Marianela Palacios Ramsbott 25 de agosto de 2022
@nelapalaciosr
Operaciones comerciales en zonas
residenciales, invasiones de terrenos desatendidas, deforestaciones y talas
indebidas, permisos de construcciones sin estudios de suelo e impactos
ambientales, sobrecargas de servicios públicos con mayor densidad poblacional
sin ampliar infraestructuras para evitar el colapso de los mismos, entre otros
Vecinos
del municipio de Baruta, uno de los más ricos del área metropolitana de
Caracas, denuncian irregularidades y malos manejos en la Alcaldía de esa
localidad, bajo el liderazgo de Darwin González, quien ganó su reelección como
alcalde en el pasado proceso electoral regional como abanderado del partido
Fuerza Vecinal. Los denunciantes se quejan por falta de respuestas del alcalde,
acuerdos con empresas que afectan a sus bolsillos, operaciones comerciales en
zonas residenciales, deforestaciones y talas indebidas, invasiones de terrenos
y solicitudes de desalojos que han sido desatendidas o resueltas tardíamente.
A eso eso se suman el mal manejo de la normativa Ramo 50, permisos de construcciones sin los debidos estudios de suelo e impactos ambientales, concesión a una empresa privada del comodato de canchas de tenis que antes manejaba la Federación Venezolana de Tenis (FVT), relación poco clara con la empresa recolectora de basura Fospuca de un cuestionado magnate llamado José Simón Elarba.
Investigaciones
periodísticas también vinculan al alcalde y su gestión con la Constructora HP que levanta seis torres en la urbanización
Las Mercedes; con sobrecargas de servicios públicos con mayor densidad
poblacional sin ampliar infraestructuras para evitar el colapso de los mismos,
entre otros.
Vecinos
en busca de respuestas
Se han
agrupado con el apoyo de la Red
de Organizaciones Vecinales de Baruta y la organización Creemos Alianza
Ciudadana para formalizar sus quejas e incluso presentar algunos casos ante
instancias superiores, como la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público. Y
esas presiones de la sociedad civil organizada han empezado a surtir efectos en
algunos casos, con obras paralizadas e imposición de sanciones a los
infractores, pero en otros el silencio y la omisión del funcionario siguen
despertando malestares y suspicacias.
Ramo
50
Olga
Guédez, vocera de la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta, destaca que el
objetivo de esta articulación de intereses es evitar construcciones que afecten
a sus comunidades, incumplan las disposiciones legales o produzcan daños
ambientales.
“Pedimos
que dé respuesta a las denuncias y tomen las acciones o medidas correctivas
correspondientes”, exigió Guédez en su última carta enviada el principal líder
ejecutivo municipal.
El
Ramo 50, por ejemplo, es una normativa municipal de Baruta que permite pagar la
patente de industria y comercio e impuestos a establecimientos que están
operando en zonas exclusivamente residenciales.
“El
uso indiscriminado del Ramo 50, figura devenida en caja negra, que al parecer
fue creada para que el Servicio Autónomo de Administración Tributaria de Baruta
(Semat) pudiera cobrar los impuestos a los negocios que operaban sin licencia,
ha servido en los últimos años para autorizar el funcionamiento de comercios en
zonas residenciales, cuyos beneficiarios alegan habérsele otorgado licencias de
funcionamiento”, explica la ex jueza Judith Brazón, coordinadora de la
organización Creemos Alianza Ciudadana.
Y por
eso es que en no pocas urbanizaciones de Baruta ahora se ven casas y quintas
operando como bares, licorerías, restaurantes, centros de diversión nocturna y
locales donde se hacen catas y ventas de licores y tabaco.
El Estímulo
solicitó al alcalde que precisara cuánto está ingresando a ese municipio por
esas patentes e impuestos actualmente y cuántas empresas se amparan bajo ese
paraguas para operar, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. Lo que
sí aclaró González es que esa normativa fue creada por alcaldes anteriores.
