El Viernes pasado presenciamos uno de esos eventos que debemos recordar para la historia contemporánea de la República “Bolivariana” de Venezuela, fue el día que se cometieron una serie de eventos encadenados contra un hombre al que le atropellaron sus derechos fundamentales.
Lamentablemente el hecho que a un ciudadano se le atropellen sus derechos es un drama cotidiano de la vida en Venezuela, pero cuando se atropellan los derechos a un Diputado electo por votación popular las cosas toman un cariz de suprema gravedad para la convivencia pacífica del país.
Ese ciudadano es Wilmer Azuaje, Diputado por el Estado Barinas, chavista hasta el año 2008, de tendencia opositora desde entonces y que se ha dado a la tarea de levantar denuncias y expedientes de corrupción, que involucran directamente a la familia del Presidente de la República, por sus negocios y propiedades en el Estado Barinas.
Al Diputado Azuaje lo acusan de agredir física y verbalmente a una funcionaria del CICPC (Órgano de investigaciones Penales y Criminalísticas), cuando el Jueves en la mañana se dirigió a la sede de esa institución a reclamar los documentos de un vehículo, propiedad de su Señora Madre, que estuvo involucrado en el ataque y balacera que terminó con la vida de su hermano menor, en unos hechos no aclarados completamente hasta el momento desde hace ocho meses. Al Diputado se le acusa de violencia contra está funcionaria, sin embargo nos parece que allí está la raíz de toda la situación que desencadeno en los hechos que culminaron con el allanamiento de su inmunidad parlamentaria.
Efectivamente el CICPC devolvió el vehículo a la familia, pero no les entrego los documentos que acreditan su propiedad, ocho meses después, podemos entender que Wilmer Azuaje al pedir explicaciones sobre los documentos y al no recibir la respuesta adecuada, entrara en cólera y probablemente le alzara la voz a la funcionaria, pero también estamos seguros que la dama tampoco se quedó callada, y entraron en una discusión acalorada, la pregunta es: ¿Quién no se arrecharía con el funcionario o funcionaria que no es capaz de dar respuesta a sus justas quejas?
La información filtrada es que los hechos no pasaron de unas cuantas palabrotas de ambos lados, intervino un Comisario Jefe que pidió disculpas por el retraso en la entrega de la documentación al Diputado, acto seguido se presentaron dos fiscales del Ministerio Público (rojo, rojito) e hicieron preso al Diputado por supuesta violencia en flagrancia contra la funcionaria, testigo presencial de esta situación fue el Diputado Ismael García que acudió inmediatamente a la sede del CICPC al enterarse de los acontecimientos.
Sin embargo más grave aún nos parece la conducta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un lapso menor a 24 horas, se convoca de urgencia a la Sala Plena del Tribunal, es decir a todos los magistrados, 32 en total, y se hacen presentes 24 de ellos, atendiendo a la solicitud del Ministerio Público y de acuerdo con el Artículo 200 de la Constitución, que hace referencia a la inmunidad parlamentaria y a los procedimientos para el enjuiciamiento de Diputados cuando cometen delitos.
En la sesión en Sala Plena del TSJ, se comete una violación gravísima al texto Constitucional, pues de acuerdo el Artículo 40 Constitucional que habla nada más y nada menos que sobre el “debido proceso” a los acusados de un delito, pasan por encima el ordinal 3 que dice:
“3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente”
Ellos son el Tribunal competente, sin embargo los Magistrados toman la decisión de abrirle un expediente al Diputado Azuaje y solicitan a la Asamblea Nacional que le allane la inmunidad parlamentaria, sin haber oído al acusado, que estaba en custodia en la sede del TSJ, es decir lo que tenía que decir el Diputado Azuaje no importó en lo absoluto, y asumiendo como prueba válida la declaración de una funcionaria pública y alegando la flagrancia en el delito (que sirve para cualquier montaje), definen el futuro de un ciudadano que únicamente pretendía que en justa razón le entregaran documentos de su legítima propiedad ocho meses después.
Mientras ocurría esta situación la Asamblea Nacional esperaba desde las once de la mañana, la decisión del TSJ, la decisión que ya todo el mundo sabía, para después de un debate donde ocurrieron cosas interesantes, la plenaria violando el Artículo 25 de su Reglamento de Debates, le allano la inmunidad parlamentaria al Diputado Azuaje por 105 votos a favor, 6 votos en contra, de un total de 165 Diputados.
Reconocemos la dignidad y el coraje de la bancada oficialista de Patria Para Todos (PPT) quienes se retiraron de la sesión alegando que se estaba cometiendo un atropello, la violación al debido proceso y la violación al Reglamento de Debates por parte de los Diputados del PSUV (Partido de Gobierno) y del PCV (Partido Comunista de Venezuela).
Los derechos del Diputado Azuaje fueron violados por una cadena de eventos a todas luces ilegales e inconstitucionales, repetimos, con esta manera de actuar, atropellando y abusando del poder, la vida republicana corre peligro, pues ante tamañas violaciones de la Constitución y del debido proceso, pocas son las opciones le quedan a la disidencia política, lo que suceda desde aquí en adelante será de entera responsabilidad del Ejecutivo Nacional y del Partido de Gobierno.
Mientras tanto Wilmer Azuaje está enjuiciado, con régimen de presentación, allanada su inmunidad parlamentaria, y los documentos de propiedad del vehículo de su Señora madre siguen sin aparecer ocho meses después.
Editorial del Equipo Productor
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