Ali Daniels 22 de septiembre de 2022
@alijdaniels
¿Por qué es necesaria la Misión
Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela? Porque
“lo descrito por la Misión no es parte del pasado, sino que sigue siendo la
realidad del pueblo venezolano, razón suficiente para que la Misión continúe”.
Una madrugada de septiembre de 2020 me despertaba pesadamente después de una noche de trabajo y pocas horas de sueño. El brillo de la pantalla en la oscuridad de mi pequeño estudio inició la jornada de trabajo: otro informe de Naciones Unidas, otro llamado al Gobierno, y otro esfuerzo por valorar el conocimiento de la verdad en un ambiente de tinieblas. Todo ello en medio de un estruendo tanto de los que odian la verdad como de los que, desde tantas desilusiones, ya no creen en informes desde sitios tan bellos como lejanos.
Ya con
el café en la mano, busco correos, enlaces y hago contacto con otros defensores
de derechos humanos, y finalmente me llegan dos documentos: el informe de la
“Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la
República Bolivariana de Venezuela”. Sinceramente, no tenía expectativa alguna,
luego de leer tantos reportes sobre las constantes atrocidades que se cometen
en el país, y que, al ser parte de nuestro presente, generan un discurso
tristemente cotidiano. Por ello nunca dejaré de recordar que más que el café,
la lectura del documento mismo avivó mis sentidos.
Lo
primero fueron las cuatro palabras. Unas que tantos escuchamos, replicamos e
hicimos propias, pero que en el ámbito internacional, en el Sistema
Interamericano o en el sistema de Naciones Unidas no habían tenido un eco
oficial. Esto último es importante, porque lo oficial tiene un peso y una significación
en las organizaciones internacionales que linda con lo dogmático para luego
convertirse en litúrgico. La diferencia entre ser y no ser, en muchos casos,
está en la a veces discreta diferencia entre lo oficial y lo extraoficial. Por
ello, que oficialmente leyese en un documento con el membrete de Naciones
Unidas las palabras: “crímenes de lesa humanidad”, luego de tantos años, de
tantas denuncias, de tanto decirlo, y, sobre todo, después de tanto dolor, hizo
que se me nublase la vista, obligándome a pausar la lectura.
“La lucha por los Derechos Humanos, la
denuncia y la protesta ciudadana quedan expuestas a una sed de justicia de la
que nadie puede ser ajeno”
Leer
siempre ha sido mi pasión, desde la adolescencia los libros han sido mi familia
y mi compañía, con ellos me he reído, me he entristecido y sentido una larga
lista de emociones, pero nunca había llorado, porque de forma cobarde,
utilizaba para evitarlo, el viejo truco del abandono del texto. De ahí entonces
que me encontrase con una emoción inédita, y por lo mismo, fuera de mi control.
Solo pensar que en algún rincón de este país podía haber una madre que viera en
ese documento la realidad de la tragedia que tiene años denunciando con el
mismo término que ella ha aprendido a utilizar de la peor manera, por su propia
vivencia, me decía que ese informe, no eran unos folios ordinarios, ni otro
papel más en el inmenso archivo de Naciones Unidas. Más aún, era la manifestación
que, por algunos instantes, la verdad oficial finalmente podía ser el reflejo
de la más terrible realidad. Una especie de estrella fugaz en el derecho
internacional. Leo también que la violencia del Estado tiene dos caras en
Venezuela, la que se denomina la “represión política selectiva” y la que se
hace en un contexto de control social, la primera contra los considerados
disidentes políticos y la otra contra líderes de las zonas populares. Es decir,
se trata de una violencia de Estado para quien se oponga y como medio de
control social.
Y esto
tiene también su propia trascendencia, porque hace sistemático el horror. Lo
hecho se ejecutó a través de “un ataque generalizado y sistemático”.
Sistematizar es otra palabra clave de la liturgia discursiva de las
organizaciones internacionales, y quizá por ello tan ajena a nuestro caos y
desorden caribeño en el que tan fácilmente nos extraviamos, y por lo mismo no
nos parece aplicable. Pero allí estaba, pues sí lo es, explicado con casos
rigurosamente documentados para poner de manifiesto que la censura, la tortura
y las demás atrocidades tenían un orden y una razón de ser predeterminada y
ejecutada dentro de otra idea dogmática: la política de Estado.