“Nosotros
no damos Ramo 50. La Alcaldía no lo da porque creemos que eso es validar una
actividad económica en un sitio que no está acondicionado para tal función. Sí
existen Ramos 50 en el municipio, no los hemos aprobado nosotros, pero es una
realidad”, sostuvo el alcalde al respecto.
Hasta
ahora no hay respuestas para este reportaje a las demás solicitudes de
información o de la versión de la municipalidad y su alcalde.
¿Baruta
sin Plan de Desarrollo?
Para
hacer debidamente la actualización de las zonas en el área municipal, debe
integrarse un Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), cuya primera fase de
exploración se realizó cuando el abogado opositor Gerardo Blyde se desempeñó
como alcalde de ese municipio (2008-2017), pero que no tuvo continuidad en las
administraciones siguientes, por falta de recursos.
El
pasado 10 de agosto, la Cámara Municipal convocó a los vecinos para darle un
espacio adecuado para la presentación de sus casos en las distintas urbanizaciones y
sectores afectados y que obtuvieran respuesta de las autoridades
correspondientes, pero los representantes de la Alcaldía de Baruta que fueron
convocados por los concejales volvieron a faltar ese día y dejaron vacías sus
sillas en el evento.
Justificaron
su no comparecencia con la excusa de que tenían que asistir a un curso de
informática (Ingeniero municipal, Harold Sosa; director de Áreas Verdes, Rony
Valecillos; Guillermo D´Ampire y María De Los Ángeles Bermúdez, directivos del
Semat).
El
Concejo Municipal tiene facultades contraloras e incluso puede interpelar y
hasta destituir a funcionarios de la Alcaldía de Baruta que incurran en
violaciones de normas.
“No se
busca la remoción de funcionarios, sino que se cumplan las ordenanzas
municipales y las leyes y se respeten los derechos. Ingeniería municipal no da
respuesta a las denuncias presentadas por los vecinos. Y si la dan, la dan
tarde, cuando ya el daño está hecho y no hay nada más que hacer para evitar el
problema creado por ellos mismos. Los vecinos no se niegan a que la ciudad
evolucione, pero lo que piden es un PDUL, para ser consultados, garantizar el
respeto del ordenamiento jurídico y evitar los problemas que se están creando”,
aclaró Brazon.
Construcciones
ilegales
Lo que
se está viendo en Baruta es un crecimiento desordenado y acelerado de nuevos
desarrollos urbanísticos sin que haya una planificación adecuada, advirtió el
urbanista Leopoldo Provenzali en una de las Asambleas de Vecinos realizadas
recientemente.
“Una
de las falencias que vemos en la Alcaldía en cuanto a estas construcciones, no
es solo la falta de vigilancia, sino su falta de actuación y de respuesta ante
las denuncias presentadas por los vecinos. Usted tiene la obligación de
responderlas, rechazarlas o aceptarlas y actuar en consecuencia, pero quedarse
callado no es una opción para un funcionario”, subrayó Brazón.
El
alcalde ha dado respuesta a algunos casos. La paralización de la construcción
de un autolavado en Cumbres de Curumo es un ejemplo de ello.
Iñaki
Alberdi, vecino de Cumbres de Curumo, espera que la paralización de ese
autolavado no sea solo “por horas o días”, sino que concluya “en la efectiva
demolición y multa de los infractores”.
El
alcalde también canceló un desarrollo habitacional en La Alameda, detuvo una construcción ilegal
en las áreas verdes municipales de la calle Los Bambúes de Prados del Este e
intervino en Sorocaima.
El
área que fue donada a la urbanización para desarrollar el parque Sorocaima es
un bosque húmedo de bambúes que debería mantenerse protegido, pero fue invadida
y los vecinos tienen años pidiendo a la alcaldía el desalojo de esas personas.
