Gonzalo González 19 de julio de 2023
Lo
prioritario para los sectores democráticos, en el segundo semestre del 2023, es
concretar una candidatura presidencial unitaria. El cómo se elige y quién
ejercería ese rol es importantísimo, pero secundario.
Por
supuesto que lo mejor sería que la candidatura emergiera del resultado de
la Primaria abierta.
Tan cierto es lo que afirmamos, que la estrategia evidente del oficialismo para ganar aun siendo minoría es lograr que no se conforme una candidatura unitaria lo suficientemente amplia, representativa que recoja el rechazo mayoritario a su continuidad en el poder; también que se produzca una significativa abstención ciudadana. Busca reproducir el escenario de los comicios regionales y municipales del 2021.
La
estrategia opositora puede frustrarse por la acción del régimen y por
carencias, errores de las fuerzas democráticas.
Los
esfuerzos principales del oficialismo están dirigidos a impedir la realización
de la Primaria mediante acciones judiciales y de otro tipo – es probable que
cuando éste artículo aparezca ya se haya materializado la judicialización del
tema; también inhabilitando a María Corina Machado y conservando las de
Henrique Capriles y Freddy Superlano, casualmente los tres candidatos con probable
mayor votación en la Primaria.
Cuando
hablamos de posibles errores y carencias de las fuerzas democráticas nos
referimos a olvidar que lo fundamental es tener candidatura unitaria, a seguir
dispersos, a la ausencia de un centro de dirección política, a la inexistencia
de un Plan B de consulta a la ciudadanía para designar la candidatura si
finalmente la Primaria no se efectúa, así como de un método de sustitución de
los candidatos inhabilitados si son los más votados en la Primaria. La
superación esas carencias y errores no son competencia de la Comisión Nacional
de Primaria, lo son de los partidos políticos participantes en la misma y
partidarios de confluir en una candidatura común.
El
tema que suscita más polémica y desacuerdo en el seno de los sectores
democráticos es el referido a qué hacer con los inhabilitados. Hay quienes
sostienen que ese debate no es pertinente, por ahora, lo correcto es seguir
luchando, denunciando al régimen por sus atropellos y que el tiempo, los
resultados de la lucha determinen qué hacer, «porque quien habilita es el
pueblo y el candidato no lo puede poner Maduro».
Diverjo
de esa posición y de los argumentos esgrimidos (por demás, solo útiles para
agitar) porque comportan el riesgo de que las fuerzas
democráticas se queden sin candidatura porque los tiempos legales los marca el
régimen y en algún momento habrá que ir al CNE a inscribir la candidatura para
legalmente poder competir; si es que de verdad se está casado con la
oportunidad de aprovechar los comicios presidenciales para abrirle paso al
cambio.
Estoy
de acuerdo con protestar, agitar, denunciar los desmanes de la dictadura, hacer
todo lo posible para tener Primaria, presionar para que se levanten las
inhabilitaciones sin hacer de lo último un asunto de honor comprometedor de la
estrategia y el objetivo central: ganar las elecciones presidenciales.
La
reunión, el día lunes 17 de julio, de los candidatos inscritos a competir en la
Primaria para discutir cómo enfrentar unidos las acciones del oficialismo
contra el evento es un hecho positivo.
La
hora demanda responsabilidad de la dirigencia en el sentido de subordinar los
intereses individuales, partidarios, corporativos al interés nacional. Llegado
el momento los candidatos inhabilitados deben dar un paso al costado para
contribuir a la designación de una candidatura unitaria que pueda ser inscrita
ante el CNE. Gesto que convenientemente explicado será comprendido y
apoyado por la mayoría social partidaria del cambio.
No
sería la primera vez que un gesto de esa envergadura sucede en Venezuela con
resultados positivos: está el caso Barinas 2022 – con la diferencia de que no
estaba juego el Poder Ejecutivo–; en 1957 en previsión de que la dictadura de
Pérez Jiménez convocara, tal y como lo prescribía su propia constitución,
elecciones generales AD, URD con el acuerdo del PCV (todos con sus principales
figuras en el exilio) acordaron la posible candidatura presidencial de Caldera
porque era el único de los líderes democráticos fundamentales en el país. El
acuerdo, finalmente, no se materializó porque la dictadura se inventó un
inconstitucional plebiscito. Ese talante acuerdista le dio fuerza a la
unidad que finalmente en conjunto con militares patriotas derrocó la dictadura.
Gonzalo
González
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