En 2015 se adoptaron en las Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se fijó el año 2030 como referencia para alcanzarlos. Estos ODS fueron ordenados en 17 áreas, desde la eliminación de la pobreza y el hambre, hasta la protección general del planeta.
Para el cumplimiento de los ODS se propuso la generación de múltiples consensos entre los gobiernos de los países, instituciones de investigación, empresas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros sectores. También se consideró que alcanzar los ODS requería que todos los países asumieran procesos de planificación para garantizar las decisiones e inversiones necesarias.
Han pasado siete años desde la adopción de los ODS. Con una pandemia de casi tres años de duración, existen muchos indicios de que el ritmo de evolución en el cumplimiento se ha alterado desfavorablemente en muchos países. Obviamente, esto debería significar un mayor énfasis en los ODS, justamente por el tiempo perdido con los consiguientes efectos en el bienestar de las personas. Entonces, se podría esperar que los nuevos gobernantes electos, por ejemplo, en América Latina, insistieran sistemáticamente en los ODS, y especialmente, en las políticas públicas que se deben implementar para lograrlos.
En la práctica, lamentablemente, el cumplimiento de los ODS es un tópico inexistente en los discursos presidenciales, al menos de los presidentes que han tomado posesión en América Latina en 2022. Los nuevos presidentes de Costa Rica, Chile, y Colombia, han iniciado sus gobiernos entre marzo y agosto del presente año.
En los tres discursos de toma de posesión no existe ninguna mención de los ODS, ni de ninguna de las metas, ni mucho menos se señala el año 2030 como plazo para su cumplimiento.
No existe ninguna referencia a esos compromisos, mucho menos una interpretación de la situación de sus países con respecto al cumplimiento de los ODS. Y esto sucede en tres de los países de la región con mayores capacidades institucionales.
La consecuencia previsible de esta falta de orientación de políticas con respecto a los ODS, es que poco probable que se formulen los respectivos planes de gobierno, se asignen los recursos necesarios, y se realice el seguimiento. Si los máximos líderes de las administraciones públicas nacionales no tienen la visión sobre los ODS, es bastante previsible que estas metas no significarán una prioridad para la institucionalidad de los países.
En este contexto, cabe preguntarse cuál será la evolución de los ODS cuando no existen los procesos de planificación y diseño de políticas, con respaldo de los altos responsables de la gestión publica en los gobiernos nacionales de la región. También es un hecho notorio que el tema no está en la agenda pública de los países.
Se puede imaginar que, en estas condiciones, no existirán progresos sistemáticos para alcanzar los ODS en la región. Dicho de otra manera, la falta de prioridad que asignan los líderes de los gobiernos a los ODS, es un factor que limitará su cumplimiento, con el correspondiente efecto negativo en las condiciones de vida de los latinoamericanos. Es una perspectiva verdaderamente preocupante.
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