Marta de la Vega 05 de abril de 2021
Lo que en el conocimiento común es definido como
Estado, con sus elementos y características, sirve para medir la magnitud y
alcance de la desaparición del Estado venezolano, convertido hoy en una banda
mafiosa de delincuentes, algunos, autores comprobados de crímenes de lesa
humanidad, que han usurpado las estructuras estatales y dominan las
instituciones mediante el terrorismo de Estado, la coacción arbitraria y
discrecional, el miedo y la miseria de las mayorías.
Venezuela pasó de ser un Estado forajido, subsidiario
de Cuba desde que Chávez llegó al poder en 1999, vinculado con el crimen
organizado transnacional y sustentado geopolíticamente por regímenes como
Rusia, China, Irán y Turquía —todos contrarios a la democracia y con poderosos
intereses económicos en el país—, a estar a la deriva, sin Estado ni gobierno
efectivos.
La camarilla militar civil que Maduro preside no tiene
interés en el bien común ni en el bienestar de los ciudadanos, ni en una
economía productiva ni en servicios públicos extendidos a todo el país,
eficaces y con mantenimiento preventivo, ni en la transparencia de la gestión
pública ni en el respeto a la integridad, los bienes y la propiedad de los
ciudadanos. Y cuenta con el silencio cómplice de oportunistas que pretenden
acuerdos «parciales» con «quienes tienen el poder».
Para mantenerse aferrados a Miraflores, todo vale: la
pérdida de la soberanía nacional, la entrega sin pudor de zonas estratégicas
del territorio, que se han tomado fuerzas extranjeras de ocupación, como los
cubanos, rusos, chinos e iraníes, o bandas criminales como Hezbollah o Hamas, o
fuerzas irregulares provenientes de Colombia como el ELN y las FARC, hoy
divididas entre los fundadores de la nueva Marquetalia, alias Iván Márquez y
alias Jesús Santrich, férreos aliados de Maduro, y la otra disidencia de las
FARC, dirigida por Gentil Duarte.
Es clave distinguir el Estado del gobierno, que es uno
de sus elementos fundamentales, pero no el único, junto con la población, el
territorio y la soberanía. El Estado permanece, antecede y subyace a los
gobiernos y es independiente de estos.
Los gobiernos son transitorios; conformados por
individuos que ocupan cargos en el Estado, lo administran, ejecutan sus
políticas y obligaciones, toman decisiones políticas y administrativas y
cumplen las funciones públicas.
*Lea también: Guerra y paz, por Américo Martín
El Estado articula las estructuras del orden jurídico
para la cooperación social; sustenta las leyes y obliga a su cumplimento;
organiza las instituciones; posee el monopolio legítimo de la fuerza y responde
y protege a la comunidad o nación que él representa. En un Estado democrático
existe la división de poderes, cada uno de ellos independiente y autónomo, a
fin de limitar el poder; de impedir los abusos, el predominio de una rama sobre
las demás o la subordinación de una de ellas sobre las otras.
La población es el conjunto de personas que habita en
un determinado espacio físico, asentado en un territorio específico y que
adquiere carácter de comunidad cuando comparte rasgos de carácter histórico,
religioso, económico y cultural. El territorio es el elemento geográfico del
Estado. Abarca el espacio aéreo, marítimo y terrestre sobre los que el ente
estatal ejerce su dominio y soberanía. Es el perímetro espacial donde es válido
el orden jurídico del Estado. La soberanía es un elemento esencial, que asegura
que el Estado sea legal y real. Significa la capacidad de mantener los
territorios que posee bajo control total y sin influjo externo.
Sin soberanía, un Estado no sería más que una colonia
de una o varias fuerzas extranjeras que la ocupan. ¿Qué tanto de Estado hay hoy
en Venezuela?
El gobierno legítimo presidido por el presidente
interino, Juan Guaidó, no tiene poder real ni control territorial, ni fuerzas
armadas. Toda iniciativa de la presidencia interina a favor de resolver la
crisis humanitaria compleja que agobia al país —no olvidemos el 23 de febrero
de 2019— es contradicha o bloqueada por los voceros del régimen, como acaba de
ocurrir con el lote de vacunas asignadas para el país por la OPS mediante el mecanismo
Covax. No importa el interés nacional sino imponer su voluntad de dominio o
someterse a la férula de sus mentores, en este caso Putin, para vender sin
competidores la Sputnik V y Cuba, con sus vacunas de dudosa credibilidad.
Estamos frente a una ausencia crasa y culpable del
Estado venezolano, sin control del territorio, ni de la población ni de la
soberanía. Sin gobernar, le queda solo la represión como mecanismo de control
social. Anomia, anarquía, transgresión permanente de las normas, violación flagrante
de derechos básicos. Permisividad con grupos criminales, cuyos combates en
Arauquita han desplazado hoy a miles de venezolanos hacia Colombia.
Otros ejemplos: la invasión del Cementerio General del
Sur de Caracas, con sus monumentos funerarios y mausoleos, convertidos estos en
albergues de familias muy pobres ante la indiferencia de las autoridades. La
banda del Coqui en la Cota 905 asalta un comando de la Guardia Nacional para
sustraer armamento de alto calibre, sin éxito. Se toman la autopista, convierten
Caracas en territorio hamponil y a los ciudadanos en víctimas del fuego
cruzado.
La sede de migración y aduana de La Victoria, en
Apure, volada con explosivos por disidentes de las FARC que la destruyeron
totalmente. Represalia de los irregulares que fueron atacados y bombardeados en
Arauquita por tropas del Ejército venezolano, no para impedir el ingreso de
grupos criminales de Colombia, como dijo Maduro, sino como ajuste de cuentas
para favorecer a los dos cabecillas de las FARC que Maduro protege en
Venezuela, Márquez y Santrich y «despejar» las rutas para el narcotráfico.
Más que reconstrucción del país, su reinvención viable
y democrática.
Marta
de la Vega
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico