Miguel Méndez Rodulfo 19 de noviembre de 2019
En
el ámbito de la vivienda, se hace énfasis en el reparto de subsidios, se
mencionan los barrios y se habla de un par de leyes; sin embargo, no hay ni una
mención al aspecto crítico de la generación de suelo urbanizado, elemento sin
el cual no se pueden construir viviendas. También se omite el tema crucial del
arrendamiento de viviendas, clave para crear hogares, incentivar la
construcción y generar empleo. No se aborda el tema del financiamiento
inmobiliario alternativo y la vivienda masiva se toca tangencialmente. El tema
de los barrios por su importancia y significado para la superación de la
pobreza, la paz social y la futura gobernabilidad, no se le da la relevancia y
profundidad que amerita (no se habla de la construcción de equipamientos
importantes; de la creación de espacios de deportivos, de entretenimiento y de
encuentro, que puedan ser utilizados a la hora de desastres; de lo clave de
rescatar y reforestar zonas que se conviertan en áreas verdes; del control de
las invasiones; del reforzamiento de la estructura de las viviendas populares,
etc.)
Pero
si se menciona el otorgamiento de 55.623 subsidios para sustitución de
viviendas. Es un número tan exacto que casi que les faltó decir que el
certificado correspondería a la señora María Gómez, viuda, madre de 4 hijos, de
la calle El Retiro, de El Viñedo, Barcelona… Entiendo que la sustitución
implica reemplazar una vivienda precaria por una mejor (no mejorarla, ni
comprar otra); sin embargo, para hacer la sustitución hace falta que exista un
suelo estable y haya servicios públicos, por lo que no entiendo que se
explicite “en riesgo de suelo”. Si existe vulnerabilidad en el terreno, no se
puede hacer la sustitución. Habría que darle a la familia la oportunidad de
adquirir una vivienda en otra parte.
Plan
País Infraestructura, insiste en una ley para la emergencia urbana. Tal parece
que se sigue el mismo camino que nos hizo llegar al chavismo. Un error
fundamental de la democracia fue que abandonó la planificación y el arduo
esfuerzo que ello implica y en su lugar se apeló a una amplia gama de planes y
leyes, sin un contexto, carentes del rumbo que proporciona una visión de largo
plazo y del marco que guía el mediano término aportado por la política pública;
así una proliferación descontrolada de planes de detalle y leyes muy
específicas, dentro del pragmatismo político, clientelar y populista,
pretendieron sustituir la planificación estratégica y realizar una gestión
pública corto placista y basada en el efectismo político.
Salvo
la Ley Habilitante para la Gestión y Ejecución de la Emergencia Urbana (sobre
la cual ya expresé mis dudas, porque las leyes para abordar el tema urbano
existen, sólo hay que mejorarlas y unificarlas: actualizar unas y derogar
parcial o totalmente otras), y la ley de propiedad de la GMVV sancionada por la
Asamblea Nacional en 2016 (ley muy deficiente por cierto), no se repara en la
actualización de un muy importante cuerpo de leyes, como la Ley Orgánica de
Ordenación del Territorio (LOOT), la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística
(LOOU), ni en las Normas de Equipamiento Urbano, Normas de Arquitectura y
Urbanismo, Normas para Uso del Suelo, Guías Minfra, Ordenanza de Zonificación
Modelo para las alcaldías del país, Reglamento de la LOOU, Ley del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat, Ley Especial de Protección al Deudor
Hipotecario, Decreto Ley de Arrendamientos inmobiliarios, Ley para la
Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, Ley Contra el
Desalojo y la Desocupación Arbitraria, Decreto Ley de Tierras Urbanas, Decreto
de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas, Ley Contra la Estafa
Inmobiliaria, etc., etc.
Una
cosa que proponemos es no desmovilizar los equipos que integraron Plan País
Infraestructura, sino ponerlos a actualizar las leyes, lo cual sería una gran
contribución con el país y permitiría ganar un tiempo precioso al arranque de
la Transición.
Miguel
Méndez Rodulfo
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