Trino Márquez 13 de junio de 2024
@trinomarquezc
Como
parte de su campaña por la reelección, Nicolás Maduro durante las últimas
semanas ha insistido en que los candidatos presidenciales deben firmar un
acuerdo en el cual se comprometan a aceptar los resultados que anuncie el
Consejo Nacional Electoral la noche del 28 de julio (o la madrugada del 29,
porque a esa gente le gusta crispar los nervios de los venezolanos cuando
pierden).
Aunque ya salieron a apoyarla algunos ‘alacranes’, se trata de una propuesta inaceptable para Edmundo González Urrutia y la Plataforma Unitaria Democrática. El candidato unitario la rechazó de plano porque quedaría a merced de lo que resuelva un organismo cuya mayoría oficialista –especialmente el señor Elvis Amoroso, su presidente- hace lo que se le antoja, sin tomar en cuenta la opinión de los dos rectores que representan a la oposición democrática en ese organismo, según lo manifestó con total claridad el rector Juan Carlos Delpino en una reciente entrevista con El Pitazo. Señala Delpino, por ejemplo, que Amoroso resolvió de forma unilateral y sin consultar la totalidad de los rectores, revocar la invitación a la Unión Europea para que asistiera como observadora a la consulta del 28-J.
La
arbitrariedad de Amoroso viene a sumarse a los constantes abusos y violaciones
cometidas por el régimen en el ámbito electoral. El acuerdo de Barbados, que le
daba garantías a la oposición para que eligiera el candidato presidencial de
acuerdo con sus propios criterios, ha sido vulnerado de manera obscena. María
Corina Machado, electa en la Primaria de 2023, fue inhabilitada ilegalmente; y
luego Corina Yoris, su sustituta, fue bloqueada por el CNE sin que existiese
ninguna razón legítima que explicara esa medida tan caprichosa. A los millones
de venezolanos que viven en el exterior se les negó la posibilidad de votar en
la cita de julio. El CNE torpedeó la inscripción de nuevos votantes en el
Registro Electoral Permanente, tanto en Venezuela como en el exterior. Contra
María Corina se desató una cacería en todo el país. No hay lugar en el
territorio nacional donde no se le pongan obstáculos cuando realiza una gira
proselitista. A Edmundo González lo han invisibilizado en los medios de
comunicación financiados con fondos públicos. Los periodistas que se han
atrevido a entrevistarlo en circuitos radiales de amplia cobertura, han sido
sancionados.
El
régimen ha emprendido una campaña represiva feroz contra todo lo que aparezca
vinculado con la candidatura de Edmundo González y la campaña épica de María
Corina por Venezuela. La líder opositora no puede tomar un avión comercial para
viajar de una ciudad a otra. A las empresas privadas de aviación se les
prohibió venderle boletos. Los hoteles donde se aloja o los restaurantes donde
come, son clausurados. El entorno de María Corina es acosado. Con Edmundo
González el asedio es un poco menor. La estrategia frente a él consiste en
ignorarlo y tratar de vejarlo, además de descalificar a las encuestadoras que
le otorgan una clara ventaja en los sondeos de opinión.
De
todos los excesos que comete el régimen está plenamente enterado el presidente
y los demás rectores del CNE. Sin embargo, guardan un silencio sepulcral.
El
pacto del cual habla Maduro, además de inconveniente, es completamente
innecesario. El marco de la elección presidencial –y demás consultas
electorales- se encuentra establecido en la Constitución Nacional y en la Ley
Orgánica de Procesos Electorales. Si se quiere tomar como referencia un
instrumento aún más reciente, se cuenta con el Acuerdo de Barbados. Todos esos
pactos son violados de forma sistemática por Nicolás Maduro, quien se ha encargado
de convertir la elección del 28-J en un campo de batalla destinado a
insultar, anular y agredir a Edmundo González y a María Corina. El equilibrio,
la transparencia y equidad de la que hablan las leyes electorales, son
pisoteadas sin contemplación por Maduro.
El CNE
debería ser un factor que garantice la igualdad entre los participantes en la
contienda. Pero, en vez de propiciar la ecuanimidad, se comporta como cómplice
del Gobierno. El cuerpo comicial, en lugar de informar sobre la consulta del
28-J, incluyendo la necesidad de que los ciudadanos validen sus datos y
constaten quiénes han sido elegidos miembros de esa, o ilustrar acerca de la
complejidad del tarjetón y la manera de sufragar en un sistema automatizado, se
limita a complacer las órdenes que vienen de Miraflores.
En las
condiciones señaladas de forma sucinta en estas líneas, la proposición de
Maduro debe ser interpretada, no como una idea orientada a lograr la firma de
un acuerdo conveniente, sino como una trampa dirigida a conseguir la capitulación
de la oposición ante un régimen que lleva un cuarto de siglo acabando con el
país.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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