UN Human Rights 20 de septiembre de 2022
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Los
organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como
militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la
ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para
reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad,
según un informe de la ONU publicado hoy.
En el
presente informe, la Misión internacional independiente de determinación de los
hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela
(MIIV), detalla las funciones y los aportes de varias personas en diferentes
niveles de las cadenas de mando de estos organismos, e insta a las autoridades
a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia.
"Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley", ha declarado Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.
En
otro informe, la MIIV destaca, además, la situación en el estado de Bolívar, al
sur del país, donde actores estatales y no estatales han cometido una serie de
violaciones y crímenes contra las poblaciones locales, en zonas de extracción
de oro.
La
Misión basó las conclusiones de ambos informes en 246 entrevistas
confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios
de seguridad e inteligencia. Las entrevistas fueron realizadas tanto en persona
como a distancia, mediante conexiones telefónicas o de vídeo seguras. Además,
se analizaron los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con
los incidentes. La Misión visitó áreas cercanas a las fronteras con el país,
debido a que desde su establecimiento en 2019 continúa sin poder acceder al
territorio venezolano.
"Venezuela
sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos. Nuestros informes de
hoy se refieren tan solo a dos aspectos de esta situación. Instamos a la
comunidad internacional a que continúe monitoreando de cerca la evolución de
los acontecimientos en Venezuela y vigile si se están produciendo avances
creíbles para asegurar una justicia imparcial e independiente, que garantice la
rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos", dijo Valiñas.
Represión
de la disidencia a través de los organismos de inteligencia del Estado
En sus
informes anteriores, la Misión había destacado el papel de los dos servicios de
inteligencia militar y civil del Estado - la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBIN), respectivamente - en la comisión de violaciones de los
derechos humanos desde 2014, en el contexto de un ataque contra opositores al
Gobierno, reales o percibidos como tales. La Misión determinó que algunas de
estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad.
El
presente informe ofrece un análisis más detallado del papel que desempeñan
personas en distintos niveles de las cadenas de mando de ambos organismos, en
la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras
autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno, incluso
mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de
crímenes de lesa humanidad.
La
Misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura,
violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados
por agentes del DGCIM. La tortura se llevó a cabo en su sede “Boleíta”, en
Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.
El
SEBIN ha torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos políticos
de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos
humanos- principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas.
La Misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014. El informe detalla
cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel a
funcionarios de menor rango.
Tanto
el SEBIN como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para
torturar y humillar a sus detenidos.
Las
autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables ni
han proporcionado reparaciones a las víctimas, en un contexto en el cual las
reformas anunciadas a partir de 2021 tampoco solucionaron la falta de
independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia. Las
violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy. Se
mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas. Varios de los
funcionarios entre los investigados por la Misión siguen trabajando para estos
organismos y en algunos casos han sido ascendidos. El análisis de la Misión
detalla, en definitiva, cómo esta maquinaria fue puesta en marcha por el
presidente Maduro y otras autoridades de alto nivel como parte de un plan
deliberado del Gobierno para reprimir la crítica y la oposición.
"Los
crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de
inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de
autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. La comunidad
internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de
las víctimas a la justicia y a la reparación", declaró Francisco Cox,
miembro de la misión de la MIIV.
Abusos
y violaciones de los derechos humanos en la región del Arco Minero
Ante
la crisis de la industria petrolera nacional, en 2016, el Gobierno venezolano
estableció el Arco Minero del Orinoco como "Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional" para formalizar y ampliar su control sobre la extracción de oro
y otros recursos estratégicos, principalmente en el estado sureño de Bolívar.
Desde entonces, la zona está fuertemente militarizada, mientras que los grupos
armados criminales siguen operando abiertamente, controlando las minas y las
poblaciones.
El
informe de la MIIV documenta cómo actores estatales y no estatales han cometido
violaciones de derechos humanos contra la población local, en el marco de la
lucha por el control de las zonas mineras. Entre ellos figuran privaciones
arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y
violencia sexual y de género. Las autoridades no sólo no han adoptado medidas
para prevenir o reprimir estos abusos, sino que la Misión ha recibido
información que sugiere una connivencia entre actores estatales y no estatales
en algunas partes del estado de Bolívar.
En el
municipio Gran Sabana, al sur del estado, la Misión ha documentado en
profundidad varios casos en los que las fuerzas del Estado han atacado a las
poblaciones indígenas, cometiendo una serie de violaciones. Entre ellos, los
enfrentamientos que se produjeron en 2019 tras el intento de la oposición de
trasladar ayuda humanitaria a Gran Sabana desde Brasil, cuando las fuerzas
estatales cometieron torturas y privaciones arbitrarias de la vida contra
personas indígenas.
"La
situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente
preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están
atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados
criminales por el control del oro. Nuestro informe pone de manifiesto la
necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona
casi olvidada del país, pero, al mismo tiempo, genera una riqueza lícita e ilícita
procedente de los minerales de cantidades inmensas", declaró Patricia
Tappatá Valdez, miembro de la Misión.
/FIN/
Nota a
los editores
En
septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
estableció la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la
República Bolivariana de Venezuela (MIIV) mediante la resolución 42/25, por un
año, para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde
2014. En octubre de 2020, mediante su resolución 45/20, el Consejo de Derechos
Humanos prorrogó el mandato de la MIIV por dos años más, hasta septiembre de
2022.
En
septiembre de 2020, la Misión presentó su primer informe en el que se
detallaron casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas,
detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes,
incluida la violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales
venezolanos desde 2014. En su segundo informe, presentado en septiembre de
2021, la MIIV centró su investigación en el sistema de justicia y su respuesta
ante las violaciones de los derechos humanos y los delitos documentados por la
Misión.
El
tercer informe de la MIIV se centra en dos temas:
(a)
Crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia
del Estado: estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan
para reprimir la oposición al gobierno, y (b La situación de los derechos
humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar.
Las
resoluciones del Consejo de Derechos Humanos instaron a las autoridades
venezolanas a cooperar plenamente con la Misión, a concederle acceso inmediato,
pleno y sin restricciones al país y a proporcionarle toda la información
necesaria para cumplir su mandato. Transcurridos tres años de su mandato, el
gobierno venezolano aún no ha permitido a los miembros de la MIIV visitar el
país ni ha respondido a ninguna de las diez cartas que la Misión envió entre
septiembre de 2021 y septiembre de 2022.
La
Misión presentará las conclusiones y recomendaciones del informe de 2022 al
Consejo en la sesión de diálogo interactivo fechada 26 de septiembre de 2022.
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