Víctor Rodríguez Cedeño 31 de octubre de 2023
La
contundente victoria de María Corina Machado el pasado 22 de octubre, que la
posiciona como la líder y candidata de la oposición, ha provocado un
desespero peligroso en el régimen. Primero, con sus ataques y persecución
reiterada a dirigentes políticos opositores y a los miembros de la Comisión de
Primarias y de todos los que de alguna manera participaron en la organización
esta jornada histórica y, ahora, con la convocatoria de un disparatado
referéndum consultivo “en defensa de la Guayana Esequiba”, según lo acordado
por el Consejo Nacional Electoral en días pasados, iniciativa que refleja la
falta de seriedad absoluta de un régimen irresponsable que en su empeño en
quedarse en el poder y para distraer la atención por la realidad política que
le es adversa como nunca antes, pone en riesgo los intereses de la República.
En la convocatoria se plantean cuestiones muy delicadas que, en efecto, lejos de favorecer y fortalecer la posición de Venezuela en el proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que examina ahora el fondo de la demanda de Guyana del 29 de marzo de 2018, la afecta de manera grave y peligrosa.
El
régimen ignora deliberadamente que la integridad territorial de la República
está definida en el artículo 10 de la Constitución de 1999 que reafirma lo
dispuesto en todas las Constituciones de Venezuela desde 1830. “El territorio y
demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la
Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el
19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y
laudos arbitrales no viciados de nulidad.” La defensa de ese territorio
corresponde evidentemente al Estado, a los gobiernos, sin que sea necesario
para ello una consulta popular que signifique autorización o mandato.
Sin
entrar en mayores detalles, me refiero solo a las preguntas 3 y 5 que considero
una aberración sin precedentes. En relación con la primera, debemos decir que
no tiene sentido consultar a los venezolanos sobre si aceptan o no la
jurisdicción de la Corte, toda vez que la misma Corte se ha declarado
competente y ha admitido la demanda de Guyana de 2018, decisiones vinculantes
como lo prescribe su Estatuto del cual son parte todos los Estados Miembros de
las Naciones Unidas. Además, se ignora también deliberadamente que Venezuela
participó en el proceso en la parte preliminar (admisibilidad), lo que según el
derecho internacional y la jurisprudencia de la misma Corte, significa la
aceptación de la competencia (forum prorogatum). Es inconcebible e
inconveniente que a estas alturas se consulte a los venezolanos sobre la
aceptación o rechazo de la competencia de la Corte cuando es un tema superado.
Si el
referéndum es aprobado y el Estado decide cumplir con el mandato popular
tendría que plantear nuevamente la cuestión de la competencia de la Corte lo
que sería absolutamente contrario a todo. Una decisión en ese sentido sería muy
criticada, más por la misma Corte que se sentiría burlada por la decisión de un
Estado que participa en un proceso ante ella.
La
pregunta 5 es aún más delicada. La creación de un Estado de Guayana
contrariaría absolutamente el Derecho Internacional, más aún cuando el territorio
está en disputa, es decir, es objeto de una controversia que siempre ha sido
manejada con cautela y respeto por los gobiernos democráticos y dentro del
marco del Derecho Internacional y de las relaciones de buena vecindad.
La
anexión de territorios por cualquier vía podría relacionarse con la agresión o
su amenaza, lo que afectaría la paz y la seguridad internacionales, con
las delicadas y peligrosas implicaciones que trae y que en definitiva podrían
comprometer al país.
El
régimen no toma en serio el proceso ante la Corte, ni mide los riesgos que
significa adoptar medidas desmesuradas para resolver la controversia. Hacer
política interna comprometiendo los intereses de la República y sus nacionales
y la estabilidad de la subregión, es absolutamente irresponsable y condenable.
Esperemos que el régimen reflexione y revoque esta consulta que nada bueno va a
traer.
Víctor
Rodríguez Cedeño
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