Nota de Prensa 22 de enero de 2024
Las
organizaciones abajo firmantes expresamos profunda preocupación por los
esfuerzos continuos del gobierno venezolano para reanudar y avanzar en la
aprobación del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y
Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Este
proyecto fue presentado e inicialmente aprobado por el partido gobernante en la
Asamblea Nacional el 24 de enero de 2023. El texto del proyecto contradice
normas y estándares internacionales de derechos humanos y representa una grave
amenaza para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
El 9 de enero de 2024 se reanudaron los esfuerzos para aprobar esta ley, con el anuncio por parte del presidente de la Asamblea Nacional de llevar a cabo una consulta pública sobre el contenido del proyecto de ley, con el objetivo de facilitar una segunda discusión que conduzca a su aprobación final.
En
caso de ser promulgada, esta ley tendría el efecto de obstaculizar la libertad
de asociación y el accionar libre e independiente de las
organizaciones de la sociedad civil, al obligarlas a buscar autorización del
gobierno para su funcionamiento y revelar cualquier financiamiento extranjero.
El lenguaje vago y ambiguo en el borrador actual del proyecto de ley genera
alertas frente a una persecución intensificada contra personas defensoras de
derechos humanos, con posibles multas, cancelaciones de registro e incluso
cargos criminales. El énfasis explícito de la ley en el financiamiento
extranjero y la designación de las ONG como “agentes extranjeros” agrava aún
más sus preocupantes características.
Este
no es el primer esfuerzo por parte del Estado de adelantar esfuerzos legales o
administrativos para limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad
civil. Así, independientemente de la aprobación final de esta ley, la sola
existencia de este tipo de propuestas legislativas representa una amenaza,
tiene un efecto intimidatorio sobre la sociedad civil y constituye una forma de
control, todo lo cual va en contra de la obligación estatal de asegurar un
entorno propicio para la defensa de los derechos y los valores democráticos.
A
medida que Venezuela avanza en un año crucial para la investigación en la Corte
Penal Internacional, las limitaciones impuestas a las ONG pueden dificultar su
capacidad para recopilar información esencial para la investigación en curso y,
en última instancia, dificultar la búsqueda de justicia por crímenes de lesa
humanidad. Además, conforme el país se acerca a las elecciones presidenciales
de este año, así como a las elecciones legislativas y regionales en 2025, la
temporalidad de este proyecto de ley suscita preocupaciones sobre posibles
aumentos en la represión gubernamental, situaciones que son tradicionalmente
monitoreadas por las organizaciones de la sociedad civil.
Llamamos
a la comunidad internacional a condenar tanto el proyecto de ley propuesto como
los esfuerzos continuos del gobierno venezolano para hostigar a las
organizaciones de la sociedad civil en el país. Les instamos a solidarizarse
con las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela que enfrentan una
criminalización y persecución constantes. Finalmente, instamos al gobierno
venezolano a cesar cualquier forma de hostigamiento contra las organizaciones
de la sociedad civil y a cumplir con sus obligaciones internacionales de
derechos humanos para garantizar un entorno propicio para las personas
defensoras de derechos humanos.
Organizaciones:
Robert
F. Kennedy Human Rights
Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Human
Rights Watch
Oficina
de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA)
Organización
Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la
Protección de los Defensores de Derechos Humanos
Federación
Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio
para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
Fundación
para el Debido Proceso (DPLF)
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