Objetivo: Normalidad democrática, por @JFernandeznupa

Juan Fernández 02 de septiembre de 2022

@JFernandeznupa

I. La crisis global

Soplan nuevos tiempos. Estos se caracterizan a nivel global por la incertidumbre y la volatilidad. Son variados los factores que nos han conducido a esta situación durante este 2022, por lo que la atención general se centra en la búsqueda de soluciones a los impactos económicos que crean la inflación, la recesión, el suministro de petróleo y gas y la forma de conducir el proceso de sustitución en el tiempo de energías fósiles por las energías renovables. Además, la sustentabilidad de las democracias occidentales como las hemos conocido hasta hoy se ven amenazadas en el marco de las tensiones globales, entre ellas la guerra en Ucrania, el latente conflicto de China y Taiwán. Por tanto, el mundo de hoy y las democracias occidentales se centran en la búsqueda de soluciones a sus problemas internos; y dentro de este contexto la prioridad a la solución política de una crisis como la que agobia a nuestro país, no es necesariamente la prioridad e inclusive la potencial importancia como proveedor de petróleo ha dejado de ser una consideración a tomar en cuenta, por el riesgo que representa invertir en nuestro país bajo las actuales condiciones políticas y económicas.

II. La supuesta revolución

Dentro del contexto descrito anteriormente, la supuesta revolución sigue impulsando su estrategia de continuar afianzándose en el poder y se apoya, dentro de la complicada geopolítica, en regímenes como los de Rusia, Irán y Cuba, quedando por ver cómo se desarrollará la relación con el presidente Petro. Simultáneamente, observamos el acercamiento de la administración Biden con el régimen de Maduro, en busca de una solución negociada a la crisis general que sufre nuestro país y cuya preferencia es mediante un proceso electoral. Sin embargo, la impresión que uno tiene desde afuera es que el interés real de la supuesta revolución es mantenerse en el poder y ser reconocido, lo cual conllevaría a su legitimación. Hasta ahora lo observado indica que aparentemente ha sabido manejarse para obtener algún beneficio. A la par de estos encuentros, el régimen anuncia el otorgamiento de 1 millón de hectáreas a Irán para actividades agrícolas; sin duda una provocación inconstitucional, cuyas implicaciones están por conocerse en su verdadera dimensión e impacto en la región. La economía nacional está nuevamente enmarcada en una alta inflación de hasta tres dígitos y un nuevo proceso de devaluación monetaria ya en marcha, la propaganda del régimen profundiza el engaño a la población, bajo el lema de ‘’Venezuela se arregló’’, justificándose por un crecimiento económico luego de mas de 15 años de continua caída del PIB. La realidad es que la brecha de la desigualdad se ha incrementado y ampliado, la pobreza y un país sin futuro, empuja a millones de compatriotas a buscar destinos distintos, transformando a nuestra población en la mayor diáspora del mundo. Como todos sabemos, la supuesta revolución destaca por la corrupción en la gestión de lo público. Hoy vemos cómo las denuncias que durante años se han hecho, por ejemplo con respecto a Pdvsa bajo la gerencia de Rafael Ramírez, el régimen hoy solicita su captura internacional. Sin embargo, tanto es el daño institucional que se ha hecho en estos últimos 20 años, que vemos esta acción como una revancha más que el hacer justicia a uno de los directos responsables por la situación de robo al patrimonio nacional y de Pdvsa, pero no es el único. Todo lo anterior se sostiene y maneja con la fuerza un aparato de control social, judicial, militar y mediático, para mantenerse en el poder. Siendo un objetivo estratégico de corto plazo legitimarse en un proceso electoral en 2024, cuyas condiciones actuales son las mismas de la usurpación.

III. La oposición

En cuanto al liderazgo político opositor y su actividad para lograr una vía que permita la salida del régimen, es conocido y así lo confirman las encuestas, que la gente hoy en día está desconectada de lo político y de la credibilidad en sus lideres. A esto se suma la debilidad intrínseca de los partidos políticos, las divisiones internas, las denuncias de corrupción y la falta de una coherente estrategia. Lo que nos lleva a señalar el hecho de que todos los partidos políticos opositores no alcanzan atraer una mayoría, cuando existe 80% de rechazo a Maduro y su gestión. Por otro lado, un grupo de partidos políticos ejerce un proceso de toma de decisiones con una representatividad la cual deja de lado el consenso y a la par resulta contradictorio el reclamo de la unidad como mecanismo para la solución a la crisis. En este marco contradictorio, el accionar político opositor se embarca en dos acciones: una relacionada con la negociación en México cuyo objetivo busca un proceso electoral que haga renacer y unificar las diezmadas fuerzas opositoras, pero que al mismo tiempo legitima a Maduro y su régimen y la otra es la repetición de la búsqueda de un candidato único a través de un proceso de selección con la participación ciudadana.

De nuevo es importante resaltar, como lo dicen las encuestas, que el venezolano siente desesperanza, resignación y se dedica a vivir el día a día. No hay una conexión emocional que entusiasme al ciudadano, que le genere la aspiración a luchar y ser parte del país de futuro que debe ser Venezuela.

