Alejandro Gutiérrez S.
El contexto político,
económico y social
Definitivamente, 2017 será un
año en que continuará empeorando el país en todos los órdenes. El alza de
precios del petróleo en 2017, aun con el recorte de producción de la OPEP, será
insuficiente para mejorar los indicadores económico-sociales y aliviar el
déficit en el flujo neto de divisas. Las cosas pueden empeorar si el precio y
la producción de petróleo continúan bajando, como ha sido su tendencia desde
2014. En esas condiciones, el valor de las exportaciones en 2017 aumentará muy
poco.
En 2017 el Producto Interno
Bruto (PIB) puede reducirse en el orden del 10 por ciento. Lo que significa que
el PIB caerá por cuarto año consecutivo. El nuevo sistema cambiario Dicom ya se
reveló insuficiente para reanimar el aparato productivo y frenar el alza del
dólar paralelo. No hay suficiente oferta de divisas para satisfacer la demanda
por lo que continuará el racionamiento, la devaluación y la opacidad en la
venta de divisas.
Igualmente, se prevé en 2017
una merma de las importaciones totales y por habitante, así como del consumo de
los hogares (ver Tabla 1). Cada vez en mayor cuantía las importaciones se
realizarán al tipo de cambio paralelo con su consecuente efecto sobre los
precios. En general, se espera una reducción de la demanda agregada interna
en términos reales (consumo del gobierno, consumo de los hogares y de la
inversión bruta). La recesión se profundizará en 2017.
El flujo neto de divisas (FND)
tiene un déficit, en el orden de los USD 11.000 millones. Hay que importar
algo, hay que pagar el servicio de la deuda externa, hay que seguir
pagando con petróleo los apoyos en la OEA y otros foros a los beneficiarios de
Petrocaribe; y por supuesto hay que seguir financiando al régimen Cubano. Para
cumplir con todos esos compromisos hay que sacrificar el consumo de los hogares
venezolanos. Hay que reducir importaciones. El ajuste existe pero es
desordenado e inútil. Para cubrir el déficit en el FND el gobierno seguirá
empeñando y vendiendo con abultados descuentos activos financieros y no
financieros. Con el elevado riesgo país y la situación de ilegalidad por el
conflicto con la Asamblea Nacional es muy difícil conseguir financiamiento
externo.
La persistencia de la
monetización del déficit fiscal y la devaluación incide en una tasa de
inflación que será superior a la de 2016, 720 por ciento dice el Fondo
Monetario Internacional (FMI). Se estima, para 2017, una variación
porcentual de los precios al consumidor entre 650-750 por ciento, superior en
el caso de alimentos. Los salarios reales disminuirán, mientras la pobreza y el
desempleo seguirán aumentando.
La crisis política se ha
agravado. La gente tiene más de tres meses protestando en la calle en defensa
de la libertad y la democracia. Todo indica que esta actitud de rebelión
ciudadana persistirá, a pesar de la represión y del costo en vidas
humanas. El régimen, violando la Constitución, ha impuesto la convocatoria a
una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin que se consulte al depositario de
la soberanía popular: el pueblo. Las encuestas de opinión muestran que el 80
por ciento de la población rechaza esa ANC.
Tiene razón uno de los treinta
economistas más influyentes del mundo, el venezolano Ricardo Hausmann, quien en
reciente entrevista afirmó que:
“Venezuela es la catástrofe
humana más grande que se ha generado en período de paz. El desgaste del nivel
de vida de los venezolanos, la caída del PIB, el colapso del abastecimiento
alimentario, el deterioro de las condiciones de salud, el aumento de la
criminalidad… Atendiendo a las estadísticas económicas, algo tan grave como lo
que está pasando en Venezuela ha ocurrido en muy pocos momentos de la historia,
y menos en momentos de paz. Y ocurre con un Gobierno que ha violado acuerdos y
normas internacionales a los que debía someterse, en particular, la Carta
Democrática de la Organización de Estados Americanos
(OEA”. (Ver la entrevista en: http://ethic.es/2017/06/entrevista-a-ricardo-hausmann/ ).
2. La crisis del sistema
alimentario venezolano (SAV) se profundiza en 2017
En 2016 hubo una importante
reducción de la producción nacional, las importaciones y el consumo de
alimentos. Como consecuencia aumentó la inseguridad alimentaria y la
desnutrición en los sectores más pobres. En 2016 se creó la Gran Misión
Abastecimiento Soberano y Seguro (GMASS) y se otorgó su control al
estamento militar por intermedio del General Padrino López Ministro de la Defensa.
Puede afirmarse, con base en los resultados obtenidos, que durante el período
de control militar de la GMASS la crisis del SAV avanzó, como se mostrará
seguidamente.
2.1 La producción de alimentos
La Confederación de
Asociaciones de Productores Agropecuarios (FEDEAGRO) recientemente anunció que
el año agrícola 2017 se perdió. Los pocos insumos agrícolas que importó y
distribuyó el gobierno a través de AGROPATRIA fueron entregados en su mayor
parte a intermediarios; y supuestamente a los “programas productivos” del
Estado.
El maíz amarillo y la soya,
fundamentales para producir alimentos balanceados para animales (ABA), con los
cuales, a su vez, se produce pollo, huevos y carne porcina, se importarán con
dólares de los empresarios, cuyo precio es el que marca el mercado ilegal. Los
ABA también se utilizan para producir alimentar ganado bovino. Los precios de
los productos finales de las cadenas avícolas, porcina, de leche y carne bovina
crecerán sustancialmente.
La producción agrícola volverá
a disminuir en 2017, probablemente en un porcentaje que superior al diez por
ciento. Los gremios agrícolas prevén caídas en la producción de arroz,
maíz blanco y amarillo, oleaginosas, caña de azúcar, papa, hortalizas, café,
carne de aves (pollo), carne porcina, carne bovina y leche. Junto con las
restricciones para producir (baja rentabilidad, escasez y alto costo de los
insumos agrícolas, inseguridad jurídica y personal, otros) los productores
agrícolas se enfrentan a un mercado con consumidores empobrecidos.
En 2017 no habrá suficiente
materia prima, ni producida nacionalmente ni importada, para satisfacer los
requerimientos de la industria de alimentos. También persisten problemas de
baja rentabilidad, ausentismo laboral, cortes eléctricos, rezago tecnológico e
inseguridad jurídica. Según las estimaciones de la Cámara Venezolana de la
Industria de Alimentos (CAVIDEA), entre mayo de 2016 y mayo de 2017, hubo las
siguientes reducciones porcentuales de producción: arroz -13,9; harina
precocida de maíz -39,6; harina de trigo -46,5; pasta de trigo -26,1; leche en
polvo -27,5; sardina (-21,1); atún; -26,8; embutidos -18,1; aceite vegetal
-48,9 y mayonesa -2,0. Sólo se reportaron aumentos porcentuales en avena,
margarina, azúcar y salsa de tomate del 6,2, 1,7, 0,7 y 6,7 respectivamente. En
síntesis, en 2017 la producción de la industria de alimentos puede disminuir en
más del 20 por ciento.
2.2 Las importaciones
agroalimentarias
En un contexto de escasez de
divisas y de reducción de las importaciones totales (MT) también se reducirán
las importaciones agroalimentarias (MAA) por habitante. (Ver tabla 1 y gráfico
1). Al finalizar 2017, el valor de las MAA por habitante se habrá reducido en
72,2 por ciento con respecto a 2013. Dado que también se estima una importante
reducción de la producción nacional de alimentos (agrícola y de la industria de
alimentos), la caída de las MAA se traduce en una nueva reducción de la
disponibilidad (abastecimiento) de alimentos.
2.3 Los mercados, la
distribución de alimentos y los programas sociales
Aquellos mercados con
controles de precios en diferentes eslabones de la cadena productiva siguen
funcionando mal. El precio máximo de venta en cada eslabón de la cadena
agroalimentaria causa un exceso de demanda que estimula a los mercados negros. Pero
los controles de precios también generan incentivos perversos en la asignación
de recursos para la producción, desviando la poca inversión hacia la producción
de bienes no regulados. En 2017 siguen existiendo los mercados ilegales, que es
donde se puede conseguir aquellos alimentos básicos con precios regulados. Los
controles solo operan para los sectores formales de la producción y de la
distribución, mientras que en los mercados ilegales se venden los alimentos muy
por encima de su precio regulado. Para mayo de 2017 el Centro de
Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros
(Cendas) estimaba que en promedio, la diferencia entre los precios controlados
y los que se pagaban efectivamente en los mercados ilegales era del 7.824,1
por ciento.
