La Gran Aldea 14 de septiembre de 2022
– “El
reacercamiento ocurre en un entorno de inseguridad más complejo tras cuatro
años de ruptura de relaciones diplomáticas, con un cambio mayor en la
orientación política del gobierno colombiano, la inocultable autocratización
del régimen venezolano y con muchos y muy diversos intereses y relaciones
estratégicas en juego.
– En general, si Maduro había insistido recurrentemente en alentar la normalización, una vez restablecido en vínculo diplomático y designados embajadores en Caracas y en Bogotá, van apareciendo frenos a la aceleración en el acercamiento económico, alegando la necesidad de revisar acuerdos y condiciones comerciales y, particularmente, para la anunciada apertura del tránsito fronterizo. Esto podría leerse como interés -que ojalá lo hubiese- en apoyar a los productores y la competitividad nacional para aprovechar las ventajas de la recuperación del comercio binacional, con su larga historia de oportunidades, complicaciones, deudas, casos pendientes e inseguridad jurídica. Son asuntos para los que la propuesta de Maduro de una “gran zona económica, comercial y productiva entre Táchira y Norte de Santander” no precisa respuestas. En cambio, la lentitud y cautelas expresadas posteriormente más bien parecen parte del pulso político de control gubernamental de la economía, la política regional y la “válvula” migratoria que facilita la salida y frena la entrada de venezolanos. A la vez, se van añadiendo temas, condiciones y presiones a la normalización fronteriza que, por lo que anuncia el oficialismo desde allí, en lo inmediato solo sería simbólica y poco contribuiría a la seguridad y prosperidad fronteriza, la atención binacional al flujo migratorio y los acuerdos e infraestructura para suministro de gas a los que aspira Colombia.
– Lo
que se va confirmando en palabras y silencios es que normalizar vínculos para
el régimen venezolano pasa, inicial y principalmente, por su necesidad de
legitimación internacional, en sus propios términos: en primer lugar la
deslegitimación de escrutinios sobre su desempeño y, especialmente, sobre la
pérdida de libertades y derechos de los venezolanos.
– La
verdad es que, en su abundancia y tono, las declaraciones, entrevistas y
afirmaciones del embajador de Colombia hacen lucir discretas y cautelosas las
del lado venezolano. Espacio y oportunidades abundaron a partir de una densa,
acelerada y muy publicitada agenda de contactos. Entre expresas evasivas a
tratar ciertos temas, incluida su insistencia en “deselenizar” (como referencia
al ELN) las relaciones diplomáticas, hay dos de sus declaraciones que no pueden
pasarse por alto por lo que asoman sobre el modo y propósito de apurar el
reacercamiento.
– La
posibilidad de que Colombia retire su apoyo a la solicitud de investigación
sobre Venezuela ante la CPI, a semejanza de la iniciativa argentina de mayo
pasado y que ha sido confirmada como posibilidad por el canciller Álvaro Leyva,
ha despertado muy justificada preocupación y crítica. Aunque es un gesto sin
efectos prácticos porque no detiene el procedimiento en marcha, transmite un
mensaje de negación de la gravedad y las responsabilidades personales por la
comisión de gravísimas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Valga
recordar, para lo inmediato, que entre septiembre y octubre se reúne el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU y que allí se votará sobre la prórroga del
mandato a la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos
sobre Venezuela.
– Otro
asunto ofensivo en dichos y hechos ha sido no solo la ausencia de apertura a
encuentros con actores políticos no gubernamentales, sino el modo despectivo de
referirse a Juan Guaidó, que reconocido o no como presidente interino, con
críticas mayores o no a la gerencia interina de la empresa Monómeros -de tanto
interés para Colombia-, es un dirigente de la oposición democrática. Se trata
de una señal política que, junto al asomo de la posibilidad de retiro del apoyo
a la causa en la CPI perfila una relación descarnadamente pragmática, abundante
en costos y riesgos, especialmente pero no solo para los venezolanos.
– Por
lo pronto, en su interés de impulsar la unidad latinoamericana, el presidente
Petro en su primer viaje al exterior, para asistir en Lima al Consejo
Presidencial Andino, ha propuesto el marco institucional de la Comunidad Andina
para que regresen a él Venezuela y Chile, y para que se amplíe a Argentina.
Bueno sería que en el camino no se olvidaran los compromisos democráticos y con
los Derechos Humanos, tampoco los sociales y comerciales de esa
institucionalidad. Sobre los primeros, no ha sido buena la señal de la ausencia
de Colombia en la votación de la resolución del Consejo Permanente de la OEA
sobre la situación de Nicaragua. Esa ausencia no deja de hacer ruido.
Vene-
Aun desde ese pragmatismo no sobra volver a asomar una conjetura en medio de
tanto ruido y la administración de las palabras de Petro: que además de las
necesidades materiales, de seguridad y humanitarias a atender con la
reanudación de las relaciones con Venezuela, se trate también de hacer de
Colombia no un aliado ni un socio pragmático, sino un país dispuesto a contener
y contribuir a superar del modo más conveniente y eficiente posible, unilateral
y regionalmente, la crisis de Venezuela. Oportunidades sigue habiendo. Ojalá
que así fuera. Sería terrible que los loables empeños por lograr la paz en
Colombia alentaran la continuidad de la opresión de Venezuela”.
Tomado
de: https://www.lagranaldea.com/2022/09/14/venezuela-y-colombia-mensajes-y-riesgos-a-la-vista/
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