Por Eduardo Matute Alfonso
Frente a la propuesta presentada
por el Plan País, se ha generado una continua información sobre las
consecuencias favorables de una medida destinada a paliar las circunstancias
por las que atraviesa el sector más débil de la sociedad venezolana.
Tres circunstancias obligan
a una política de este tipo: 1. El saneamiento de la economía con medidas de
ajuste, no pueden perjudicar a los grupos sociales “que han sufrido con mayor
crudeza, la actual crisis”. 2. “La demanda de cambio político por parte de la
población venezolana están fuertemente vinculadas con la expectativa de
mejorías rápidas y sostenidas en las condiciones de vida”, en otras palabras,
la viabilidad de un nuevo gobierno está directamente vinculada a un cambio en
las condiciones de vida, de manera casi inmediata. Y 3. La presión que ejercerá
el regreso de migrantes, en un eventual cambio de gobierno, debe ser afrontada
con urgencia. (el entrecomillado pertenece al informe presentado por la
investigadora de la UCAB, Lissette González) (1).
En el año 1989, el recién
constituido gobierno de Carlos Andrés Pérez tuvo que asumir, sobre la marcha,
una política social, destinada a paliar los efectos del ajuste impulsado en la
primera semana de gobierno y como respuesta a los sucesos de finales de
febrero, conocidos como “el caracazo”. En el diseño de esa política se
establecieron medidas de transferencia directa a segmentos focalizados de la
población, que tendían a ser de carácter transitorio, en aquellos casos que no
estimularan organización y condiciones de ingresos autónomos y otras de
carácter permanente que estimulen los esfuerzos positivos de ingresos y
articulación de la población. En los primeros estuvo el subsidio al transporte
colectivo, y en los segundos la institucionalización de los multihogares de
cuidado diario y el financiamiento de las empresas asociativas, ambas medidas
coordinadas bajo el Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por la Socióloga
Marisela Padrón Quero. Al ser diseñados con posterioridad a las medidas de
ajuste, su ejecución tardó 10 meses en implementarse, cuestión que no puede
suceder en el momento de una transición.
El economista Gerver Torres,
ha señalado que el gobierno de EEUU, “mantiene 6 programas de transferencias
directas a los más pobres, incluyendo subsidios para alimentos y salud. Estos
son focalizados, condicionados y temporales”. No sólo en Estados Unidos, hay
por lo menos, 3 casos estudiados en América Latina, considerados como exitosos:
Bolivia, República Dominicana y Costa Rica. Bolivia, a partir del 2006,
“implementó un programa de transferencia monetaria condicionada no focalizado
en todo el país que entrega transferencias a los hogares de niños en edad
escolar, condicionadas a la asistencia escolar.
El programa aumentó la
probabilidad de trabajar y el número de horas de trabajo semanales de las
madres de los niños elegibles, fundamentalmente en zonas con acceso limitado a
los servicios financieros formales. El programa permitió a las madres de los
niños elegibles trabajar más dado que utilizaban las transferencias para
comenzar o ampliar pequeños negocios” (2). “Un programa de transferencia
monetaria condicionada en la República Dominicana ofrecía una oportunidad para
aleatorizar la entrada de 61 empresas en 72 mercados y estudiar los efectos del
aumento de la competencia en los precios y en la calidad del servicio para los
beneficiarios del programa.
Seis meses después de la
intervención, la entrada en el mercado produjo una disminución de los precios y
una mejora de la calidad del servicio referida por los propios consumidores”.
(3). En Costa Rica, el IMAS, con contribuciones directas de la Seguridad
Social, mantiene programas de apoyo temporal a las madres de familia, que
envíen a sus hijos a las escuelas públicas, con estímulo a la creación de
autoempleos en cooperativas de producción.
En el escenario de una transición,
siguiendo a la investigadora L. González, es elemental considerar que la
política social “tendrá que formar parte de la estrategia central de
consolidación del nuevo gobierno”, y en principio deberá considerar 1)
subsidios directos que garanticen el consumo básico de la población empobrecida
por el contexto hiperinflacionario 2) programas de recuperación nutricional
para la población más vulnerable y en riesgo nutricional.
En el primer programa, “dado
el empobrecimiento generalizado de la población venezolana de los últimos años,
establecer mecanismos sofisticados de focalización no sería tan importante como
la rapidez en la entrega del subsidio”, en tanto que en el segundo “Los
programas de recuperación nutricional de la población más afectada por la
crisis son indispensables para garantizar que puedan superar el daño que han
sufrido y, sobre todo en la población infantil, dar alguna posibilidad de
desarrollo futuro”.
Existen experiencias locales
y en otras latitudes que den soporte a esta política social, de inmediata
aplicación en un gobierno de transición.
(1) “El Desafío venezolano
III: la consolidación de una transición democrática” (UCAB 2018)
(2) ¿Pueden los programas de
transferencia monetaria aumentar el empleo? Vera-Cossio, Diego A. (BID 2019)
(3) ¿Cómo afecta el aumento
de la competencia a los precios y la calidad en el sector minorista? Busso
Matías, Galiani Sebastián (BID 2019)
(4) El agradecimiento al
esfuerzo de síntesis de Douglas Barrios (@dougbarrios) y Enderson Sequera
(@endsequera), sobre los cuales basé este artículo
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