Con la creación de los
Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), MERCAL y PDVAL
prácticamente desaparecieron. El régimen todo lo ha apostado a los CLAP, pero
estos continúan entregando alimentos que son insuficientes, los entregan con
retardo y sin frecuencia definida, se debe pagar el costo de la bolsa y de la
caja por adelantado sin que muchas veces esta se entregue, los productos
son fundamentalmente importados a la tasa de cambio del dólar DIPRO (10
Bs/1USD), pero el costo en bolívares de la caja entregada, supera los1.000 USD.
Los CLAP son controlados por organismos y seguidores del partido de gobierno y
se discrimina a la población opositora. Adicionalmente, quienes controlan
desvían los productos hacia los mercados negros.
También debe decirse que
continúa la importación con dólares al tipo de cambio de mercado negro de
insumos para la producción y productos finales. Gran parte de esas
importaciones se realizan con la aprobación y apoyo del gobierno. Obviamente, los
precios de venta de esta mercancía importada son muy elevados y solo una
pequeña parte de la población tiene ingresos suficientes para comprarla.
En síntesis, En 2017 se
observa una continuidad en la distorsión y dificultades con que funcionan los
mercados y la distribución de alimentos. Los CLAP no llenan las expectativas de
la población. La presencia militar en tareas de control de la producción y
distribución de alimentos en lugar de mejorar la situación la ha empeorado.
2.4 El consumo de alimentos y
la seguridad alimentaria
Dado que en 2017 se reducirá
el ingreso real de la población y aumentará el precio real de los alimentos
(ver gráficos 2 y 3) no queda la menor duda que bajará el consumo de alimentos.
Debido a que los pobres y la clase media baja son más sensibles (mayor
elasticidad) al cambio en los precios e ingresos, serán los más afectados.
A pesar de la frecuencia con
que se decreta el aumento del salario mínimo y la cesta ticket, no hay
indexación. A partir de la información que suministra mensualmente el Cendas
sobre el costo de la canasta básica y de la canasta alimentaria para una
familia de 5 personas que viva en una barriada popular, se puede observar el
deterioro secular del poder adquisitivo de las familias, lo que indudablemente
explica la reducción del consumo de los hogares, especialmente el de alimentos.
En el gráfico 4 se muestra la relación entre el ingreso familiar de dos
salarios integrales (salario mínimo + cesta ticket) y el costo de la canasta
básica y alimentaria. Se observa que para Diciembre 2008, con dos
salarios integrales por familia se podía cubrir el 84,9 por ciento del costo de
la canasta básica y el 162,4 por ciento del costo de la canasta alimentaria.
Para mayo de 2017 los dos salarios integrales por familia apenas podían cubrir
el 28,0 por ciento del costo de la canasta básica y el 40,4 por ciento de la
canasta alimentaria. Mientras el gobierno mantenga políticas que reducen la
oferta y salde el creciente déficit fiscal con dinero sin respaldo, la tasa de inflación
y el precio del dólar seguirán creciendo y reduciendo el poder de compra de la
población.
La reducción de la ingesta de
alimentos en 2017 significa un empeoramiento de la inseguridad alimentaria.
Según las estimaciones del autor, la población enfrentará una situación de
insuficiencia crítica de las disponibilidades de energía alimentaria. Esto es,
tendremos una disponibilidad para consumo humano de energía
alimentaria/persona/día inferior al 95 por ciento de los requerimientos
normativos establecidos por el Instituto Nacional de Nutrición. Debe recordarse
que a afínales de 2016 los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida
realizad por tres universidades nacionales alertaban que el 51,5 % de los
hogares estaban en condición de pobreza extrema, es decir, no percibían
ingresos suficientes para comprar una canasta normativa de alimentos. Vivimos
sin duda una catástrofe. La emergencia alimentaria se agrava.
Conclusiones y perspectivas
En el gobierno no hubo ni hay
espacio para la rectificación. El inicio de un proceso de cambios en lo
político y en la estrategia global de desarrollo para superar la crisis solo
será posible con un gobierno de signo ideológico diferente, plural, respetuoso
de la Constitución y de los derechos humanos. Entre tanto, la crisis avanza, el
SAV está en crisis y la emergencia alimentaria se agrava. Que dios nos
favorezca y nos permita salir con bien de esta tragedia.
Notas:
[1] Profesor
Titular (J) Universidad de Los Andes (ULA), Venezuela. Centro de
Investigaciones Agroalimentarias ULA. M. Sc en Economía Agrícola (Iowa State
University). Doctor en Estudios del Desarrollo (CENDES-UCV). Miembro Correspondiente
Nacional de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
09-08-17
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