Trino Márquez 24 de noviembre de 2022
@trinomarquezc
Nicolás Maduro se convirtió en uno de los promotores y facilitadores fundamentales del diálogo entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Como parte de ese esfuerzo, prestó La Casona, habitación oficial del presidente de la República, para que se produjeran los primeros encuentros entre los guerrilleros que se negaron a participar en los Acuerdos de Paz promovidos por el expresidente Juan Manuel Santos y algunos grupos irregulares colombianos, el más importante de los cuales eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC). Esa labor de facilitación ha contado con el apoyo del Gobierno cubano y el reconocimiento de varios países que apoyan el esfuerzo de Petro por lograr la paz total en la vecina nación. Hasta aquí todo está muy bien.
El
problema surge cuando se examina el contraste entre la actitud de Maduro con
Petro y los insurgentes colombianos, por una parte, y, del otro lado, su
comportamiento con los sectores democráticos venezolanos e
internacionales que piden un diálogo sincero del Gobierno con la oposición con
el fin de restablecer la normalidad democrática, fracturada hace más de dos
décadas, especialmente a partir de 2018, cuando Maduro y Diosdado Cabello se
coaligaron para convocar unas elecciones presidenciales ilegitimas que
empotraron a Maduro en Miraflores. El mandatario nacional se siente muy cómodo
y complacido de operar como un puente entre los irregulares y el Gobierno del
vecino país, pero se niega a volver a la mesa de diálogo con las fuerzas
democráticas venezolanas.
Esta
aparente incongruencia se explica porque respaldar a Gustavo Petro en su
política de inclusión y paz en nada compromete la permanencia de Maduro como
gobernante. Al contrario, le otorga una cierta aureola de estadista y
conciliador. En cambio, sentarse con la Plataforma Unitaria y otros grupos
opositores lo compromete a abordar los espinosos temas relacionados con la
convocatoria de elecciones transparentes y equilibradas bajo la supervisión
internacional, tales como las que se han realizado durante los años recientes
en Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Colombia, para solo citar a nuestros vecinos
suramericanos. En todos esos comicios, por cierto, han triunfado las opciones
de izquierda. Salvo el descocado de Jair Bolsonaro, a ninguno de los perdedores
se le ha ocurrido hablar de fraude y desconocer la victoria del contrincante.
Durante
los meses recientes, por fortuna, algunos gobiernos y organismos
internacionales han renovado la campaña para intentar sentar a Nicolás Maduro
alrededor de la mesa de negociaciones. Esta iniciativa ha sido impulsada por
Emmanuel Macron, Gustavo Petro, Alberto Fernández, Gabriel Boric, Pedro Sánchez
y la Unión Europea, a través de su Parlamento. Todos convergen en la necesidad
e importancia de que Venezuela retorne al modelo democrático, cuyo epicentro se
encuentra en la realización de comicios libres y en el acatamiento de la
voluntad popular expresada a través del voto.
El
respaldo de Maduro a los eventuales acuerdos de paz entre Petro y el ELN puede
servir para presionarlo a que acepte medirse en 2024 en unos comicios con
supervisión de organismos internacionales.
El ELN
es un grupo guerrillero autodefinido como marxista leninista. Ha sido
calificado por el Gobierno colombiano y otras instancias internacionales de
terrorista, insurgente, narcotraficante y depredador del ambiente, entre
otros azotes que llenan su largo prontuario. Los acuerdos con esos sujetos por
parte del Gobierno de Colombia tendrán que incluir una ley de amnistía que
atenúe los numerosos crímenes y delitos que han cometido. Deberán, también,
definir algunos canales que les permitan incorporarse a la vida institucional,
tal como sucedió con el sector de las FARC que se acogió a los acuerdos de
paz.
Maduro
debe saber que Gustavo Petro tendrá que ceder en aspectos difíciles de aceptar
en un Estado democrático constitucional en el cual prevalece el Estado de
derecho. Tendrá que lidiar con la amplia franja de la sociedad colombiana que
ha sido agredida por el ELN y que muestra enormes reservas acerca de la
justicia transicional y la amnistía con delincuentes que le han causado grandes
daños a la sociedad. Sin embargo, esos son los retos inevitables que deberá
enfrentar si pretende acabar con la carga explosiva que porta ese grupo tan
peligroso, que, además, vive entre Colombia y Venezuela, donde se mueve con
entera libertad.
Para
Maduro, la tarea resulta mucho más sencilla. Con quienes debe conversar y
llegar a pactos no son violadores de los derechos humanos, ni terroristas, ni
guerrilleros, ni nada por el estilo. Son dirigentes que aspiran a recuperar la
democracia, promover la alternancia pacífica en el poder, someterse a la
voluntad soberana de los ciudadanos y concurrir a unas votaciones sin presos
políticos, ni inhabilitados, ni líderes sociales detenidos injustamente, como
Javier Tarazona, promotor de Fundaredes, organización encargada de
defender a los ciudadano de los desmanes del Estado venezolano en la zona
fronteriza y de guerrilleros como los del ELN.
Si
Maduro quiere mostrase como pacifista ante el mundo, no puede fomentar el
diálogo con los terroristas y sacar el hacha frente a los demócratas.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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