Oscar Calderón: “La migración pone un peso muy grande sobre los jóvenes” / Hugo Prieto @prodavinci

 

La destrucción de estilos de vida, la falta de servicios elementales, seguridad, salud y educación; el avance incontenible del autoritarismo y las persecuciones políticas, han creado el caldo de cultivo que convierten a América Latina en otro foco migratorio del mundo. La condición de base que dispara esta patología social es la desigualdad y la violencia generalizada, naturalizada, extrañamente adherida a la piel.

Ha sido el arte, a través de la fotografía, los ensayos, las coberturas periodísticas y la literatura, el que ha documentado una realidad espeluznante y cruel. Son testimonios y memorias, los que han puesto el dedo en la llaga.

Oscar Calderón*, un hombre de frontera, imbuido en las corrientes migratorias desde hace 20 años, nos habla de una realidad apenas visible. Instrumentalizada políticamente para tirarle piedras al vecino y para exacerbar rivalidades. Nos divertimos con poco, pero bajo el paraguas mediático, son millones de seres humanos los que han perdido todo, incluso su identidad. El limbo existe y vive en las fronteras.

¿Cómo calificaría el fenómeno migratorio que en Venezuela ya marca buena parte del siglo XXI?

Nosotros nos dedicamos a analizar los países de la región, no sólo el caso de Venezuela. Eso nos permite ver una foto de lo que está pasando desde la frontera norte de México con Estados Unidos hasta Chile y Argentina. Lo que estamos viendo es un cambio en el perfil de las personas que están saliendo de sus países. Cada vez más son grupos familiares completos, cada vez más es gente joven que, digamos, van en distintas direcciones. Colombia ha sido un destino importante, en los últimos diez años, para la migración venezolana. Desde 2014, empezamos a registrar venezolanos que venían con un perfil de persecución: periodistas, defensores de Derechos Humanos, profesores universitarios, activistas (políticos y sociales). Eso ha ido cambiando, en este momento tenemos una mezcla bastante variada: gente que sale por condiciones de vida, fundamentalmente, y casos de personas perseguidas, que sienten temor a la persecución penal por razones legítimas.

¿Han hecho una valoración del fenómeno migratorio? ¿De las personas que se van por razones económicas? ¿De aquellos que se van por razones políticas?

Todo depende del marco teórico, o del marco legal, con el cual quieras revisar la migración venezolana. Lo que vemos, en ese sentido, es un número importante de personas, y una gran diversidad de perfiles, que están huyendo buscando protección. Nuestro trabajo se apoya en la Declaración de Cartagena, que ofrece una mirada más amplia y compromete a todos los países de América latina, especialmente a aquellos que la han incorporado a su aparato legal (más allá de si se aplica o no). Entonces, eso tiene que ver con gente que huye por casos de violencia directa (muchos han sido documentados), pero también por violencia generalizada, por violación masiva a los Derechos Humanos o graves perturbaciones al orden público. Nos guiamos, también, por los lineamientos de ACNUR (2017), año en que se disparó el fenómeno migratorio venezolano. Lo que hemos hecho es interpretar esta situación y hacer un llamado a los países para que apliquen el sistema de refugio a personas migrantes. 18 estados latinoamericanos incorporaron a su legislación la Declaración de Cartagena. Venezuela no lo hizo nunca y, por tanto, nunca la aplicó. Sin embargo, eso no la exime de su corresponsabilidad. Este año se celebra el 40 aniversario de ese instrumento. A finales de año, haremos una revisión en Santiago de Chile. Así mismo, vamos a elaborar un plan de trabajo para la próxima década.

¿Qué podemos decir de la migración venezolana, si la vemos bajo los parámetros establecidos en la Declaración de Cartagena?

