Carolina Alcalde 25 de agosto de 2022
@caroalca
Muchos
países de América Latina están requiriendo visa a ciudadanos venezolanos, una
situación que podría "poner en riesgo el derecho a solicitar asilo" a
personas provenientes de Venezuela, de acuerdo a organizaciones como Amnistía
Internacional.
Cada vez más países exigen visa a ciudadanos venezolanos, una situación que, si bien establece controles, también se traduce en “restricciones a la movilidad migratoria” de las personas y en una “paradoja” que puede general “descontrol”, sostienen expertos.
Consultado
por la Voz de América, Carlos Lusverti, investigador del
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB),
sostiene que el establecimiento del requisito de visado levanta “una barrera
más” a las personas que huyen de la “crisis generalizada”.
El
abogado e investigador hace un recuento de dificultades particulares de los
venezolanos y parte del engorroso proceso de obtener o renovar un pasaporte
que, además de ser uno de los documentos más costosos del mundo, implica hacer
frente a “trabas burocráticas”.
El
costo de renovar o emitir un pasaporte nuevo es el equivalente a entre 100 y
205 dólares estadounidenses, mientras que el sueldo promedio de un profesional,
en junio, era de unos 175 dólares mensuales según el Observatorio Venezolano de
Finanzas (OVF).
Ligia
Bolívar, investigadora del Centro de DDHH de la UCAB y coordinadora del equipo
de análisis e incidencia internacional en DDHH, Alerta Venezuela, agrega que
los requisitos solicitados son “muy difíciles” de cumplir para muchos
venezolanos.
“Ahora
está el problema de los antecedentes penales apostillados. Antes se podía hacer
en línea, de manera gratuita y ahora hay una nueva regulación que todavía no
entendemos muy bien cómo va a funcionar, pero pone un costo. Se vuelve un
requisito adicional que puede ser de difícil cumplimiento”, dice.
Además
de los diversos requisitos que se requieren para obtener una visa, no todos los
países tienen consulados operativos en Venezuela, por lo que, en esos casos, se
deben trasladar a otros países para llevar a cabo el trámite y posteriormente
movilizarse.
“Como
ha sido dicho por diversas organizaciones de la sociedad civil, no están
tomando en consideración esa dimensión humanitaria del problema de la
emergencia humanitaria compleja que supone analizar la situación de estos
migrantes venezolanos desde la perspectiva humanitaria”, afirma Lusverti.
Añade
que es necesario considerar que, probablemente, en muchos de estos casos, se
está en presencia de personas que, de acuerdo a estándares internacionales,
deberían tener la protección a partir de lo establecido en la Convención sobre
el Estatuto de Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena sobre
Refugiados de 1984.
La
situación, insiste Bolívar, fomenta la migración irregular, pues en la medida
en la que las personas no ven posibilidades de salir por vía ordinaria, “van a
hacerlo por vías irregulares”.
“Eso
significa el aumento de los riesgos en la ruta y estamos frente a una paradoja
y es que el exceso de controles genera descontrol y el aumento de los riesgos”,
advierte la defensora de derechos fundamentales.
Olivia
Lozano, presidenta de la Comisión de Política Exterior del Parlamento de 2015,
reconoce que es “potestad soberana” de cada país el diseño de sus políticas
migratorias, pero considera que la implementación de visas no logrará detener
el “deslave humano” consecuencia de la crisis y las violaciones a los derechos
fundamentales.
“Hay
una realidad, y es la de ese flujo interminable de migrantes venezolanos, que
se suman a otros de otras nacionalidades que huyen de igual forma de regímenes
totalitarios como el de Cuba y Nicaragua. ¿Cómo puede detenerse esta gran
cantidad de personas si se aventuran a diario escapando de regímenes atroces?
La gran verdad es que no hay restricciones migratorias que sean capaces de
lograrlo”, dice a VOA.
¿Qué
pueden hacer los países receptores?
Lusverti,
por ejemplo, sostiene que Lusverti los Estados deberían tomar en consideración
la situación humanitaria “particular” en Venezuela y considera necesario que se
entienda que las personas expuestas a través de rutas migratorias son víctimas,
en muchos casos, de grupos al “margen de la ley” que se dedican, entre otras
actividades, al tráfico de personas.
“Dentro
de ese proceso de atención, analizar si se está en presencia de personas que
están en necesidad de protección internacional y activar esa protección
internacional y no tratar de devolverlas como en algunos casos se ha podido
ver”, precisa el experto.
También
ve necesario que desde la región se fortalezcan los mecanismos de protección
internacional, de cooperación internacional, desde el punto de vista de
atención de la población de migrantes y refugiados, así como el apoyo a
mecanismos de DDHH en el monitoreo de la situación en Venezuela.
A
principios de este año Costa Rica, México y Belice se sumaron a los casi 100
países que piden visa a venezolanos, una decisión cuestionada por
organizaciones como Human Right Watch y Amnistía Internacional, pues consideran
que puede tener “graves repercusiones” para la vida de personas venezolanas que
buscan protección internacional en otros países de la región.
En una
carta dirigida en febrero al presidente costarricense, Carlos Alvarado,
Amnistía Internacional pidió reconsiderar la decisión de incluir a Venezuela en
la lista de países que requiere visa para viajeros no residentes.
“Dada
la magnitud de la crisis de personas refugiadas venezolanas, Amnistía
Internacional pide a los gobiernos de la región que permitan el acceso a
procedimientos de solicitud de protección a todas las personas llegadas de
Venezuela. Los países receptores deben aplicar medidas efectivas de protección
para esas personas y garantizar que no son devueltas”, puntualizó.
David
Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados
Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, ha
reconocido que cada gobierno es autónomo de implementar sus políticas
migratorias, pero añadió que “mientras siga la dictadura, la gente seguirá
huyendo a donde pueda”.
De
acuerdo al más reciente reporte del Servicio Nacional de Migración de Panamá,
de los 71.012 migrantes que cruzaron la selva del Darién durante los primeros 7
meses del año, el 63%, es decir, casi 45.000 son venezolanos y julio es
considerado el mes de mayor flujo de venezolanos en lo que va de año, cuando,
según las estadísticas, 16.864 cruzaron esa selva ubicada en la frontera entre
Colombia y Panamá.
De
acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) actualmente existen
más de 6 millones de venezolanos refugiados y migrantes en todo el mundo,
siendo la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el
mundo después de la crisis siria.
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