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viernes, 19 de marzo de 2010

Consejos revolucionarios de gobierno vs gobernantes democráticamente electos


Por Beatriz González

En las elecciones regionales llevadas a cabo en noviembre de 2008 mediante sufragio universal, directo y secreto fueron elegidas las principales autoridades locales y municipales de cada uno de los estados de Venezuela. En esa oportunidad, la oposición conquistó varias gobernaciones emblemáticas en el acontecer nacional, y una cantidad importante de alcaldías a lo largo y ancho del país.

A lo largo de estos dos años los gobernadores de Táchira, Zulia, Miranda y Nueva Esparta han sido atropellados por medidas emanadas desde el Gobierno nacional, recortes de presupuesto, insultos, burlas y obstáculos a la hora de desempeñar sus funciones constitucionales han sido el pan nuestro de cada día de todas y cada una de las gobernaciones que no son «rojas-rojitas».

Todos esos atropellos habían sido elaborados de manera sencilla, hasta la aprobación de la Ley del Consejo Federal de Gobierno, la cual permite la creación «en pro de la descentralización» de consejos revolucionarios de gobierno que absorban competencias de estos mandatarios quitándoles funciones o instituyendo «gobiernos paralelos».

La decisión de conformar un consejo revolucionario de gobierno en Táchira para anular el liderazgo del copeyano César Pérez Vivas, la maniobra judicial del Tribunal Supremo de Justicia para impugnar las elecciones en el municipio Sucre del estado Zulia son pruebas evidentes de que el gobierno de Chávez busca por todos los medios invalidar liderazgos locales que difieran de su proyecto personalista.

Esta ley, por demás arbitraria e inconstitucional, modifica las competencias de los gobernantes regionales y le otorga al Ejecutivo nacional capacidad de elaborar, manipular y modificar situaciones locales tal cual como era el propósito de los vicepresidentes regionales en el proyecto de reforma constitucional, el cual fue vetado por el soberano.

Una vez más los caprichos del «único líder» se imponen por encima de las decisiones tomadas por los ciudadanos mediante el voto. Nuevamente se evidencia que cuando el pueblo elige algo que difiere del pensamiento «revolucionario» esta elección se anula por políticas abusivas.

Ahora quedará ver si el venezolano decidirá aguantar que en cada uno de sus estados y municipios se reproduzcan situaciones como las de la jefa de gobierno Jacqueline Farías y el abuso de poder en contra de un alcalde democráticamente electo como Antonio Ledezma, alcalde metropolitano.

Publicado por:
UCAB Planta Baja

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