Que en ella se han materializado los criterios que mencioné anteriormente. La gente emigra por alguna o varias de esas causales (persecución directa, violencia generalizada, violación grave de los Derechos Humanos), lo vemos en el acceso a los alimentos, en la crisis de la educación, en la ausencia de servicios públicos esenciales. Es bajo ese criterio que el servicio jesuita ha venido interpretando la situación venezolana. Es un criterio indistinto si la persona se considera refugiada o no. Algunos dicen. Yo no soy refugiado, pero cuando los escuchas, entiendes que corresponden, por ejemplo, a situaciones de violencia generalizada. Esta es la definición teórica y legal, pero cuando vamos a los sistemas de asilo o de refugio (de los países latinoamericanos), nos encontramos que algunos son muy restringidos. Entonces, las personas prefieren no acceder a ellos, para garantizar una cierta situación de estabilidad. En Colombia, por ejemplo, las personas que piden refugio no pueden trabajar. Entonces, la gente no se acoge a la condición de refugiados, prefieren otras alternativas (incluidas en el proceso migratorio) para acceder a documentación de identidad establecerse en el país.

Si se debatiera el problema migratorio, de acuerdo a lo que establece la Declaración de Cartagena, y a los lineamientos que usted ha planteado, la discusión de este tema seria distinta, de otro tenor. Pero esa alternativa se mantiene prácticamente invisibilizada.

Los refugiados, casi siempre, han sido instrumentalizados políticamente. Mientras hay gobiernos que están enemistados con el régimen de Venezuela, se tiran piedras sobre los refugiados. Lo vemos en América Latina y en todo el mundo. Eso es algo que, infortunadamente, está al fondo de la discusión política. Eso no deja ver los alcances del sistema de protección de América Latina (mucho más garantista que los que hay en el resto del mundo). Otra cosa son las políticas administrativas de los estados, que no se corresponden con lo establecido en la Declaración de Cartagena. Brasil es quizás el país que mejor la ha aplicado, con relación a la migración venezolana, lo que les ha permitido a muchos reasentarse en el país. Colombia, por ejemplo, decidió un sistema de regularización migratoria -con varios procesos administrativos- que, a nuestro modo de ver, desaconseja la solicitud de refugio. Más allá de estas políticas, lo que nos interesa al final es que haya un sistema de protección de derechos: Que los niños puedan ir a la escuela, que la gente pueda acceder a los sistemas de salud. Entonces, sí hay un debate político, en buena medida, instrumentalizado, unos sistemas de protección y unos aparatos legales, pero también unos vacíos administrativos alrededor de cómo y de qué forma se aplica la Declaración de Cartagena.

Usted mencionó que hay una gran variedad de perfiles y unas realidades distintas. Son elementos distintivos, novedosos. ¿A qué se enfrenta la región?

No hay sistemas legales, ni acuerdos entre los estados, para atender los flujos en tránsito. Todo el sistema está pensando para cuando una persona llega a una ciudad como Bogotá o Lima o Santiago de Chile, donde empieza un trámite, se establece ahí y se queda para siempre. Pero lo que estamos viendo es una dinámica circular. Por ejemplo, venezolanos que, luego de diez años de estar en Chile, se encuentran con situaciones que complejizan su integración. Entonces, se mueven a Perú, pero nuevamente es transitorio, porque quieren irse al Darién (en ruta a Estados Unidos). O los flujos pendulares, que los vemos mucho en las fronteras, la gente va y viene, hacen sus diligencias, trabaja aquí y duerme allá. Esos flujos no están regulados en ninguna parte.

Las necesidades y las dinámicas migratorias van mucho más rápido que las legislaciones. ¿A qué atribuye esa falta de coordinación?

