¿Participar en las elecciones regionales después del fraude constituyente de Nicolás Maduro? Por @ManuelGuevaraB

 Por Manuel Guevara B.

El pasado 30 de julio, la mayoría de los venezolanos decidimos abstenernos en los comicios para elegir a los miembros de una nueva Asamblea Nacional Constituyente convocada fraudulentamente por el presidente Nicolás Maduro,  sin cumplir lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  que obliga a realizar una consulta previa al pueblo para saber si quería o no una nueva Constitución, tal como se hizo en 1999. 

Más allá de que la Constituyente no es necesaria ni resolverá ninguno de los problemas del país, la convocatoria de Nicolás Maduro violentó la máxima  de que solo el pueblo puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y se establecieron sin consulta, unas bases comiciales que violaron principios democráticos como la universalidad del voto, cada persona un voto; y el principio de la proporcionalidad del número de miembros a elegir, dependiendo de la población; al establecerse las elecciones sobre  criterios municipal y sectoriales que determinan q un pequeño municipio elige lo mismo que un gran municipio; y estableció que millones de venezolanos emitieran un voto, mientras que otros, emitieron dos votos.

Por estas razones distintos sectores opositores, encabezados por la Mesa de la Unidad, y otros sectores cercanos al Psuv,  decidieron abstenerse.

Adicionalmente, y no menos graves que las anteriores razones, con la complicidad de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, se organizaron y realizaron a la carrera unos comicios donde se acortaron los lapsos para la realización de las diversas etapas del cronograma electoral, y se violentaron todos los criterios técnicos y mecanismos de control del propio organismo electoral, que garantizaban resultados que reflejaran con transparencia y seguridad la opinión de los electores.  

En estas elecciones, a diferencia de -por ejemplo- las elecciones parlamentarias de diciembre 2015,  no hubo capta huellas, no se utilizó tinta indeleble, no se realizaron muchas de las auditorias técnicas establecidas en los protocolos del CNE, no hubo testigos de la oposición, no hubo observación nacional ni internacional, no hubo auditorias posteriores; se facilitó el voto múltiple, permitiéndose votar en centros electorales a distintos al establecido; mecanismos de control que garantizaron en las parlamentarias de 2015 unos resultados incuestionables. 

Por estas irregularidades técnicas y procedimentales, aparte de lo fraudulento de la convocatoria y de las bases comiciales adoptadas arbitrariamente, los resultados anunciados de la elección del pasado 30 de julio, despertaron sospechas muy bien fundadas de fraude electoral: hay cada día más certeza de la manipulación de las cifras y de intervenciones para elegir a algunos candidatos en detrimento de otros, de acuerdo con las conveniencias políticas de las rectoras del CNE y del presidente Nicolás Maduro.  La certeza de fraude electoral, en los resultados anunciados por Tibisay Lucena la noche del 30 de julio, que la mayoría de los venezolanos tuvimos desde el primer momento, se ha incrementado tanto por las declaraciones del rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, como por la empresa SmartMatic que desarrolló y opera  la plataforma tecnológica del sistema automatizado de votación empleado en Venezuela.

Muy distinto al Fraude Constituyente de Maduro  es la situación que se presenta hoy con respecto a las elecciones regionales, a realizarse en diciembre de 2017.

Las elecciones regionales son un derecho establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desde 2016 la Unidad Democrática ha venido exigiendo al CNE y al régimen, la realización de las elecciones regionales previstas en la Constitución en diciembre de ese año.  En el 2016, el CNE de manera arbitraria e inconstitucional decidió posponer dichas elecciones, para evitar una contundente derrota por parte de los candidatos de la MUD;  igualmente el CNE decidió suspender la convocatoria del referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro, que de haberse realizado hubiera significado su salida inmediata del poder.  Desde entonces, la lucha por las elecciones regionales forma parte indisoluble de la defensa de la Constitución, de la defensa de la descentralización amenazada por el centralismo del régimen de Nicolás Maduro, de la defensa del voto y de la defensa de la democracia.

Finalmente, y como respuesta a la creciente presión nacional e internacional, el CNE anunció,  junto con la convocatoria fraudulenta de la ANC,  convocar para diciembre de 2017 las elecciones regionales,  estableciendo que la inscripción de los candidatos se haría entre el 8 y el 11 de agosto; es decir, pocos días después de la elección fraudulenta de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente.  Las elecciones para alcaldes y concejales quedaron así automáticamente postergadas  para 2018.

De manera aviesa,  el régimen de Nicolás Maduro, a través  de las 4 rectoras del CNE, convoca al mismo tiempo dos eventos electorales muy distintos:  uno inconstitucional como es la Asamblea Nacional Constituyente, y otro perfectamente apegado a la Constitución de la República como son las elecciones regionales para elegir 24 gobernadores de estado. 

Sin duda, en un contexto de la crisis económica, social y política mas grave de nuestra historia, y de mas de cien días de protestas en todo el país, que han arrojado mas de cien personas asesinadas, varios alcaldes enjuiciados y condenados por el TSJ, miles de heridos, detenidos y encarcelados arbitrariamente, el régimen inicia la realización de elecciones para gobernadores, en búsqueda de dos objetivos fundamentales:

El primer objetivo: dividir a la MUD, buscando fracturar a la mayoría opositora y debilitar en consecuencia las luchas que desde hace mas de cien días se vienen realizando contra la ruptura del hilo constitucional y la convocatoria de la ANC. El segundo objetivo: avanzar en su proyecto totalitario controlando las 24 gobernaciones de estado,  confiando en que la mayoría opositora no acudirá a los comicios, como respuesta a la dictadura y represión de los cuerpos de seguridad. Perderíamos las gobernaciones de Amazonas, Lara y  Miranda, bastiones de lucha.

