Juan José Ojeda Díaz 27 de noviembre de 2019
@juanjoseojeda
Representantes
de la Mesa Social de Caracas acudieron ante la sede de la Defensoría del pueblo
a fin de solicitar que esa instancia defienda los derechos de los venezolanos
frente a la realización del Censo de viviendas por parte del gobierno de
Nicolás Maduro. “Vinimos a presentar una queja y a solicitar justicia porque consideramos
que en ese censo se violan normas internacionales, nacionales,
constitucionales, institucionales y se hace fuera de toda ética política”.
Benito
Urrea, coordinador general de la Mesa Social de Caracas explicó que el acto de
empadronamiento que lleva adelante el Ministerio del Poder Popular de
Planificación es un “proyecto político dirigido a localizar viviendas que están
desocupadas, a controlar políticamente a las personas y a comprarles su
conciencia mediante los bonos que otorga el Estado” lo que a su juicio,
constituiría un mecanismo dirigido a “promover un gran fraude electoral en las
próximas elecciones parlamentarias en 2020”.
Advirtió
que existen otras acciones que en paralelo buscarían también objetivo del
control absoluto de la población, como es el caso de la consulta que se
realizará el próximo 1 de diciembre en el estado Miranda con el fin de ver si
se aprueba la transferencia de competencias por la aplicación de las multas
contempladas en la Ley de Convivencia para la Paz y Seguridad Ciudadana a las
comunas de ese estado, calificándolo como un hecho irregular debido a que el
sistema de comunas no existe en la Constitución.
“Se
trata de llevarnos al proyecto del Estado comunal por parte del PSUV y sus
partidos aliados, quienes buscan establecer un Estado dentro del Estado, al
pretender desplazar el Estado democrático y social, de derecho y de justicia
junto al sufragio universal, directo y secreto establecidos en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela”, enfatizó.
Por
su parte, Javier Simancas, abogado de la Mesa Social de Caracas señaló que
consideran inconstitucional el decreto 3.990 que establece la realización del
censo a través del Poder Popular, así como tampoco cuenta con el aval de la
Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 54, numeral 5 de la Ley de la función
pública de estadística y la Ley de Cartografía. “Le exigimos a la Defensoría
del pueblo que restituya la situación jurídica infringida y evite un mal mayor
a la ciudadanía, por lo que hoy pedimos la inconstitucionalidad de ese
decreto”.
Invitó
a la población a asistir a la Defensoría del pueblo y adherirse a esta petición
que busca “evitar que se apropien ilegalmente de las viviendas y que utilicen
este censo para otros fines alejados de lo que deben ser las políticas
públicas”, concluyó.
Juan
José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad
@juanjoseojeda
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