Trino Márquez 27 de julio de 2023
@trinomarquezc
El
nuevo presidente de Fedecámaras, Adán Celis, se unió a Manuel Rosales,
gobernador del Zulia, para pedir el levantamiento de las sanciones
internacionales. “Las sanciones solo han empobrecido al país” y “el venezolano
que diga que quiere sanciones es un loco”, declaró el dirigente empresarial.
Es
cierto que Celis no es un líder político. Su interés inmediato no se centra en
la conquista del poder, sino en la defensa de su gremio: esos venezolanos que
todos los días se enfrentan a numerosas condiciones hostiles con el fin de
mantener sus empresas y negocios, pagar el salario de sus trabajadores y
cancelar los numerosos impuestos que gravan la actividad económica nacional.
Sin embargo, Celis sí es un dirigente social y, ahora, figura principal de una
de las organizaciones civiles más prestigiosas del país, tal como lo registran
las encuestas de opinión más reconocidas. En su condición de líder social,
debería saber que si no se restablecen las condiciones democráticas, resulta
imposible que se reanime la economía nacional. Fedecámaras tendría que pedir la
normalidad institucional en todos los órdenes: respeto a los derechos de
propiedad y a la libertad de expresión e información; liberación de los presos
políticos y de los dirigentes sindicales arbitrariamente detenidos; obediencia
al Estado de derecho y a la Constitución en todos los órdenes.
Celis,
Rosales y todos aquellos que demandan el levantamiento de las sanciones
internacionales saben que ese castigo es consecuencia de la violación
sistemática de los principios democráticos por parte del régimen. Nada tienen
que ver con una antipatía especial que genere Nicolás Maduro en los gobiernos
de Estados Unidos y la Unión Europea. En México, Honduras, Colombia, Bolivia,
Brasil, Chile y Argentina, se instalaron gobiernos de izquierda durante los
años recientes. Todos, con sus respectivos matices, triunfaron en procesos
electorales incuestionables verificados por la comunidad internacional. Ninguno
ha sido sancionado o amenazado por sus tendencias ideológicas.
Venezuela,
junto a Nicaragua y Cuba, constituyen la excepción. Sobre esos gobiernos se ha
tendido un cerco sanitario porque los tres desconocen la Carta Democrática
Interamericana (CDI) y los principios democráticos establecidos por la
Organización de Estados Americanos (OEA). Cuba ni siquiera participó en
la discusión de la CDI, y de la OEA fue expulsada hace décadas. Entre
esos valores se encuentran el acatamiento a la soberanía popular expresada en
las urnas electorales; procesos comiciales transparentes y equilibrados;
y gobiernos alternativos. Todos valores conectados con la posibilidad de que
los pueblos elijan sin presiones a sus gobernantes y esa decisión sea obedecida
por quienes detentan el poder.
El
régimen de Maduro pretende que las sanciones se suspendan sin modificar ni un
ápice su comportamiento antidemocrático. Quiere unas elecciones libres, ‘pero
libre de sanciones’. ¡No sabe nada! Aspira que Estados Unidos y la UE lo
reconozcan legítimo como a los demás presidentes latinoamericanos, sin retomar
las conversaciones en México; manteniendo inhabilitados a los principales
aspirantes que participan en la Primaria; blandiendo la Espada de Damocles
sobre la propia Primaria; y conservando el control del Comité de
Postulaciones –una de cuyas integrantes es Cilia Flores- encargado de
seleccionar el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), lo cual permite suponer
que el órgano rector que salga de allí responderá las órdenes de Miraflores.
Maduro no emite ni el más tenue mensaje de transparencia, pero reclama que se
acaben las sanciones. Entonces, ¿con cuáles instrumentos va a presionar y
negociar la comunidad internacional y la oposición?
En
Venezuela no existen factores internos capaces de crear el clima que obligue al
régimen a dialogar. Los partidos fueron destruidos por la acción letal del
chavismo-madurismo y por sus propios errores. Lo mismo ocurrió con gran parte
de los sindicatos y gremios, incluidos los más grandes, como el de los maestros
y profesores universitarios. Los medios de comunicación privados, cajas de
resonancia fundamentales, fueron perseguidos, comprados o clausurados. El
movimiento estudiantil, factor de agitación clave, fue diezmado por el
éxodo y la precarización de la educación secundaria y superior. La sociedad
civil cuenta con pocos y frágiles instrumentos para modificar el comportamiento
de una casta que basa su poder en la represión y el control de todos los
organismos del Estado.
El
Gobierno de Maduro utiliza a los presos políticos –Roland Carreño y Javier
Tarazona, entre muchos otros- como fichas para negociar con Estados Unidos y la
UE, y sembrar terror entre los opositores. Así lo hizo con el incauto joven
norteamericano que vino a visitar a la novia pensando que llegaban a una nación
normal, y estuvo preso durante varios años, hasta que el Gobierno
norteamericano llegó a un acuerdo con Maduro.
Las
sanciones se encuentran entre los pocos instrumentos que posee la comunidad
internacional para lograr que el régimen acceda a concurrir en 2024 a un
proceso electoral transparente y acate la voluntad de los electores. Sin esas
sanciones –provocadas y mantenidas por Maduro- el régimen continuará el camino
hacia la supresión de todos los derechos y libertades políticas para acercarse
más a Cuba y Nicaragua. Les quitará la nacionalidad a los opositores sin ningún
costo.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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