Durante el presente año 2024 se han conocido en forma reiterada opiniones de empresarios, consultores y académicos del sector privado relacionadas con un posible aumento de salario a los trabajadores, el establecimiento de una nueva relación entre empleadores y trabajadores y la marcha del diálogo social con el gobierno nacional.
Sobre estos temas debemos decir que mucha agua ha caído sobre los techos de cartón, en circunstancias que no solo son referidas al siglo XXI, también a la última década del siglo pasado cuando se aprobara la Ley Orgánica del Trabajo en 1990 y su posterior reforma de 1997, la cual estuvo vigente hasta 2012, sustituida luego con la inconsulta imposición presidencial del Decreto Ley DLOTTT vigente hasta hoy.
De tal manera, al transcurrir más de tres décadas, estos temas han revoloteado la interlocución del mundo del trabajo, a tal extremo que la carta magna de 1999 legisló sobre el tema en el texto constitucional y disposiciones transitorias, las cuales finalmente fueron desestimadas y vulneradas por la actual gestión durante un cuarto de siglo, demostrando que sus demagógicas promesas de redención laboral solo fueron un anzuelo y señuelo electoral, en procura de votos como estrategia para mantener el poder.
Por tanto, las recurrentes frustraciones de los trabajadores acumuladas desde la última década del siglo XX hasta el presente, en un contexto de debilitamiento extremo, atraso y fragmentación del movimiento sindical venezolano, es el caldo de cultivo para la promoción de toda suerte de herejías contra el concepto de trabajo digno acordado a nivel global por la OIT.
La fuente de la degradación del trabajo ha sido un proceso planificado de demolición del sistema de relaciones de trabajo, iniciado bajo la gestión de Hugo Chávez, con la demonización de los convenios colectivos, cuya intención según los ministros del Trabajo de marras era “reproducir los valores egoístas de la burguesía en la conciencia de los trabajadores”, la persecución despiadada a sindicalistas clasistas mediante la judicialización de la protesta y la promoción de sindicatos paralelos, entre innumerables tropelías bajo el amparo del poder.
Esta política de Estado fue multiplicada y extendida bajo la gestión de Nicolás Maduro, quien no ha escatimado esfuerzo alguno para pulverizar el salario, consistente hoy en 3,40 dólares mensuales, el más bajo a nivel planetario; perseguir e imponer juicios sumarios contra sindicalistas por exigir reivindicaciones, suspender indefinidamente las elecciones sindicales como es el caso de Sutiss y la Futpv, y mediatizar la justicia laboral a los caprichos del Estado.
El sumun de esta política depredadora de la condición de vida de los trabajadores activos, de los jubilados y pensionados es la sustitución del salario y la pensión por bonos miserables entregados por el empleador público y privado, justificados como compensación de una guerra económica fabricada desde el poder para imponer una semiesclavitud sobre la condición laboral.
En resumen, según esta política el trabajador solo puede pensar en el presente, porque el pasado ya se lo arrebataron al robarle sus prestaciones sociales, y el futuro tampoco le pertenece pues el bono no impacta su antigüedad en el trabajo.
Ante este apocalipsis laboral jamás conocido en el continente americano, nos sorprende la insistencia desde el lado empresarial privado en su “visión optimista y reducida” de la tragedia que afecta a la población activa e inactiva del país.
Indican que “no se puede avanzar en un proceso de recuperación del salario de los trabajadores si no hay cambios en la ley del trabajo”, y agregan que “se debe discutir una nueva relación entre el trabajo y los trabajadores, buscando la manera más sana de tener una nueva estructura laboral donde el empleado pueda percibir más ingresos y mejorar su calidad de vida”.
En pocas palabras, la degeneración del trabajo que afecta a millones de habitantes de un país en ruinas se supera teniendo más ingresos, ¿a eso se reduce la visión empresarial privada sobre el trabajo?, a unos dolaritos más a cambio de suspender la LOT, que de facto está suspendida por los desmanes laborales de la dictadura. ¿Y dónde queda la seguridad social, la libertad sindical, la negociación colectiva?
Para colmo de males, la “visión optimista” no tiene límites cuando se refieren al Foro Social al indicar que han tenido unas mesas de diálogo social que han funcionado relativamente bien, aunque no ocurren con la constancia y disciplina que amerita el caso. «Estamos lejos de las perfecciones que necesita un diálogo social y político, pero lo importante es que se trabaja en ello».
En resumen, se espera buena voluntad de un régimen que desde 2022 hasta el presente, luego de 4 reuniones del Foro Social promovido por la OIT, ha boicoteado todos y cada uno de sus “acuerdos”, para no aplicar ninguno, evadiendo los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo coordinada con la presencia de una delegación del organismo tripartito global.
La presencia de trabajadores y empresarios privados es necesaria en esa instancia creada por la OIT, como escenario que demuestra ante la comunidad internacional el talante de una tiranía que permanece incólume, en la violación de los convenios 87 de libertad sindical, 26 de fijación de salarios mínimos y 144 de reuniones tripartitas. De allí a esperar buenas migas es una vana ilusión.
Ante las puertas de un cambio político trascendental el próximo 28 de julio, los trabajadores debemos considerar y no descartar, en pro de una nueva etapa democrática, nuestro aporte abriendo lapsos de transición de los derechos laborales, a cambio de recuperar nuestra condición de vida y las libertades democráticas que hemos perdido a lo largo de siglo XXI.
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