Luna Perdomo 15 de octubre de 2023
Los defensores de derechos
humanos están preocupados por las garantías que se le puedan ofrecer a los venezolanos,
tras ser deportados de EEUU. Afirman que las condiciones que generaron la
crisis en Venezuela se mantienen. También explican que las deportaciones
no son repatriaciones por no ser voluntarias
Defensores
de derechos humanos piden a los Estados Unidos respetar el principio del
derecho internacional de no-devolución que prohíbe a un país que recibe
refugiados devolverlos a una nación en la que corren riesgos de persecución,
torturas, o riesgos políticos; esto luego de que EEUU anunciara que acordó con
Venezuela reanudar vuelos de deportación.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirmó que Venezuela ya es un «país seguro» y que los venezolanos pueden retornar sin problema alguno.
Ante
esta situación, la presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA), Carolina Jiménez, fue una de las primeras en
manifestarse en X (antes Twitter): «Urge respeto a principio de no-devolución:
que ninguna persona en necesidad de protección sea deportada» y añade que la
decisión de los EEUU «no implica que la emergencia humanitaria y crisis de
derechos humanos ya no existen».
A
juicio de Jiménez, el hecho que recientemente Estados Unidos haya otorgado
estatus de protección temporal (TPS) a 470.000 venezolanos demuestra que se
entienden las condiciones de Venezuela; pero enfatiza que «en contexto
electoral sube presión para que el gobierno de EEUU controle la migración. Esta
decisión es lamentable. Llamamos a respetar los derechos humanos».
Por su
parte, Carlos
Lusverti, investigador de temas de migración del Centro de Derechos Humanos
de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), considera que a EEUU se le está
haciendo insuficiente atender el volumen de migrantes que ingresa a este
territorio, incluyendo migrantes de otros países, y resalta que estas «regulaciones
(deportaciones) no necesariamente satisfacen los criterios del derecho
internacional de los DDHH que garantiza el acceso a la posibilidad de solicitar
refugio y no sentirse criminalizado».
Sobre
la declaración de Mayorkas, quien afirmó que Venezuela es un «país seguro»,
Lusverti sostiene que hay que mirarla con cuidado, pues enfatiza que aún
existen víctimas de torturas, de detenciones arbitrarias, persecuciones, entre
otras circunstancias que «están plenamente documentadas» y confirman que «Venezuela
no es un país seguro». Además, dice, todavía hay quienes viven en
situaciones de riesgo, de fundado temor, y por ello solicitan asilo.
«Desafortunadamente
esta declaración (del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos)
invisibiliza esas situaciones que han sido claramente documentadas por los
mecanismos internacionales», asevera Carlos Lusverti, quien además señala que
en el último par de años la persecución en el país es más selectiva; lo que se
traduce en que sigue existiendo y por eso los venezolanos siguen huyendo.
Lusverti
también refiere que la situación económica en Venezuela se ha complicado,
especialmente fuera de Caracas, con lo que los niveles de pobreza se han
incrementado; ante lo que asegura: «Las condiciones que están generando la
migración forzada de la población venezolana siguen estando allí».
El
profesor de la UCAB resalta que las cifras de las Naciones Unidas de este año
dan cuenta de un incremento de migrantes venezolanos
La
directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, condena
que EEUU en vez de «presionar para mejorar las condiciones de los derechos (en
Venezuela), desperdició su influencia buscando el reinicio de las deportaciones
directas».
Goebertus
enfatiza que enviar de regreso a los venezolanos a su país «pondrá a muchos en
riesgo».
«Delicado»
es el adjetivo que utiliza David Smolansky, quien fue Comisionado de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y
refugiados y está exiliado desde 2017, para rechazar el anuncio de
deportaciones anunciado por Estados Unidos.
Smolansky
también se pregunta por qué no aplicar un mecanismo similar a la política de
«pies secos, pies mojados» que ha protegido por décadas a los cubanos, pero
enfocada en los venezolanos; pues enfatiza que sus connacionales «huyen de una
dictadura que es hija de La Habana».
«Deportar
a una población que huye de su país de manera forzosa viola el principio de no
devolución (…) 7,7 millones de personas no huyen de una nación que se arregló
ni tampoco atraviesan el Darién por las sanciones», dijo en X.
Deportación
no es repatriación
El comunicado, emitido por la Cancillería de Venezuela,
expone que luego de conversaciones entre las autoridades de Estados Unidos y el
Gobierno de Nicolás Maduro se suscribió un acuerdo para permitir «la
repatriación ordenada, segura y legal de ciudadanos venezolanos desde los EEUU
a través del programa ‘Vuelta a la Patria'».
No
obstante, los defensores de derechos humanos aclaran que la deportación no es
repatriación, pues no es voluntaria y piden poner atención a las garantías de
seguridad que tendrán estos migrantes al ser llevados de nuevo a
Venezuela.
«No
hay claridad acerca de las garantías que efectivamente puede ofrecer Venezuela
porque sus antecedentes en estos procesos (repatriaciones) han sido bastante
lamentables», recuerda Carlos Lusverti.
Lusverti
explica que la repatriación es una oferta que se le presenta a una persona y
tiene la posibilidad de tomar o dejar. «Para que sea repatriación tiene que ser
un acto voluntario». En este caso, no es así.
Un
venezolano que llegó hace pocos días a México, y que fue consultado por TalCual sobre
qué hará tras el anuncio de deportación de EEUU, dice estar convencido de que
la medida de deportaciones «es para la gente que va a hacer lo malo».
Este
venezolano, de 38 años de edad, aplicará al CBP One con la esperanza de obtener
el permiso para cruzar de manera legal a Estados Unidos y no estar expuesto a
la posibilidad de ser devuelto a su país, de donde salió huyendo por no tener
oportunidades de trabajo que le permitieran al menos garantizarse condiciones mínimas
de vida.
Sostiene,
al igual que otros venezolanos, que de ser devuelto a Venezuela insistiría
nuevamente en la posibilidad de tomar esta ruta en busca de mejores
oportunidades de vida.
Pese
al anuncio de deportaciones de EEUU, el flujo migratorio no se ha detenido por
la selva del Darién. La subdirectora del Servicio Nacional de Migración de
Panamá, María Isabel Saravia, informó el pasado martes 10 de octubre que solo
este año han cruzado más de 424.000 migrantes por esta peligrosa ruta; de los
cuales, 63,9% son venezolanos.
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