“Allí
ha habido talas e incendios y hasta practicaban ritos religiosos y presuntas
hechicerías, y lo que los vecinos quieren evitar es que esas personas empiecen
a reclamar como suyos esos lugares por derechos subjetivos. Esa denuncia se
hizo y, unos días antes de la asamblea, la síndico-procuradora municipal y
consultoría jurídica actuaron en el caso y al parecer van a solicitar en los
tribunales el desalojo de estas personas”, informó Brazón.
Actuando
en conjunto, los vecinos también han logrado parar algunas deforestaciones
profundas en montañas del municipio, que la Alcaldía llama “desmalezamientos”,
pero que ya han llegado incluso a causar daños en zonas residenciales
colindantes. Por ejemplo, después de uno de ellos, una enorme roca rodó cuesta
abajo hasta golpear edificios cercanos y afectó al residencial.
“Los
vecinos de Lomas del Mirador y La Alameda acudieron a la Fiscalía Ambiental e
interpusieron denuncias. Y los de Lomas de la Alameda también interpusieron una
queja ante el Colegio de Ingenieros contra el ingeniero municipal de Baruta,
porque no les daban respuestas. Además, iban a interponer una denuncia ante el
Ministerio del Ambiente para pedir la apertura de un procedimiento
sancionatorio. En Lomas del Mirador sí lo llegaron a hacer, fueron tanto a la
Fiscalía Ambiental como al Ministerio del Ambiente. En La Alameda fueron
retiradas la retroexcavadora y otras maquinarias, pero como los afectados aún
no tienen acceso al expediente, no se sabe si los que se presentaron como los
nuevos propietarios intentaron alguna otra acción. Pero por los momentos, ambas
obras están paralizadas”, detalló Brazon.
Según
Marianela Rodríguez, otra vecina de Cumbres de Curumo, las denuncias
presentadas por ellos tampoco han tenido respuestas, como la del centro
comercial Curumo, donde se culminó el Bodegón 33 con una ampliación hacia un
paso de vecinos entre avenidas; la construcción en el estacionamiento, aun
sabiéndose excedida el área de construcción para la parcela, y el caso de la
quinta Tamanela en la avenida Salto Caroní.
Canchas
de tenis, el negocio de la discordia
A
Patricia Capello, de la Asociación de Vecinos de San Luis (AsoSanLuis), le
preocupa de manera especial la construcción que se está llevando a cabo en el
club de tenis Corpoelec y que hoy en día se conoce como Club Deportivo San
Luis, el cual fue dado en concesión a un nuevo grupo y eso llevó a
construcciones adicionales en un espacio que consideran no es apto para tales
desarrollos.
“Están
haciendo cuatro o cinco niveles de estacionamiento, lo que preocupa a los propietarios
de las viviendas que se encuentran colindantes en la calle Comercio, que son
los edificios Tajamar, Los Helechos, en vista de la posibilidad de que eso se
derrumbe. Los vecinos queremos saber si existen los estudios de suelo
preliminares que avalen que ese terreno puede aguantar el peso correspondiente
a esos niveles de estacionamiento, con el peso de los vehículos encima”,
denunció.
AsoSanLuis
se ha dirigido tanto a la Alcaldía como al Concejo Municipal por este caso en
múltiples ocasiones y siguen sin respuestas.
“Es un
silencio administrativo inaceptable. Si eso se llega a desplomar, se van a
tener que rehacer todos los espacios que se vean afectados en los edificios
colindantes. ¿Y si se va la calle San Luis, que es donde está ubicado el terreno?
Queremos saber qué están haciendo para evitar esa eventualidad y si esa empresa
cuenta con todos los estudios y permisos de la Alcaldía correspondientes al
caso”, añadió.
El
presidente de la Federación Venezolana de Tenis (FVT), Luis Contreras, por su parte,
sugiere también que hay casos de corrupción en el manejo de asuntos deportivos
en Baruta.
La
concesión que tenía la FVT sobre 13 canchas de tenis en este municipio no les
fue renovada, sino que la alcaldía la otorgó a la Fundación iTenis, que según Contreras
es una empresa privada que tiene como uno de sus dueños a Mikel Pérez
Uzcátegui, “primo hermano” del líder de Fuerza Vecinal David Uzcátegui.
