Nos cobramos y nos damos el vuelto

Por Beatriz González

El día seis de noviembre del año en curso nos levantamos con una nueva Gaceta Oficial, la número 39.301 que anunciaba, entre otras cosas, la Ley de Reforma Parcial del Banco Central de Venezuela.

Muy pocos hemos alzado la voz para quejarnos de lo que esta ley implica. Somos muy pocos los que hemos colocado el dedo en el renglón para decir: «en definitiva, esto no está bien», y no es porque hayamos perdido la capacidad de asombro, sino porque las leyes en este país se aprueban entre «gallos y medianoche», lo que nos da muy poco tiempo para estar al día con las políticas que se aprueban en la Asamblea Monocolor.

La ley le permite al Banco Central de Venezuela (BCV) hacerse cargo, en última instancia, de todas las obligaciones que contraiga cualquier empresa cuya actividad derive en programas determinados por el Ejecutivo nacional como «prioritarios para el país».

La situación se torna alarmante cuando vamos al artículo 48 de la ley reformada, el cual establece de manera explícita la facultad que tiene el BCV de financiar con efectivo a las empresas que no tengan liquidez mediante la compra de bonos y ejecución de descuentos. Tal es el caso de PDVSA, al igual que cualquier otro proyecto que el Ejecutivo considere «estratégico».

Se preguntarán cómo funciona esto. Digamos que el Ejecutivo nacional decide que el pago de nómina de PDVSA es una actividad que cuenta como «proyecto de capacidad explotadora»; el BCV debe hacerle un préstamo a PDVSA con condiciones especiales, entendiendo por «condiciones especiales» una menor tasa de interés y un plazo mayor para retribuirle el préstamo al BCV.

El problema no está en que el BCV le otorgue préstamos a PDVSA, ya que es una política monetaria que se ha aplicado de forma exitosa en otros modelos económicos del mundo, la cuestión está en que PDVSA no tiene la capacidad de retribuir el pago ni siquiera con el sinnúmero de condiciones especiales que el BCV le proporciona. Entonces, nos cobramos y nos damos el vuelto.

A su vez hay que tener en cuenta que para el BCV no es rentable desde todo punto de vista descontar documentos de empresas estatales, porque no va a percibir ninguna ganancia. En consecuencia, el BCV se vuelve la caja chica del Ejecutivo, con lo cual aplasta por completo el concepto de autonomía del BCV.

Entonces, no conforme el Ejecutivo nacional con controlar todos los poderes, ahora debe meter su mano en la institución que por años ha sido ejemplo de solidez, la institución que lleva a cuestas la política monetaria del país y aquella donde se encuentra el tesoro nacional.

Hasta ahora, todo parece algo etéreo, lleno de terminología económica; así que, hablando en criollo, la Ley de Reforma Parcial del Banco Central de Venezuela nos afecta en nuestros bolsillos, en el del dueño del banco, en los de la ama de casa, en los suyos y en los míos. La ley se traduce en inflación directa, en una pérdida de productividad de aquellas empresas estatizadas, en el deterioro de los productos y servicios.

Por lo tanto, sólo queda preguntarnos: ¿será que piensa el Ejecutivo ondear la bandera utópica de «El BCV ahora es de todos», para así limpiar un poco el carácter abusivo y corrupto de semejante medida?

Publicado por:
Planta Baja UCAB