“La legitimidad de las fuentes, y una vez
más, la metodología que permite sistematizar la violencia que muchas veces
apreciamos de forma aislada, son las grandes fortalezas de un documento hecho
de acuerdo con las arduas exigencias del Estatuto de Roma”
Consecuencia
de lo anterior es la lógica conclusión de que al ser sistemáticos y
generalizados los crímenes de lesa humanidad, existe por tanto una
responsabilidad penal de las cadenas de mandos, y en particular, de los niveles
más altos de los organismos de seguridad involucrados. Esto que parece bastante
obvio, tiene gran significado en una sociedad donde la hegemonía comunicacional
oficial pretende presentar, un día sí y otro también, que una sentencia
condenatoria a un soldado raso o a un policía de bajo rango es sinónimo de
justicia. Y sin duda alguna no lo es, pero una cosa es saberlo y tratar de
decirlo en los estrechos límites de nuestra humilde cuenta de Twitter o en los
pocos medios de comunicación locales, que, a pesar de las amenazas permanentes,
se atreven a decirlo, y otra cosa es escucharlo desde un órgano de Naciones
Unidas expuesto a los cuatro puntos cardinales.
Gracias
a un mensaje de un defensor, me entero que la Misión informó de la existencia
de centros de torturas clandestinos, y que uno de ellos, en el oeste de la
ciudad, queda a unos minutos de mi casa. Esto me perturbó más que todo lo
anterior, pues me hizo consciente de que, a pesar de ser defensor de derechos
humanos, de vivir en Venezuela y de estar en contacto diario con la emergencia
permanente que es querer ser un ciudadano en este país, me entero de una de las
peores manifestaciones de la barbarie gracias a unas personas en Ginebra. Me
sentí extranjero en mi país. Solo por eso les estaré siempre agradecido y lo
digo por todas las víctimas a las que les dijeron que sus gritos nadie los
escucharía. No era cierto.
Terminaba
aquel informe instando al Estado venezolano a investigar los crímenes
denunciados y hacer justicia involucrando a los más altos responsables de los
organismos señalados como responsables. El tiempo nos ha mostrado que esa
recomendación no se ha acatado, ni siquiera luego de que tanto como el Fiscal
de la Corte Penal Internacional confirmara lo dicho por la Misión sobre la
comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y la necesidad de una
investigación sobre las cadenas de mando. Pero eso, quisiera recalcarlo, no
quita para nada valor a un documento que tanto nos dijo y nos sigue diciendo.
La verdad de lo dicho por la Misión no sale de un testimonio desgarrador entre
tanto desgarro, sino en la exhaustividad y la rigurosidad. Esa rigurosidad se
muestra en el hecho de que las fuentes, muy a pesar de la verdad oficial del
Estado venezolano, son directas: se trata de las víctimas, de sus familiares o
de sus abogados, e incluso de funcionarios y exfuncionarios, que, desde el
triste privilegio de la vivencia, informaron a la Misión sobre el panorama de
una sociedad coaccionada y violentada. Esta legitimidad de las fuentes, y una
vez más, la metodología que permite sistematizar la violencia que muchas veces
apreciamos de forma aislada, son las grandes fortalezas de un documento hecho
de acuerdo con las arduas exigencias del Estatuto de Roma.
A este
informe siguieron otros, orales y escritos, con la misma contundencia,
profundizando en el análisis y documentación de los crímenes denunciados y
describiendo cómo el poder judicial no se limita, como en otros países
análogos, a ignorar y ser simple espectador complaciente de la represión, sino
que forma parte esencial de esta. En este sentido, la Misión describe cómo los
jueces venezolanos, encargados de impartir justicia, esto es, de proteger a los
ciudadanos contra los abusos del poder, en cambio no juzgan, sino que obedecen,
por lo que no es correcto calificarlos como jueces, sino simplemente como funcionarios
sumisos para los que la independencia y la imparcialidad son simples palabras
exóticas.
Lo
expuesto, junto con el hecho de que lo descrito por la Misión no es parte del
pasado, sino que sigue siendo la realidad del pueblo venezolano, es razón
suficiente para que la Misión continúe. Para mí no es algo político, ni
estratégico, sino de simple coherencia, porque debe seguirse investigando lo
que sigue ocurriendo, hasta que deje de ocurrir. Y no es un juego de palabras,
sino la exigencia que, detrás de la lucha por los Derechos Humanos, la denuncia
y la protesta ciudadana quedan expuestas a una sed de justicia de la que nadie
puede ser ajeno. No hay accidentes en los crímenes de lesa humanidad, todo es
causal y esperado.
Ali
Daniels
@alijdaniels
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