Rafael Veloz García 01 de abril de 2023
@Rafaelvelozg
Debo
confesar que no me sorprendí cuando Transparencia Internacional informó el 31
de enero de este año que Venezuela se mantenía como el país más corrupto de
América, lo cual además ubicaba a nuestra nación como la cuarta más corrupta
del mundo entre 180 países. Y no me sorprendí porque Venezuela desde 2017 ha
sufrido un imparable descenso en el índice de percepción de la corrupción, por
lo que el desfalco a Pdvsa que ha sacudido a la opinión pública nacional e
internacional en fechas recientes, solo representa un eslabón más de una larga
cadena de corruptela.
Cabe señalar que Transparencia Internacional solo considera la percepción de corrupción en la economía, la política y la administración. La valoración de cada país se basa en encuestas realizadas a expertos y gerentes. La organización en sus informes ha explicado que mide la percepción sobre los niveles de corrupción en el sector público en una escala de 0 (alto nivel de corrupción percibida) a 100 (bajo nivel).
Para
darnos una idea de cómo los tentáculos de la metástasis han ganado espacio en
nuestro país, hay que apuntar que según Transparencia Internacional en el
extremo de la escala, es decir, de los países más corruptos, se situaron
Venezuela (14 puntos), Haití (17) y Nicaragua (19). Y a nivel global Venezuela
solo supera a Somalia (12 puntos), que es el más corrupto del mundo, Siria (13)
y Sudán del Sur (13). En cambio, los países de América menos corruptos en 2022
fueron Canadá (74), Uruguay (74) y Estados Unidos (69). Mientras en el planeta
Dinamarca obtuvo la mejor puntuación (90), seguida de Finlandia (87) y Nueva
Zelanda (87).
Como
van las cosas, tampoco me extrañará en enero del año próximo que Venezuela
ocupe el primer puesto mundial de corrupción, entre los 180 países que evalúa
Transparencia Internacional.
Expertos
de este organismo y otras personalidades vinculadas al tema han hecho
consideraciones importantes de destacar para entender mejor las consecuencias
que genera la corrupción en una nación.
En
enero la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio,
indicó que “los gobiernos frágiles fallan en su labor de frenar las redes
criminales, el conflicto social y la violencia y algunos exacerban las amenazas
para los derechos humanos al concentrar el poder con el pretexto de responder a
la inseguridad”. Esta apreciación encaja a la perfección con lo que ha sido y
es el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Por su
parte, Patricia Moreira, Directora Gerente de Amnistía Internacional, considera
que “para acabar con la corrupción y mejorar la calidad de vida de las
personas, debemos atacar la relación entre la política y las finanzas”.
Transparencia Internacional señala que la caída de Venezuela, donde existe un
“quiebre democrático”, conlleva a un Estado fallido, de lo cual hemos hablado
desde hace más de dos años y realizado estudios de investigación e informes.
No
podemos dejar de lado lo que explicó en su momento Marwa Fatafta, experta de
Transparencia Internacional para Medio Oriente y el norte de África. Ella dijo
al medio DW en el año 2020 que “existe una clara conexión entre corrupción e
inestabilidad” y de allí que los países que cierran el listado están sometidos
a espirales de violencia, guerra y agitación social. En este sentido,
Transparencia Internacional recomienda reforzar los controles entre los poderes
del Estado, blindar los procesos electorales, limitar la influencia de la
economía en la política, evitar las “puertas giratorias” y fomentar la
participación ciudadana.
El
reciente escándalo de corrupción en la estatal petrolera Pdvsa, se resume
fácil. Se trata de grupo de bandidos de la élite política de Maduro, cuyos
integrantes forman parte del entorno del renunciante ministro de Petróleo,
Tarek El Aissami, quienes desfalcaron a Pdvsa por más de 23 mil millones de
dólares. Pero eso no sería nada si lo comparamos con más de 500 mil millones de
dólares que el régimen habría saqueado al erario público nacional en 23 años,
como han estimado organizaciones nacionales e internacionales.
Las
denuncias de casos de corrupción en Pdvsa tienen años, pero esta última es la
que ha tenido mayor notoriedad, porque como ha dicho Juan Guaidó, ellos mismos
confesaron el delito, aunque ahora quieren hacer creer a la opinión pública que
son paladines en la lucha contra la corrupción. Lo cierto es que Maduro y El
Aisami son los pincipales responsables de estos hechos de corrupción política y
administrativa y lo que se pretende es lavarles la cara ante el pueblo.
Esto,
sin embargo, va más allá. Hay que resaltar lo expuesto por el Responsable
Nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, ante el senado de los Estados
Unidos. Allí manifestó que “la crisis en Venezuela no es consecuencia de las
sanciones. En 2019, antes de la imposición de las sanciones, la economía en
Venezuela había colapsado en un 60% y más de 4 millones de venezolanos habían
salido del país para ese entonces. Así que no fue por las sanciones fue por el
manejo y la corrupción”. Y agregó que “creemos que las sanciones no pueden solo
enfocarse en oficiales del gobierno, porque su estructura es sólo una fachada
de la política económica real de la verdadera estructura del poder. Así que
cuando hablamos de sanciones hay que dirigirlas a los facilitadores, los
individuos, las compañías que están detrás de esta red de cleptocracia y
corrupción que está dando apoyo a los dictadores”. Leopoldo se pronunció por la
necesidad de “un pensamiento multilateral en como aplicar las sanciones, porque
Maduro está vinculado a la Lukashensko, a Putin, a los mulás de Irán, así que
hay una red de cleptocracia”.
Esto
deben conocerlo los ciudadanos del país, porque es hora de que todos entiendan
que hay que impedir que la metástasis de la corrupción termine de acabar con Venezuela.
La cura comenzará a través de la elección primaria de la oposición del 22 de
octubre, la que nos llevará a la presidencial 2024, donde sanará nuestra nación
con el cambio político.
Rafael
Veloz García
@Rafaelvelozg
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