Quienes suscriben, miembros de la Red de
Organizaciones Vecinales del municipio Baruta y demás ciudadanos, propietarios,
residentes de las distintas urbanizaciones que integran el mismo y otras zonas
del Área Metropolitana de Caracas.
CONSIDERANDO
Que la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, actuando fuera de su competencia funcional, se ha arrogado
las atribuciones conferidas por la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela al Ministerio Público, como titular de la acción Penal para acusar en
casos de la comisión de delitos comunes, así como las funciones de los
tribunales ordinarios competentes para conocer del desacato en materia de
amparo constitucional.
CONSIDERANDO
Que con arreglo a dichas normas, la Sala
Constitucional, en franca violación a la Ley de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales, ha creado un procedimiento en única instancia, por
medio del cual ha sometido a juicio a diferentes alcaldes, bajo la pretendida
figura del “desacato” a una medida de amparo de carácter preventivo, sobre la
libertad de tránsito, creando un procedimiento no contemplado en la ley,
invadiendo con ello la esfera de competencia de la Asamblea Nacional, Único
órgano deliberante que puede sancionar y modificar leyes.
CONSIDERANDO
Que con dichas infracciones, la
Sala ha violado el derecho a la defensa y al debido proceso de dichos alcaldes,
convirtiéndose en juez y parte, al arrogarse las funciones de acusador y juez,
en un procedimiento para privar ilegítimamente de la libertad a los alcaldes de
los municipios Chacao, El Hatillo y Baruta, condenándolas a penas privativas de
libertad en un procedimiento que los condena y los priva no solo del derecho a
apelar de las condenas, sino de los derechos a la defensa, debido
proceso y al juez natural contenidos en el artículo 49 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
ACORDAMOS.
Exigir de esa máxima instancia cese la
persecución y violación de los derechos de nuestros alcaldes elegidos por la
voluntad popular de habitantes de los municipios donde fueron electos. Elevar
ante la Asociación de Alcaldes, como ante las organizaciones de derechos
humanos, tanto nacionales como internacionales, nuestra voz de protesta y
condena ante estas privaciones ilegítimas de la libertad de las autoridades
municipales de todo el territorio nacional y en consecuencia, brinden su
apoyo a esta denuncia que corre inserta en la ruptura del orden
constitucional que hoy vive nuestro país y que los ciudadanos unidos rechazamos
En Caracas, Baruta, a los 9 días del mes
de agosto de 2017.
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