¿Frente a esta compleja realidad,  en el marco de la cual se convocan elecciones regionales,  luego de un escandaloso fraude constituyente, qué deben hacer los sectores democráticos que enfrentan al régimen de Maduro?

La primera y comprensible actitud que surge de muchos venezolanos ante el fraude y la confusa y compleja de la situación, es negarse a participar en unas elecciones con unas rectoras del CNE, al servicio de la dictadura,  que fueron las responsables del escandaloso fraude constituyente de Nicolás Maduro.  La segunda actitud que surge en muchos venezolanos ante las denuncias de fraude electoral el 30 de julio, es exigir a la Asamblea Nacional el cambio de las rectoras del CNE, sin lo cual no sería aceptable participar en las elecciones regionales.   

Con todo respeto, considero que ambas actitudes, válidas y respetables, lógicas dado tanta arbitrariedad y abuso,  nos conducirían a desenlaces que en el futuro inmediato, no favorecerían el proceso de acumulación de fuerzas para desplazar por la vía democrática, pacifica y constitucional a la dictadura de Nicolás Maduro y no favorecerían las luchas por la recuperación democrática de Venezuela.

No participar en las elecciones regionales convocadas por el CNE, contempladas en la Constitución,  negaría de facto una de las principales exigencias de los sectores democráticos desde 2016 que eran la convocatoria a elecciones regionales. Seria entregarle al régimen, por forfeit, las 24 gobernaciones en juego. Sería repetir el error histórico del 2005, cuyas consecuencias todavía estamos pagando.  Recordemos que la actual  conformación del CNE, con cuatro rectores del oficialismo y uno del sector democrático,  fue una consecuencia de una Asamblea Nacional controlada por el Psuv.

Para muchos caraqueños, las gobernaciones de estado no son valoradas como instancias de importancia, a diferencia de lo que piensan los habitantes del Zulia, Táchira, Aragua, Mérida, Sucre, Lara, etc.  para quienes contar con un buen gobernador, es fundamental para la vida cotidiana, para la resolución de los problemas y para el progreso de sus regiones.   Además, no hay que desestimar la importancia que tendría para un nuevo gobierno contar a su lado con la mayor parte de las gobernaciones y alcaldías.  En el caso contrario, la férrea oposición de estas instituciones sería un gran obstáculo para el proceso de recuperación del país. 

La MUD no es el único actor político enfrentado al régimen de Nicolás Maduro.  Varios partidos y grupos regionales van a participar, independientemente de lo que decida la Mesa de la Unidad.  En todos los estados del país, existen candidatos a la gobernación, que vienen trabajando promoviendo sus candidaturas, y esos candidatos inscribirán sin duda sus candidaturas y participaran en el proceso electoral regional.

Exigir un nuevo CNE como condición indispensable para inscribir candidatos y participar en las elecciones regionales, es aspirar a una ilusión. Ya hemos visto que ha pasado con los magistrados del TSJ designados por la Asamblea Nacional: tres magistrados presos, varios asilados en la embajada de Chile y el resto escondidos. Mas allá de la constitucionalidad de esos nombramientos, la eficacia política de la decisión de elegir nuevos magistrados del TSJ es casi nula.  Algo igual pasaría, lamentablemente, con nuevos rectores del CNE designados por la Asamblea Nacional.

Si la Mesa de la Unidad decidiera abstenerse, el régimen se abocará a realizar “como sea” las elecciones regionales.  La estrategia del régimen para mantenerse en el poder está clara: dividirnos,  estimular la desesperanza, procurar que no participemos y controlar las 24 gobernaciones y luego las 335 alcaldías de todo el país.

 

Si la MUD decidiera participar, el régimen tendrá con toda seguridad que suspenderlas o anularlas, porque sabe que en alrededor de 20 de las gobernaciones perdería, teniendo que pagar el altísimo costo político de esa nueva arbitrariedad.

No es fácil la coyuntura y la disyuntiva que tienen enfrente las fuerzas democráticas.  Enfrentamos un enemigo perverso, sin escrúpulos y con muchos recursos.  El camino es siempre luchar; luchar en los distintos tableros: en la calle, en la Asamblea Nacional, en la comunidad internacional, en los gremios y comunidades, en las empresas e instituciones y en el plano electoral.  Todos son importantes.

Qué necesitamos:

  

·        Necesitamos antes que nada, ponernos de acuerdo. 

·        Analizar con frialdad la compleja situación en la que estamos y tomar las decisiones con el mayor consenso posible.

·        Necesitamos un discurso unificado.  

·        Necesitamos un discurso y una actitud amplia hacia los sectores críticos del chavismo que vienen oponiéndose a la dictadura.

·        Necesitamos mantener la protesta en la calle, por los distintos problemas que nos aquejan: escasez, hambre, inflación, inseguridad, falta de medicinas, presos políticos, servicios públicos. 

·        Necesitamos monitorear las actividades de la constituyente y enfrentar las decisiones que puedan tomar. 

·        Necesitamos seguir luchando para recuperar la democracia y las libertades.

·        En este momento, la tarea es inscribir los candidatos; luego se acordara un mecanismo para alcanzar las candidaturas únicas.

·        Necesitamos Unidad y más Unidad

Nota final: La pertinencia de estas opiniones y reflexiones están sujetas por supuesto a la evolución de los acontecimientos, en pleno desarrollo.

03-08-17