Marta de la Vega 27 de septiembre de 2022
Por
supuesto que todos los días ocurren nuevos hechos para el inventario de la
infamia continuada del gobierno de usurpadores que controlan las estructuras
del Estado, que dominan las instituciones políticas y que mantienen el poder
real y de coacción contra quienes se subleven. Pero no pasa nada. Ni siquiera
el instructivo de la Onapre (Oficina nacional de presupuesto) puede ser
derogado porque el sumiso tribunal supremo de Venezuela lo declaró inexistente,
a pesar de ser implacablemente aplicado para cortar sueldos y beneficios de quienes
son parte de la administración pública o de las instituciones oficiales.
Por
supuesto que, a diario, con testimonios desgarradores, pasan las protestas de
los jubilados y pensionados, de los maestros y profesores; los reclamos
laborales de los sindicalistas y trabajadores de industrias básicas
metalmecánicas y de otras ramas del sector público. Pero no pasa nada.
Sabemos que empleados de Pdvsa y sus filiales van a las oficinas, y no todos los días, para cumplir horarios, pero no hacen absolutamente nada porque no hay nada que hacer. Cobran sus magros salarios, pero a la vez se dedican a otras actividades remuneradas, más allá de sus cargos técnicos o burocráticos. Estado clientelar.
El
Estado no responde a las demandas sociales ni a las necesidades básicas de los
ciudadanos. No se trata de regalar sino de cumplir mínimamente la función de
garantizar dignidad, atención a la salud, servicios públicos básicos,
instalaciones habitables e idóneas de planta física, buen estado de la red vial
del país, adecuada alimentación, empleo formal y seguridad a la población. Nada
de esto sucede porque no hay Estado, solo estructuras criminales que se han
apoderado de las instituciones, sin excepción. Son una camarilla militar y
civil mafiosa, integrada por un grupúsculo de beneficiarios y oportunistas que
ejercen el poder como cleptocracia.
Son
parásitos que, cual sanguijuelas, chupan la sangre y destruyen el alma y los
bienes de la república. Estado ausente o Estado forajido. Con un presidente
ilegítimo cuya captura tiene precio internacional: 15 millones de dólares, al
igual que la de otros cercanos colaboradores. Sigue en el palacio de
Miraflores, sin gobernar, pero mandando, aferrado al poder, decidido a acallar
cualquier disidencia, denuncia, reivindicación, petición o queja, mantenido por
una cúpula militar corrupta y por el crimen organizado transnacional.
La
posición estratégica de Venezuela en el plano geográfico y sus valiosos
recursos naturales la hacen botín de cínicos y depredadores, con alianzas
geopolíticas a favor de los intereses particulares de los más execrables
regímenes antidemocráticos: Rusia, Irán, China, Cuba, Nicaragua y hasta Corea
del Norte, para citar solo los peores.
En
este contexto desolador, ha sido publicado un nuevo informe de la Misión
Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM)
de la ONU, cuyas conclusiones y recomendaciones serán presentadas el lunes 26
de septiembre de 2022 ante el Consejo de los Derechos Humanos de la
Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Su contenido resulta
espeluznante y demoledor.
En
esta oportunidad se dan los nombres de los responsables en la cadena de mando
de perpetradores y autores intelectuales de los crímenes de lesa humanidad y
son descritas las atrocidades cometidas en el llamado «Arco Minero» contra las
poblaciones indígenas y los territorios amazónicos, así como contra defensores
de derechos humanos, Provea, por ejemplo, y su director Javier Tarazona.
Siguiendo
la reseña del portal de internet La Patilla, «La tortura es una de
las características más atroces del régimen de Maduro», según experta en DDHH.
Patricia Tappatá, en entrevista con la Voz de América, precisa que
su mayor preocupación es la persistencia de seis estructuras coordinadas en su
funcionamiento para ejecutar una política de Estado destinada a silenciar toda
voz opositora, cuya existencia fue demostrada desde 2020, con informes
documentados y contundentes. Y la situación no se ha modificado. El
diario TalCual realizó seis documentales que también
ponen de manifiesto, con testimonios apabullantes, el horror, las torturas y el
pánico cotidiano de los perseguidos de Maduro mediante sus organismos de
seguridad.
Es un
deber ético y ciudadano difundir lo más ampliamente posible los informes acerca
de estos delitos que no prescriben, cuya magnitud alcanza el grado de exterminio
y en especial el de la Misión Independiente de la ONU, que ha de servir a la
investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en
Holanda. No es posible dejar que no pase nada y que tanta miseria humana y
política permanezca en la impunidad.
Marta
de la Vega
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