Eugenio G. Martínez 16 de enero
de 2020
@puzkas
Este 2020 no sólo es un año electoral, sino que el
régimen pretende consolidar su hegemonía de poder de manos del TSJ y el CNE.
Tras seis años de atropellos a los partidos políticos y con ello debilitar el
voto como instrumento de cambio; Maduro estructura un nuevo ecosistema de
organizaciones políticas que aparentemente lo adversan, pero en el fondo son
complacientes ante la permanencia del statu quo.
El chavismo avanza en la estrategia de
crear un ecosistema de partidos -y de liderazgos políticos- al
que pueda imponerle las condiciones de las elecciones parlamentarias,
que constitucionalmente están previstas para el 2020.
La estrategia comenzó hace seis años cuando se intentó
conducir a Venezuela hacia un sistema de partido
hegemónico, en donde, a pesar de un número importante de organizaciones
políticas, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) siempre mantendrá no
sólo la primera opción de triunfo en los comicios, sino una influencia
determinante sobre las decisiones del Gobierno.
Este nuevo ecosistema se nutre de organizaciones
políticas que, en teoría, adversan a la Revolución Bolivariana, pero
cuyos integrantes no muestran interés por disputar el poder a Nicolás Maduro,
ni en conseguir condiciones político-electorales que permitan
garantizar la alternancia en el Poder Ejecutivo.
Previo a las elecciones presidenciales de 2012 el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la intervención judicial de las
directivas de las organizaciones Podemos y Patria Para
Todos (PPT).
Aunque las directivas originales de estos partidos
formaban parte del comando de campaña de Henrique Capriles Radonski,
a raíz de la imposición de nuevos directivos las organizaciones cambiaron
significativamente sus respaldos políticos para terminar apoyando a Nicolás
Maduro.
Por otra parte, como punto importante de la estrategia
para garantizar un ecosistema de partidos que contribuya a la legitimidad de
los procesos políticos y electorales adelantados por el chavismo, el Consejo
Nacional Electoral (CNE) negó la inscripción de organizaciones
representantes del chavismo disidente: Marea Socialista y
la Unión Nacional Organizada. Ese año también negó la inscripción
de Vente Venezuela (dirigida por María Corina Machado).
Intervenciones judiciales antes de las Parlamentarias
En 2015 el chavismo repitió la estrategia. Ese año el
TSJ intervino judicialmente a MIN-Unidad, MEP, Copei y Bandera
Roja, partidos que habían presentado candidaturas unitarias con los
partidos integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Siguiendo la línea de acción diseñada en 2012, en la mayoría
de los casos la intervención judicial consistió en transferir
el control de los partidos a integrantes relacionados o cercanos a Nicolás
Maduro.
En 2016 (después del triunfo parlamentario de la
oposición) ya no eran suficientes las intervenciones judiciales. Ese año
el TSJ y CNE modificaron el proceso de legitimación de
partidos políticos previsto en la Ley de Partidos Políticos,
Reuniones Públicas y Manifestaciones (Lpprpm) que data de 1964, y que
fue reformada parcialmente en 2010 por la Asamblea Nacional (AN).
Por diversos motivos legales y técnicos el CNE pospuso
la relegitimación hasta marzo de 2017. Este retraso sirvió de excusa para que
no se efectuara en el tiempo previsto el proceso de convocatoria del
referendo sobre la continuidad de Nicolás Maduro como Presidente de la
República.
Fueron 59 partidos los que tuvieron que relegitimarse
en 2017
Entre marzo y agosto de 2017 el CNE convocó a 59
partidos de ámbito nacional a relegitimarse. A este proceso no fueron
convocados el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) por ser las organizaciones más votadas de las elecciones
parlamentarias de 2015. Tampoco concurrieron al proceso de renovación tres
organizaciones políticas admitidas por el CNE después de 2015. De éstas una
estaba vinculada al oficialismo: Independientes por el Progreso (IPP)
y dos eran opositoras: Partido Unión y Entendimiento (Puente)
y Unidad Política Popular 89 (UPP89).
Sólo 12 organizaciones políticas (de
las 59 originalmente convocadas a relegitimarse, recogiendo firmas y huellas de
los votantes) lograron superar las trabas técnicas y legales impuestas
por el CNE.
De estas organizaciones cinco estaban abiertamente
vinculadas a la oposición: Acción Democrática (AD), Avanzada
Progresista (AP), Primero Justicia (PJ), Un
Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP).
LA ANC entra en el juego
Las denuncias de fraude en la
totalización de resultados para la designación de los integrantes de la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) -julio de 2017- y las irregularidades del
proceso de elección de gobernadores -octubre de 2017-, unidos
a la manipulación de resultados en la votación del estado
Bolívar, provocaron que los partidos de oposición que aún sobrevivían a las
decisiones del CNE y TSJ decidieran no participar en los
comicios de alcaldes celebrados en diciembre de 2017.
