de las carencias del sector primario tiene
que soportar la falta de materia prima.
La
aparente normalidad que se percibe en el abastecimiento de alimentos, se debe a
la drástica caída del consumo por parte de un 90% de nuestra población. El
pasado año, la demanda de alimentos se situó en un 36% del consumo histórico de
nuestra población. Un 30% fue aportado por los canales de distribución privada
y un 6% por el programa Clap.
Según
estudios de instituciones especializadas, la ingesta de alimentos por parte de
la mayoría de nuestra población es muy inferior a las 2.500 kcal o a las 3.000
kcal que recomienda la Organización Mundial de la salud. En cuanto a calidad
nutricional, la mayoría de nuestra población, se alimenta de un 50% de
carbohidratos y un 18% de tubérculos, mientras que el consumo de proteínas ha
disminuido de forma alarmante: la carne, los huevos y los lácteos se estiman en
proporciones de 5.2%, 3.2% y 1.7% respectivamente, la ingesta restante
corresponde a fibras y lípidos.
Como
solución a esta grave situación de emergencia humanitaria compleja y para
elevar la calidad de vida de nuestra población, hemos diseñado el Plan País.
Allí proponemos medidas puntuales para corregir los desequilibrios
macroeconómicos y así lograr la estabilización de la economía. La estrategia
será la aplicación de reformas estructurales, dirigidas a promover una rápida
recuperación de la economía. Ya hemos adelantado, la asistencia financiera
internacional extraordinaria con los organismos multilaterales, los préstamos
bilaterales, donaciones internacionales, los mecanismos y condiciones para
incentivar la inversión privada, el diseño para la reestructuración de la deuda
externa y la apertura para lograr un aumento significativo de la producción
petrolera.
El
Plan País como parte de su política social, sustituirá los esquemas de
subsidios indirectos, ineficientes y regresivos, por subsidios directos,
eficientes y progresivos con el apoyo de mecanismos tecnológicos y de
información, que nos permitirán identificar adecuadamente a los sectores de
nuestra población beneficiarios de estos subsidios.
Por
otra parte, se garantizará la seguridad jurídica eliminando los controles
centralizados que destruyeron el emprendimiento de los venezolanos, para dar
prioridad a la reactivación económica, promoviendo de esta manera la sana
competencia como mecanismo de autorregulación del mercado. En el plan
destacamos la importancia medular de los sectores de la cadena productiva
agroalimentaria, de la farmacéutica y de la industrial, sin detrimento de los
demás sectores de la economía. Para tales fines, se eliminarán los controles
establecidos en la Ley Orgánica de Precios Justos, en la Ley del Régimen
Cambiario y sus Ilícitos, en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía
Agroalimentaria, en la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, en la Ley Orgánica
del Sistema Financiero Nacional y en el Código Orgánico Tributario.
El
régimen en veinte años nunca ha asistido al Foro Económico Mundial en Davos,
pero seguramente tiene permanente contacto, con la mayoría de los 40 países que
según la FAO necesitan ayuda alimentaria y a lo mejor casi todos votaron en la
ONU para darle un puesto al régimen en el consejo de derechos humanos.
Fernando
Camino Peñalver
@fernandocaminop
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