INFOBAE 21 de septiembre de 2022
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El mandatario paraguayo declaró que
apoyará una resolución que “permitirá seguir investigando a profundidad la
violación de derechos humanos en Venezuela”
En su
discurso en la Asamblea General de la ONU, el mandatario paraguayo Mario Abdo
Benítez informó este martes que Paraguay liderará una petición en el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que se apruebe una
investigación sobre los atrocidades del régimen de Nicolás Maduro contra la
oposición en Venezuela.
“Hemos apoyado siempre al hermano pueblo venezolano y a su lucha por la democracia, por eso Paraguay estará liderando en el Consejo de Derechos Humanos, junto con otros países, una resolución que permitirá seguir investigando a profundidad la violación de derechos humanos en Venezuela”, declaró Abdo Benítez, y comentó que “no se puede correr la vista a otro lado” cuando hay injusticias en la región.
El
presidente de Paraguay viajó el domingo a Nueva York para participar en la
“última presentación ante la ONU” de su mandato, que
concluye en agosto de 2023. En declaraciones a periodistas, Abdo
Benítez había anticipado el viernes que su discurso abordaría temas
“que le interesan al mundo”, entre los que mencionó el proceso de recuperación
económica pospandemia y la lucha frontal contra el crimen organizado y contra
el terrorismo.
En su
intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas este martes, Abdo
Benítez señaló que Paraguay mantiene el compromiso con “la libertad
fundamental, la resolución pacífica de los conflictos, la vida digna y la lucha
inflexible contra el crimen organizado”. Y destacó la cooperación de las
agencias de seguridad internacionales en esta campaña contra el terrorismo,
poniendo como ejemplo la respuesta regional sobre los traslados del avión
iraní-venezolano que se encuentra retenido en Argentina investigado por
vínculos terroristas.
Informe
de la ONU
Por
otra parte, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la
ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFMV, por sus siglas en
inglés) publicó este martes su tercer informe anual en el que denuncia
los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de
inteligencia que responden al dictador Nicolás Maduro.
Este
informe detalla, entre otras cosas, el funcionamiento de la cadena de mando y
el modus operandi de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Según el militar y ex jefe
del SEBIN Cristopher Figuera, Maduro decide quiénes serán torturados,
quiénes permanecerán detenidos y quiénes serán liberados.
El
documento también menciona a Iván Rafael Hernández Dala, quien se
desempeña como Director General de la DGCIM desde 2014. Testigos que hablaron
con la Misión afirmaron que desde que Hernández Dala dirige la DGCIM
progresivamente ha reportado más de forma directa a Maduro que al Ministerio de
Defensa. Hernández Dala ha sido objeto de varias sanciones
internacionales por violaciones de los derechos humanos.
En la
dirección del despacho Hernández Dala aparece el Teniente Coronel (GNB) Alexander
Enrique Granko Arteaga, quien dirige su propio grupo en la Dirección de
Asuntos Especiales (DAE). Es considerado como uno de los funcionarios
que actúa con mayor crueldad en las violaciones de derechos humanos. Fuentes
de la Misión dijeron que Granko Arteaga también depende directamente de Maduro.
De
acuerdo al informe, los detenidos eran llevados a la sede del SEBIN en Plaza
Venezuela o a El Helicoide, un antiguo centro comercial en Caracas. Una de las
prácticas habituales del SEBIN era mantener al detenido incomunicado
durante horas, días o semanas. En algunos casos, se trataba de
desapariciones forzadas de corta duración. Su paradero permanecía desconocido
entre un día y 12 semanas. Un ex agente del SEBIN declaró a la Misión que el
servicio también tenía casas seguras o clandestinas en todos los
estados de Venezuela, generalmente en zonas remotas, que eran utilizadas
como centros de detención clandestinos. El informe precisa que las casas son
confiscadas por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) o por el propio SEBIN para
luego convertirlas en escondites o lugares de tortura.
Los
agentes del SEBIN interrogaban a los detenidos sin abogados y
no les permitían el contacto con ellos. Les preguntaban sobre sus conexiones
con políticos opositores, su participación en protestas políticas, su recepción
de financiación internacional o su participación en supuestas conspiraciones u
otros delitos contra el régimen. También eran obligados a filmar
declaraciones bajo coacción o tortura. Algunos denunciaron que fueron
torturados para que revelaran las contraseñas de sus redes sociales y cuentas
de correo electrónico.
Las
víctimas dijeron haber sido obligadas bajo coacción a filmar
declaraciones en las que se incriminaban en actos que no habían cometido,
muchas de las cuales se hicieron públicas. Una detenida detalló que le
exigieron grabara una declaración varias veces porque, según el agente que la
filmaba, al “jefe no le gustaba”.
“Nuestras
investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los
servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país.
Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos,
incluidos actos de tortura y violencia sexual”, señaló Martha Valiñas,
presidenta de la Misión de la ONU, quien, además, instó a las autoridades
chavistas a investigar estos casos.
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