Natasha Niebieskikwiat 14 de diciembre de 2020
@natashanieb
Parte de una investigación que se pidió en 2018 bajo
el gobierno de Mauricio Macri, y que en noviembre pasado avaló la gestión de
Alberto Fernández.
En
lo que representa un duro golpe para el régimen de Nicolás Maduro y para el
gobernante mismo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya
determinó que tiene elementos suficientes para concluir que en Venezuela las "autoridades civiles, miembros de
las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno" cometieron crímenes
de lesa humanidad.
"Al menos desde abril de 2017, autoridades
civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han
cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación
y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en
motivos políticos", señaló la Fiscalía que convierte a Venezuela en el
primer país latinoamericano investigado por crímenes de lesa humanidad.
La Fiscalía de la CPI apuntó como presuntos
responsables de estros crímenes de lesa humanidad a miembros de la Policía
Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
(SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza
de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el
Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y ciertas otras unidades de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)“.
Lo curioso de esta investigación, que se hizo pública
este lunes en La Haya, es que el gobierno de Alberto Fernández -que en
instancias como la OEA se niega a condenar a Maduro, pero que critica ante
otras de la ONU- , avaló esta investigación que se inició en 2018 bajo
la administración de Mauricio Macri.
Concretamente, este caso fue iniciado por la Fiscalía
de la CPI en 2018, por la denuncia que hicieron Argentina, Canadá,
Colombia, Chile, Paraguay y Perú, quienes remitieron el informe que hizo la
OEA ese año sobre violaciones sistemáticas a los DDHH en Venezuela.
En octubre de 2019 incluso, el ex ministro de
justicia, Germán Garavano, viajó a los tribunales de las Naciones Unidas que se
levantan en La Haya (Países Bajos) para entrevistarse con los fiscales. Poco
antes había enviado a la Corte una carpeta con los testimonios de
40 venezolanos que residían en la Argentina y que contaron
los vejámenes de todo tipo que habían sufrido en su país del régimen
venezolano, y que Clarín adelantó entonces en forma exclusiva.
El Gobierno anterior abrió un registro para esas denuncias en la
Secretaria de Derechos Humanos, que dejó de tener interés para la nueva
administración.
Aunque Clarín consultó en Cancillería
y Gobierno qué opinión tiene sobre lo dicho por el fiscal, a esta
hora aún no hubo reacción. Se trata de un tema hiper sensible para la coalición
de Fernández, donde los sectores más duros, en especial, aquellos ligados a
Cristina Kirchner se niegan a condenar al régimen de Maduro. Sin embargo, en lo
que hace a este informe en particular, en noviembre pasado el jefe de
Gabinete, Santiago Cafiero, lo avaló en su informe de gestión ante la Cámara de
Diputados.
En su respuesta a la pregunta 661 que
le hicieron los legisladores, Cafiero enumeró los países que junto a la
Argentina habían remitido a la Fiscalía de la Corte, siguiendo el artículo 14
del Estatuto de Roma, el pedido para que "se investigue esa situación a
los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a
una o varias personas determinadas". "Corresponde a la
Fiscalía evaluar y analizar de manera independiente toda la información
disponible para decir si corresponde o no abrir tal investigación",
agregó Cafiero en su respuesta, citando el Estatuto de Roma.
Lo que falta saber a esta hora, tras avalar la Casa
Rosada esa investigación de 2018 en noviembre pasado, es si van a convalidar
también sus resultados. Recientemente, el Gobierno se negó a rechazar las
elecciones legislativas de Maduro, que condenaron no sólo la mayoría de los
países vecinos, sino también Europa. Pero fueron reconocidas por China, Rusia,
Irán, Turquía, Cuba, Nicaragua, México y Bolivia, entre otros.
Venezuela ratificó en 2000 el Estatuto de Roma, que dio vida a la Corte, y entonces, eso la hace
sujeto de ser investigada. El 8 de febrero, la actual fiscal, Fatou
Bensouda, abrió el examen preliminar según las denuncias, y tras dos años
de análisis, concluyó este lunes que hay elementos para investigar la
"presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos
responsables por tales crímenes".
Los países a los que se les han abierto investigaciones
son Uganda, República Democrática del Congo, Sudán, República Centroafricana,
Kenia, Libia, Costa de Marfil, Mali, Georgia, Burundi, Bangladesh, Myanmar y
Afganistán.
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