IV. ¿Qué hacemos?

Entonces, lógico es preguntarse ¿qué hacemos?, ¿habrá manera de encontrar solución, avivar la esperanza, activar a la gente? Siempre hemos mantenido, porque así la historia lo dice, como el poder de la gente es la acción que logra cambiar el curso de países con gobiernos totalitarios y dictaduras militares. Por cierto, es precisamente la gente el mayor temor de la supuesta revolución. Sometiendo a la pobreza a la ciudadanía ejerce su control y sabe que si la población despierta y es conducida por un liderazgo auténtico y reconocido, su hegemonía en el poder se tambalea y cualquier proceso sucesivo lo conduciría a su fin.

En nuestra opinión, para salir de la crisis que vive nuestro país se debe pasar por un período de transición, a fin de lograr asentar bases para un cambio político sostenible que haga funcionar la democracia y las instituciones, mediante la separación de los poderes públicos, es decir, volver a la normalidad democrática. Este proceso de cambio político también implica el desarrollo de las reformas para un cambio de modelo económico, en donde la participación del sector privado será clave, y donde además el modelo rentista del petroestado sea reemplazado. De esta manera podremos desarrollar la potencialidad económica de todos nuestros recursos y ventajas competitivas. En el campo energético, el petróleo de corto plazo será clave para continuar generando recursos necesarios para la expansión de otros sectores y capear las urgentes necesidades sociales de la población. No obstante, debemos recuperar nuestra máxima capacidad hidroeléctrica y promover el uso intensivo de la Gasificación a nivel de las ciudades, su uso substitutivo de la quema de líquidos en la generación eléctrica y en la industrialización nacional. Todo ello como hemos mencionado, con la inversión nacional e internacional en condiciones fiscales competitivas. La arquitectura legal debe adaptarse y ser de apoyo para las reformas y cambios. Las leyes deben elaborarse como instrumentos de apoyo al crecimiento económico, al logro de un estado del bienestar aceptable para todos los ciudadanos, bajo la rendición de cuentas y el indispensable balance de los poderes públicos.

Este período de transición debe tener de corto plazo capacidad de respuesta inmediata a lo siguiente: en primer lugar, ante el inmenso pasivo social que heredamos de la supuesta revolución. en segundo lugar, la reinstitucionalización de órganos y entes claves del Estado, como lo son la Fuerza Armada Nacional, la Policía Nacional, las policías regionales y los cuerpos de seguridad del Estado. En tercer lugar, una importantísima tarea será la reforma y reinstitucionalización del Poder Judicial a través de los mecanismos establecidos en la Constitución, como el Consejo de la Judicatura, encargado de asegurar la independencia de los tribunales y jueces.

Para lograr un gobierno que sea capaz de realizar todas estas tareas y finalizar este período transitorio con un nivel aceptable de equilibrio económico y de normalidad democrática, proponemos pensar no en un gobierno de un presidente, sino en el gobierno de un equipo que, con una dirección y liderazgo compartido, así como un plan de desarrollo, realice estas tareas. La organización del Ejecutivo debería estar orientada, a un proceso de decisiones de consenso y en donde la participación de gente proveniente de la sociedad civil para su conformación será indispensable y necesaria. Cumplido este periodo de transición equivalente a un periodo presidencial seria tiempo suficiente para entrar en normalidad democrática, y permitiría además a los partidos políticos fortalecerse y consolidarse en sus estructuras, necesarias para garantizar y dar continuidad a la democracia.

La propuesta de una elección de candidato único para un período de gobierno, sin las consideraciones de un proceso necesario de transición, el cual requiere del consenso y de una gerencia de lo público que será muy compleja y con altos costos desde el punto de vista de los partidos políticos, nos hace pensar que el proceso anunciado para la selección del candidato unitario es conceptualmente divisionista, pues se trata de una contienda entre ofertas de los diferentes candidatos, y la garantía del consenso necesario, como hemos vivido desde 2019, estará subordinado al interés del o de los partidos políticos.

Si estamos de acuerdo quienes nos oponemos al régimen actual y a la oposición complaciente y de conveniencia en que Venezuela debe de buscar como objetivo un período de transición, de cambio, de reformas y asentamiento institucional, lo cual será una palanca para dar un camino de esperanza a la gente, debemos movernos hacia la normalidad democrática. ¿Por qué no pensar en consecuencia en una alternativa de consenso, promovida y apoyada por la sociedad civil? Será necesario organizar la participación de ciudadanos con experiencia y pericias políticas, y a su vez se incluyan ciudadanos provenientes de la sociedad civil para conformar un equipo, cuya única aspiración es participar para el período de transición hacia la normalidad democrática.

Los recursos tanto de tiempo como monetarios que implica el proceso actual de la selección de un candidato unitario bien podrían ser destinados para enfocarse en la construcción del proyecto de consenso, un equipo de gobierno de consenso y obviamente el establecimiento de condiciones para el cambio político. Con estas acciones políticas y ciudadanas se crea una oferta a la gente que le indica una ruta para cambiar a nuestro país, que bien despertaría la esperanza, la conexión y sobre todo el apoyo mayoritario de la gente, pues tendríamos un liderazgo que priva el interés nacional sobre el particular.

La decisión del cambio de nuestro país está en nosotros, la Gente, tanto los que  están en Venezuela como la diáspora, el poder de la gente actuando siempre decide. Las palabras dichas por Kennedy, son guía para nuestro actuar: “No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país”.

Juan Fernández

@JFernandeznupa