Creo que prevaleció una idea equivocada. Digamos: Si hay un cambio político en Venezuela, la gente va a regresar automáticamente. Pero esta es una idea sacada un poco de los libros, porque cuando escuchas a la gente, te dicen que no van a volver, a menos de que haya garantías de seguridad y acceso a servicios básicos: salud, educación. Y sabemos (así como lo sabe la gente) que eso no va a suceder de un día para otro. Eso requiere de un proceso largo, transitado, que como sociedad pueda llevar a una transformación, por ejemplo. Nosotros esperamos que, al cumplirse el 40 aniversario de la Declaración de Cartagena, haya un plan de trabajo, que articule los esfuerzos de los Estados de la región, porque hay nuevos desafíos, nuevas complejidades. Así mismo, yo siento o percibo, que ya hay una fatiga frente a la inmigración venezolana, que sigue siendo la más alta, con muchas necesidades, pero los Estados y la misma cooperación internacional, ya tienen la mirada puesta en una situación más amplia de miras (el desplazamiento de colombianos a territorio ecuatoriano, debido a nuevas variantes del conflicto interno; de centroamericanos a México, en ruta a Estados Unidos, de haitianos a varios países del continente) y en la necesidad de una mayor articulación regional, que en la actualidad no existe.

Lo del cansancio es más que entendible, pareciera que hay una pregunta en el aire: ¿Hasta cuándo la región va a servir de aliviadero a los problemas sociales y económicos que los propios venezolanos no han podido resolver?

Es cierto que en esto 10 años, hemos tenido la mirada puesta en el flujo venezolano de migración y de refugiados que salen del país, pero tal vez hemos perdido la pista de lo que es el desplazamiento forzado interno que hay en Venezuela, que es real, que existe, pero que el gobierno venezolano lo niega, no lo reconoce. En las entrevistas que hemos hecho en Colombia, en Ecuador, incluso en México, vemos que la gente ha intentado rehacer sus vidas desplazándose entre distintas ciudades o regiones venezolanas, pero no han conseguido rehacer sus vidas. O lo que hemos visto en la zona fronteriza, barrios enteros de gente que ha llegado para tratar de subsistir o rebuscarse algo en Colombia y regresar a sus casas. Eso está pasando, en Táchira, en Apure. Hay dificultades para que las organizaciones de la sociedad civil puedan documentar el desplazamiento interno que, insisto, hay en Venezuela. Ese hecho genera dolor, sufrimiento en las personas, que tienen necesidad de rehacer sus proyectos de vida en condiciones precarias.

América Latina se ha vuelto un continente, cada vez más, autoritario. La democracia se convirtió en una referencia académica. Las políticas que se piensan y se aplican son todas de índole autoritario. ¿Qué impacto tiene ese hecho en el tema migratorio?

La situación de la región, en ese sentido, es preocupante. Hay un deterioro de la democracia en términos generales, lo que viene a poner una carga muy pesada sobre la gente más joven, entre otras cosas, porque las generaciones más recientes tienen grandes dificultades para pensar sus proyectos de vida bajo regímenes autoritarios, bajo realidades sociales en donde hay una violencia sistémica armada. En todo esto influyen diferentes factores. Voy a mencionar quizás el más importante. En varios países de la región, las democracias ya no ejercen el control total en sus territorios.

Esa crítica que siempre se le hizo a Colombia, debido al conflicto interno. En Venezuela vemos una situación similar, que quizás obedece a otras razones.  

Es una situación muy preocupante. Lo vemos cuando los jóvenes se están yendo. Claro, intentamos trabajar en el derecho a no migrar. Que los Estados puedan dar derechos y garantías. Pero eso está muy lejos de la realidad de las personas y estos jóvenes que pudieran transformar las sociedades donde viven ya no los tenemos. En Venezuela es evidente, en Colombia es evidente. O lo que está pasando en México. El dato que tenemos es que el 80 por ciento de las personas que están en los albergues, esperando cruzar la frontera con Estados Unidos, son mexicanos. Gente joven, que no tiene oportunidades de trabajo, agobiada por la violencia, que el narco tiene acorralada, que no ve un futuro posible.

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*Abogado. Maestría en Gobierno Territorial. Director del Servicio Jesuita para Refugiados en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe. Trabajador humanitario, con más de 20 años de experiencia en atención de Desplazamientos Forzosos Internos, Refugio y Migración transfronteriza.

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