Al ser
consultado sobre este particular, el alcalde nos envió dos documentos del caso
y en ellos se resalta, entre otras cosas, que por decisión del Tribunal Supremo
de Justicia la última elección de esa federación no fue reconocida, que el
contrato de concesión referido no era prorrogable y que el pasado 20 de junio
se publicó en la Gaceta Municipal Extraordinaria número 149-07-2022 el
nombramiento de una “Junta Temporal para el uso, conservación y administración
de las 13 canchas de tenis” y edificaciones de servicios y complementarias
ubicadas en la calle C de la urbanización Santa Rosa de Lima.
Pero
en ninguno de esos documentos mencionó siquiera el nombre de Pérez Uzcátegui,
solo aparece Elías Lozada como presidente de la Fundación iTenis y la misma es
presentada allí como “una fundación civil, de carácter privada, sin fines de
lucro e inscrita en el Registro Público con funciones notariales del municipio
El Hatillo en fecha 08-10-2008”.
Contreras
precisó que Mikel Pérez Uzcátegui aparece vinculado a iTenis “en el documento
que rescindió el comodato de la Cámara Municipal de Baruta.
“En
ningún país desarrollado van a ir jamás en contra de una federación. Esto no es
ningún kínder garden, ni un colegio, ni un club, se trata de la FVT y no
quieren entender eso. Ellos tienen sus intereses allí. Es como si le quitaras
el universitario a la Universidad Central de Venezuela. Algo que no tiene ni
pies ni cabeza (…) El último documento de comodato que firmaron con la FVT
decía que la única manera de rescindir eso era no utilizarlo para el bien que
es y eso no ha ocurrido (…) No quieren reconocer lo malo que hicieron al
otorgarle a esa empresa fantasma iTenis y que deben devolver eso a la
federación”, alegó.
Contreras
dice estar esperando el visto bueno del Instituto Nacional de Deportes (IND)
para hacer nuevas elecciones y que aspiran firmar el comodato de nuevo después
de eso con las nuevas autoridades electas.
“Aquí
hay 2000 afiliados y más de 500 niños y sus padres los afectados. La FVT no es
un club de beneficencia social que está aquí de la nada, eso lo hizo el
gobierno venezolano en su momento para organizar los Juegos Deportivos
Panamericanos (…) Y en vez de estar desarrollando el tenis, estamos es peleando
con la alcaldía. Ese alcalde ni un bloque, ni un pote de pintura ni una pelota
de tenis nos ha dado para mantenernos. Lo que quieren es expropiar a la FVT de
su sede, esto es increíble (…) Yo soy presidente de la federación desde el 2011
y lo que dice la sentencia del TSJ es que se restituyen las autoridades previas
a la elección anulada del 2019; es decir, a los que seguimos al frente de esto.
Acabo de votar en las comisiones del Comité Olímpico Venezolano, pero la
alcaldía no quiere reconocer nuestra autoridad. La Fundación iTenis es una
fundación prácticamente fantasma que presentó en una hojita un plan de trabajo
para que le otorgaran esa concesión”, concluyó Contreras.
La
Sindicatura Municipal de Baruta reveló que se inició un procedimiento para
revisar el contrato de comodato suscrito con la Fundación iTenis. “Ya está en
curso, pero no ha sido decidido aún”.
Aquí
vale la pena precisar también que el 8 de noviembre de 2021 la Alcaldía recibió
comunicación suscrita por los “padres y representantes de los niños y
adolescentes que hacen vida en el Centro Nacional de Tenis de Santa Rosa de
Lima, junto a profesores y entrenadores de las Academias de Tenis, empleados de
la Federación Venezolana de Tenis y representantes vecinales de Asolima”,
mediante la cual solicitaron revocar el contrato del comodato de iTenis. Así
que el proceso abierto en la sindicatura puede responder a esto.
