Agencias 13 de octubre de 2023
La asociación civil
Transparencia Venezuela y la firma Ecoanalítica señalan que equivale al 15,67%
del producto interno bruto (PIB) del año pasado, cuando alcanzó los 60.000
millones de dólares, según sus propios cálculos
Las
actividades ilícitas han ganado terreno en la economía de Venezuela, donde el
narcotráfico, la extorsión y el comercio ilegal de oro y combustible generaron
9.402 millones de dólares en 2022, según cálculos independientes, lo que
expertos atribuyen a la expansión de grupos irregulares organizados ante la
«anuencia» del Estado.
Esta cifra fue revelada en un reciente informe elaborado por la asociación civil Transparencia Venezuela y la firma Ecoanalítica, donde señalan que equivale al 15,67% del producto interno bruto (PIB) del año pasado, cuando alcanzó los 60.000 millones de dólares, según sus propios cálculos.
«Estamos
hablando de cifras muy importantes», dijo a EFE la
directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, quien
aseguró que estas economías ilícitas, si bien «no son nuevas» en el país, donde
«siempre ha habido grupos criminales», han crecido y se han expandido ante la
«anuencia y permisividad del Estado».
Así,
de dedicarse a la «extorsión pura», ahora «dominan, controlan, economías
ilícitas», que causan «distorsiones económicas, sociales, políticas y
culturales» y tienen un impacto en la vida de ciudadanos y en actividades
económicas, como el comercio y la ganadería.
Por su
parte, el economista de Ecoanalítica, Jesús Palacios, dijo a EFE que estos
ilícitos generan una «renta que no pasa por canales formales» y «promueven más
la corrupción» y la generación de otras mafias.
Un
ecosistema de ilícitos
En
Maracaibo, capital del estado petrolero de Zulia (noroeste, fronterizo con
Colombia), un vendedor informal de gasolina, quien pidió no ser identificado,
dijo a EFE que su negocio consiste en llenar los tanques de cuatro vehículos en
una estación de servicio «subsidiada», donde es «totalmente regalada», y luego
revenderla a sus clientes, la mayoría transportistas, a quienes «no les da
tiempo» de repostar.
De
esta manera, prosiguió, hace entre 80 y 100 dólares semanales, en un país con
un salario mínimo de unos 3,7 dólares al mes.
Y
cuando hay fallas en el suministro del recurso, lo que suele ser intermitente,
el hombre acude a las gasolineras conocidas como «internacionales», donde el
litro cuesta 50 centavos, para luego revenderlo a uno o 1,5 dólares.
El
informe de Transparencia Venezuela y Ecoanalítica indica que 70% del total de
gasolina subsidiada «se destina a actividades ilegales», entre ellas a su
comercio, en el que «juegan un rol importante» efectivos de «la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), mafias transfronterizas e
incluso productores ilegales de oro y narcotraficantes».
Además
de la venta ilegal y el contrabando de combustible, en Zulia se desarrollan
otros ilícitos, como la extorsión y el narcotráfico, según el informe y otras
organizaciones.
De
Freitas señaló que, en esta región, hay presencia de «grupos criminales» que se
dedican a una «extorsión brutal» contra empresarios.
«La
gente ha huido. Hay casas abandonadas, negocios abandonados de gente que huye
de la extorsión permanente de uno, dos, tres grupos», dijo.
El
pasado febrero, dos tiroteos en una carnicería y en un supermercado en Zulia
dejaron un fallecido y siete heridos, un hecho en el que, según autoridades,
estuvo involucrada una banda que se dedicaba a extorsionar comercios de esta
región.
«Mano
dura»
El
economista Palacios considera que, para combatir los ilícitos, el Estado debe
aplicar un esquema con «estrategias de mano dura», con «reglas fuertes» y
sanciones.
Además,
De Freitas llama a actuar con rapidez para proteger a las personas que habitan
en zonas donde hay grupos irregulares y a impedir que «tengan control del
territorio tan descaradamente», para lo que, agregó, «tiene que haber
voluntad».
Desde
el 1 de julio, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegó una
operación en el parque nacional Yapacana, en la región amazónica, que se saldó
con la expulsión de unas 14.000 personas señaladas como «mineros ilegales».
La
operación sirvió para desmantelar 27 ciudadelas construidas en este territorio
y para capturar a 51 miembros de bandas criminales que operaban en la zona,
según el Gobierno.
La
directiva de Transparencia Venezuela aseguró que «ha aumentado
significativamente la explotación y la comercialización» del oro en la nación,
donde «grupos criminales tienen control de zonas y cobran a los mineros entre
10% y 30%, o más, de lo que extraen».
Los
cuerpos de seguridad también han realizado múltiples operativos contra el
narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, según informaciones
oficiales, publicadas en redes sociales.
Tomado
de: https://www.elnacional.com/economia/actividades-ilicitas-ganan-terreno-en-la-economia-venezolana/


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