Centro de Comunicación Nacional 02 de diciembre de 2020
@Presidencia_VE
Nosotros, el gobierno de los Estados Unidos de América
y el gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela reconocemos la
degradación del Estado de Derecho en Venezuela gracias a la falta de voluntad
por parte del ilegítimo régimen de Maduro de detener el tráfico de drogas y
eliminar los elementos criminales que explotan todos los rincones de Venezuela.
Reconocemos que Nicolás Maduro, el dictador venezolano y capo de la droga,
representa un peligro para la estabilidad de toda la región y no solo para
Venezuela. Para promover la seguridad del pueblo de Venezuela y nuestro
hemisferio, el ilegítimo narco-régimen de Maduro debe ser responsabilizado y
enfrentar la justicia por sus crímenes.
A tal fin, nuestros dos gobiernos continúan
comprometidos rechazando el transbordo de drogas vía Venezuela, previniendo el
cultivo ilícito de drogas y su consumo, combatiendo la corrupción endémica de
oficiales del régimen e impidiendo el lavado de dinero y redes criminales
relacionados con el tráfico ilegal de materias primas.
El 24 de noviembre nos reunimos para celebrar una
reunión de trabajo con países de ideas afines donde abordamos el crimen
transnacional, narcotráfico y otras actividades ilícitas conexas facilitadas
por la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela. Posterior a dicha reunión,
el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela expresan
su apoyo a los siguientes principios de cooperación:
- Subrayando nuestro
compromiso con los principios consagrados en los tratados sobre
narcóticos de la ONU incluyendo la Convención de 1961 y su
enmienda, las Convenciones de 1971 y 1988;
- Intercambio de
información reforzado
sobre narcóticos ilícitos; contrabando; minería ilegal; tráfico de
personas, incluyendo trabajo forzado, criminalidad forzada, tráfico sexual
y el reclutamiento de niños en conflicto armado; así como, tendencias de
lavado de activos e investigaciones;
- Llevar a
cabo cooperación regional para el combate de la
producción y tráfico de narcóticas; tráficos de personas en todas sus
formas y actividades criminalidad conexas;
- Sanciones venideras cuyo objetivo sean
individualidades relacionadas al tráfico de narcóticos, lavado de dinero y
otras actividades criminales, para limitar su movimiento internacional y
transacciones financieras.
- Suscripción de
políticas con evidencia de la reducción de demanda de drogas enfocadas
en la prevención y tratamiento, incluyendo los Estándares Internacional
para la Prevención del Uso de Drogas y Tratamiento de Trastornos por el
Uso de Drogas;
- Reafirmando las
obligaciones anticorrupción hechas en el marco de la
Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana
en contra de la Corrupción; y
- Avances en los
principios de sociedad, cooperación informal, transparencia y
responsabilidad en la recuperación de activos robados;
- Comprometidos a
cooperar en contra de todas las formas de crimen transnacional
organizado y reafirmando nuestros compromisos hechos bajo la
Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus
Protocolos; en particular, el Protocolo de la ONU para Prevenir, Reprimir
y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños; y
- Reconociendo la
necesidad de construir capacidades para las autoridades
relevantes para mejorar la seguridad pública dentro de Venezuela, con el
fin de llevar a cabo las acciones antes descritas en contra del crimen y
la corrupción que han emergido de Venezuela, debido a la falta del Estado
de Derecho bajo la presidencia ilegítima de Nicolás Maduro.
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