Fospuca,
la basura es un tesoro
Otra
vecina de Baruta que pidió reserva de su identidad, por temor a represalias,
indicó que el contrato con Fospuca se firmó con un valor fijado en petros (la
moneda virtual impuesta por el chavismo) y las tarifas se estipularon en
función de los metros cuadrados del local o del inmueble y no de la cantidad de
basura que se genera, que es lo que normalmente se hace. Y que cada tres meses
hay un incremento de la tarifa en función de los aumentos del petro, razón por
la cual los costos del servicio han resultado impagables para muchos
comerciantes e industrias.
“Los
usuarios han presentado miles de quejas y algunas hasta han ido a tribunales,
pero no han logrado nada con Fospuca. Esa empresa, además de la recolección de
basura, tiene el mantenimiento de las áreas verdes y esto es algo que cobran
aparte y que por lo general no se conoce ni siquiera cuánto es la tarifa. Otro
asunto con la basura es que la ordenanza se aprobó en el periodo pasado y se
pide a la Cámara que revise esa ordenanza y la modifique, fijando el valor del
pago de la basura en función del residuo generado. Además, el abuso que se
comete en relación al cobro de recolección de residuos sólidos, es que si no se
paga este servicio no te aceptan el pago de la patente de industria y comercio,
lo cual no debería ser, una cosa no tendría por qué privar la otra. Así es que
cierran los negocios cuando no tienen los servicios de aseo urbano pagados al
día”, acotó.
El
desarrollo que se está dando en el Eje Norte implica un aumento muy fuerte de
densidad poblacional y eso preocupa mucho a los vecinos, sobre todo por los
cambios en usos comerciales que se han dado, tanto en Las Mercedes como en
Chuao y Colinas de Bello Monte, entre otros sectores.
“No es
posible dar servicios para estas densidades poblacionales, ni en acueducto, ni
en agua, ni en cloacas, ni en electricidad. Y la vialidad actual tampoco tiene
capacidad para sostener esto”, advirtió la fuente.
La
versión oficial
El
Estímulo envió al alcalde hace más de una semana preguntas sobre
cerca de una decena de casos abordados en esta investigación, pero solo recibió
breves respuestas a algunas de ellas mientras fue abordado por la periodista en
un acto público en la Plaza Bolívar del municipio, en el que se celebraban los
402 años de fundación del pueblo de Baruta.
“Nosotros
en la Alcaldía no hemos autorizado ninguna actividad comercial en una zona
residencial”, aseguró González.
“Estas
personas están operando al margen de la ley y por tal motivo estamos haciendo
una plan especial a partir del día lunes 22 de agosto, con un equipo
multidisciplinario integrado por Atención al Ciudadano, el Director del
Despacho, el Director General, Ingeniería Municipal, Catastro, Semat y Policía
de Baruta, para que los vecinos puedan denunciar a estas personas que están
ejerciendo actividades económicas al margen de la ley y las ordenanzas
municipales en zonas residenciales, para que puedan ser sancionadas. Entendemos
que como este municipio goza de mucha calidad de vida, mucha gente se quiere
mudar a él y montar negocios aquí, pero el respeto a todas las leyes y en
especial a las ordenanzas municipales es fundamental. No vamos a tolerar que se
violen nuestras ordenanzas y actuaremos con todo el peso de la ley y
contundencia para detener eso”.
Confirmó
que siguen desarrollando el municipio sin contar con un PDUL y, respecto al bar
que opera en la urbanización San Luis, señaló que está dentro de un centro
comercial y tiene la zonificación para hacer esa actividad.
“La
queja de los vecinos ha sido el alto volumen y nosotros ya lo mandamos a cerrar
la semana pasada, para que ellos entiendan que tienen que respetar la ley, eso
es como una señal de advertencia sin ningún cargo. Si ellos vuelven a
incumplir, volveremos con medidas de mayor contundencia”, anunció.
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