Alexander Medina 02 de abril de 2021
La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y
Adolescentes (REDHNNA) emplazó este jueves 1 de abril, a través de un
comunicado, al Estado venezolano que cumpla de manera inmediata con su
obligación de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes de las
poblaciones de La Victoria, Tres Esquinas, Arenales, El Ripial y Guafitas en la
frontera del Alto Apure.
Destaca la Red que miles de niños en esa zona han
sido afectados y desplazados como resultado del conflicto armado entre
irregulares y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
En ese sentido, las organizaciones defensoras de los
derechos de la infancia en Venezuela que suscribieron este pronunciamiento
alertan que «Venezuela, al suscribir y ratificar la Convención sobre los
Derechos del Niño, de su Protocolo Facultativo para la Protección de Niños en
conflictos armados y de otros y tratados de derechos humanos, debe manejar con
extrema precaución el enfrentamiento en la frontera con Colombia entre grupos
armados irregulares y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)».
Agregan igualmente que es deber del Estado venezolano
«garantizar la protección de la población civil, brindando cuidados y
asistencia especial a la niñez como población con mayor riesgo de ser víctima
de daños, lesiones, extorsión, reclutamiento, secuestro, explotación sexual,
represión, detención arbitraria, persecución y otras formas de violencia por
parte de funcionarios, quienes pudiesen vulnerar, entre otros, su derecho a la
vida, a la integridad personal, a un nivel de vida adecuado y a no sufrir
separación de sus padres y familiares».
Dicen preocuparles las declaraciones del canciller
venezolano Jorge Arreaza en las que revela que en esa zona fronteriza se han
colocado minas antipersonas por parte de los grupos insurgentes que actúan
fuera de toda ley. Y añaden a este sentir el hecho de que a esta operación
militar le fuese incorporado un contingente de las Fuerzas de Acciones
Especiales, FAES, de la PNB, «en lugar de generar oportunidades para pacificar
el lugar con medidas y acciones que promuevan el cese del conflicto y el retiro
de los grupos armados irregulares actuando en el territorio».
En concreto la REDHNAA exige:
1. Garantizar que la actuación militar y policial en la
zona cumpla con la normativa de respeto de derechos humanos, así como la
protección prioritaria de la población civil, específicamente de niñas, niños y
adolescentes, y que cesen los operativos bélicos para perseguir y reprimir a la
población residente de estas comunidades.
2. Promover acciones a partir de las cuales sea posible
plantear negociaciones que apunten al cese del conflicto armado en el menor
tiempo posible.
3. Crear los mecanismos seguros para el retorno de la
población venezolana que ha huido con base en el derecho internacional
humanitario y con respeto a su dignidad personal.
4. Adoptar todas las medidas apropiadas para promover la
recuperación física y psicológica, y la reintegración social de todas las
niñas, niños y adolescentes víctimas de esta situación.
5. Exigir a las autoridades de Colombia cumplir con su
mandato de protección internacional a los niños, niñas y familias que fueron
desplazadas producto del conflicto armado y se les garantice el estatus de
refugiado con los derechos y garantías que dicho estatus implica.
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