POR POLITIKAUCAB EN ENERO 18, 2024
Un tema que vuelve a ocupar hoy la atención de un importante sector de la sociedad civil venezolana y de muchas organizaciones internacionales, es la propuesta de Ley de Cooperación Internacional, o “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG’s y Afines” aprobada recientemente en primera discusión, con bombos y platillos, por la Asamblea Nacional (AN).
El principal vocero del partido de gobierno clama por aplicarla prontamente, luego de que anunciara las primeras ONG que serán ilegalizadas, de una lista de 62 que ya elaboraron; dijo además, en su lenguaje procaz característico: …están chorreados … con la Ley de las ONG, se les va a acabar la mantequilla”.
Esta Ley pretende limitar y controlar el financiamiento nacional e internacional a prácticamente todas las organizaciones de la sociedad civil como las ONG, las fundaciones, las ssociaciones civiles sin fines de lucro y hasta a las mismas universidades y otras organizaciones autónomas, incluyendo los clubes sociales y deportivos.
La Ley se aplicará a todas las actuaciones y actividades que se realicen en el marco de la cooperación internacional o que se relacionen con esta, e impliquen entre otros aspectos, la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, capitales y recursos públicos o privados, desde el exterior hacia el país. También limita las fuentes de financiamiento nacional.
Tras más de 15 años pendiendo como una espada de Damocles sobre las cabezas de estas organizaciones parece ser, ahora sí, una amenaza de control más real que nunca para la sociedad civil venezolana, debido a la larga lista de obligaciones, incompatibilidades y controles que establece, además de la alta discrecionalidad en las decisiones.
De este modo, el gobierno desempolva el tema en medio de una tremenda crisis social y arrecia su arremetida contra la sociedad civil que hasta ahora había incluido allanamientos y detenciones de activistas sociales, así como la orden de vigilar las operaciones financieras realizadas por las ONG, especialmente las asociadas a partidos políticos, las de defensores de derechos humanos y las ambientalistas.
No hay que olvidar que aún tratamos de digerir la decisión de ordenarles a todas las agrupaciones caritativas, humanitarias y de asistencia en derechos humanos que entreguen, entre otras, información sobre sus financistas y beneficiarios a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.
También le servirá de herramienta para inmiscuirse en la administración de los recursos que obtienen desde el exterior, a través de la creación de un Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional como órgano desconcentrado, es decir, autónomo.
Quizás no resulte coincidencia que en 2015 Rusia haya aprobado una normativa similar que permite al gobierno declarar «indeseables» a las ONG extranjeras, ni que existan otras parecidas en Nicaragua, Cuba, Irán, China y algunos otros países con gobiernos autoritarios de izquierda.
Solo las inscritas en el Registro que se creará, y de ellas las que el gobierno acepte, serían reconocidas como legales y, en consecuencia, podrían recibir los aportes financieros en los términos que autorice el Ejecutivo nacional.
Pero también, el gobierno se otorga el derecho de auditar sin previo aviso, manejar por cuenta propia los aportes financieros que reciban las ONG y hasta la prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva de una organización y definir si una actuación es ilícita, de acuerdo a sus propios criterios.
La propuesta remite a un reglamento que establecerá los requisitos que deben cumplir y los documentos que deben consignar las organizaciones civiles (nacionales y extranjeras), lo cual no genera ninguna seguridad ni certeza jurídica, dado que confiere al Ejecutivo la potestad discrecional de establecer su reconocimiento.
Esto, de hecho, representa una grave violación del derecho a la libertad de asociación, contemplada en el artículo 52 de la Constitución que define el tema. También vulnera normas internacionales, pues la libertad de asociación es un derecho reconocido en tratados internacionales que está consagrado en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Todo lo anterior nos muestra que al gobierno le interesa poco promover la libertad de asociación, pese a que reconoce su constitucionalidad. Su política es la de dictar medidas cada vez más restrictivas que impidan el ejercicio de esa libertad, una pieza clave en un Estado social de derecho y justicia.
Esto además afectará los programas de investigación científica en ciencias sociales y naturales, proyectos de desarrollo social y actividades humanitarias que llevan a cabo, además de que apagará la única voz que denuncia la violación de los derechos en el país: las ONG, con el apoyo de la comunidad internacional.
Con esta acción, estamos entonces, ante una Ley que decreta la guerra a muerte contra las organizaciones de la sociedad civil que dependen de los aportes y donaciones; pero, más allá, estamos ante el fin de lo que queda de la sociedad civil en Venezuela.
Parafraseando a Simón Bolívar en su Decreto de Guerra a Muerte contra españoles y canarios, el gobierno de Maduro nos dice ahora: “Organizaciones de la Sociedad Civil, contad con la muerte, aun siendo inocentes”.
Tomado de:
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