La ausencia de estos partidos fue utilizada por la
Asamblea Nacional Constituyente para ordenar un nuevo y expedito proceso de
renovación de partidos políticos, en el cual debían participar
todas las organizaciones que no hubiesen acudido a las elecciones de
gobernadores y alcaldes.
La decisión de la ANC violaba los Artículos 52
y 67 de la Constitución Nacional, y 25 y 32 de la Ley de Partidos
Políticos. No obstante, fue acatada por el CNE que volvió a llamar a legitimar
a su nómina de inscritos a los partidos opositores. Acción Democrática,
Mesa de la Unidad Democrática, Primero Justicia, Puente y Voluntad
Popular.
Sin embargo, Voluntad Popular y Puente se
negaron a participar en este proceso, mientras Acción Democrática,
la MUD y Primero Justicia decidieron intentar
relegitimarse nuevamente. En un proceso muy cuestionado por la oposición, sólo
AD logró cumplir con todos los requisitos impuestos por el CNE para la
nueva etapa de validación.
En el caso de PJ y la MUD las rectoras del CNE cambiaron
los instructivos de renovación utilizados en 2017, impidiendo que estas
organizaciones lograran cumplir con los requisitos impuestos -como sí lo
hicieron Copei o Bandera Roja en 2017-.
Y llegó la elección de 2018 y los nuevos partidos
En este escenario se convocó el proceso
presidencial sobrevenido del 20 de mayo de 2018.
Para ese evento fueron 10 los partidos que postularon
a Nicolás Maduro a la reelección, cuatro postularon a Henri Falcón (Avanzada
Progresista, Movimiento Al Socialismo, Copei y Movimiento Ecológico de
Venezuela), y una organización (Esperanza por el Cambio) decidió apoyar a Javier
Bertucci.
A este proceso decidieron no acudir cuatro
organizaciones que previamente habían superado las exigencias de validación del
CNE: Acción Democrática, Independientes por el Progreso, Un
Nuevo Tiempo y Nuvipa. Al no participar el 20 de mayo de
2018, la Asamblea Constituyente decidió que estás organizaciones estaban
ilegalizadas y debían someterse a un nuevo proceso de recolección de firmas
y huellas -el tercero en 12 meses-.
Nuevos partidos
Previo al proceso del 20 de mayo de 2018, el CNE
aprobó preliminarmente a dos organizaciones que hoy son parte activa de
la Mesa
de Diálogo Nacional: Cambiemos (presidida por Timoteo
Zambrano) y Soluciones (presidida por Claudio
Fermín). Adicionalmente se dio el visto bueno a la organización Fuerza
del Cambio (FDC), cuyos directivos se vinculan al ex candidato
presidencial Henrique Capriles Radonski (formalmente Capriles
Radonski no aparece en las actas constitutivas de esta organización).
En total, del proceso de inscripción y relegitimación
de 2018 aparecieron en el ecosistema de partidos:
1. Acción Ciudadana en Positivo (ACEP)
2. Cambiemos Movimiento Ciudadano (CMC)
3. La Fuerza del Cambio (FDC)
4. Independientes por la Comunidad Nacional (IPCN)
5. Lápiz Procomunidad (LAPIZ Procomunidad)
6. Liberal Prociudadanos (LPC)
7. Partido Independiente de Venezuela (PIV)
8. Soluciones Por Venezuela (SPV)
A partir de este proceso perdieron su condición de
partidos políticos reconocidos por el CNE las
organizaciones Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Nuvipa e Independientes
por el Progreso, mientras que en 2019 se volvió a cambiar judicialmente a
la directiva de Copei.
La jugada del chavismo de imponer a los
diputados Luis Parra y José Gregorio Noriega en la directiva
de la Asamblea Nacional, también podría afectar el teórico listado de partidos
políticos que participen en la elección parlamentaria de 2020.
Extraoficialmente se asegura que las
organizaciones Primero Justicia y Voluntad Popular seguirán
una estrategia similar a la empleada en los casos de PPT, Podemos, Bandera Roja
o Copei. El control legal de Primero Justicia pudiese pasar a manos de Luis
Parra, mientras que en Voluntad Popular sería asignado a José
Gregorio Noriega.
Por otra parte, debe destacarse que la Mesa de Diálogo
Nacional está integrada por partidos que aparecieron después del 20 de mayo de
2018, como Cambiemos y Soluciones u organizaciones que lograron superar los
procesos de legitimación de 2017 y nunca dejaron de participar en los eventos
electorales convocados por la Asamblea Nacional Constituyente: MAS, Avanzada
Progresista y Esperanza por el Cambio.
En 2015 la oposición venezolana logró
el mayor triunfo electoral en 20 años. Cuatro años después sólo el partido
dirigido por el ex candidato presidencial Henri Falcón mantiene
su legalidad, mientras el resto de fuerzas políticas que integraban a la Mesa
de la Unidad Democrática están ilegalizadas.
No obstante, han aparecido nuevos partidos que pueden
servir al chavismo en su estrategia para lograr convocar comicios con
condiciones electorales muy favorables para la Revolución Bolivariana.
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