Miguel Méndez Rodulfo 06 de agosto de 2019
La
reforma del Poder Público Nacional, propiamente del gobierno central, es una
prioridad insoslayable de abordar en estos momentos, por lo que significa para
la administración pública del país; sin embargo, esta renovación en los poderes
públicos estadal y municipal, también es una cuestión de acometer con premura,
de manera que en la nueva gobernabilidad que se avizora indetenible podamos
contar con una estructura organizativa gubernamental que nos permita
reconstruir las instituciones, infraestructuras, procesos, equipos humanos y
valores. Particularmente esta ha sido una gran preocupación de quien suscribe.
En ese sentido asistí hace mes y medio atrás a una presentación de Plan País
sobre el tema, en las instalaciones de la Universidad Metropolitana, que
dictaría la Dra. Eglee Iturbe, quién con un equipo lleva años investigando el
tema.
Cuando
esperaba un planteamiento concreto sobre cómo se abordaría la reforma de la
administración pública venezolana, para mi sorpresa, hubo ideas que me movieron
a dudas. En primer lugar, el presentador del acto resaltó de la Dra. Iturbe que
ella había recopilado todas las gacetas oficiales mediante las cuales el
régimen en estos 20 años conformó su estructura de gobierno. He llegado a la
conclusión que el chavismo ha hecho buena la máxima de Aristóbulo de “esfaratar
las gobernaciones y alcaldías”, por lo que organizarse no ha sido su
preocupación y las pocas veces que lo ha sido: o lo han hecho mal por
incompetentes o han buscado destruir la institucionalidad.
Las
múltiples facciones existentes en el seno del chavismo se obstruyen mutuamente
en el ejercicio del poder y buscan replicar las funciones que son competencia
de un organismo en otro de un ministerio semejante, con lo cual se duplican,
por decir lo menos, las organizaciones y se sabotean entre sí. Lo que he podido
derivar del análisis del comportamiento de esta camarilla en el poder, es que
lo que han hecho en esta materia es prescindible; luego, no le veo mucho
sentido a estudiar lo que existe. Eso lo haremos en las auditorías
administrativas que se realizarán los primeros días después de llegar al poder.
Pero lo importante no será eso, sino lo que habremos hecho antes, en cuanto a
definir los mapas funcionales de organización de los distintos sectores de la
administración pública, de manera de establecer las rutas de migración desde lo
existente hasta la estructura que se propone.
Aunque
estoy totalmente de acuerdo con que al inicio de la transición, debemos
continuar con la estructura organizativa existente, en el menor tiempo posible,
y estaríamos hablando de un trimestre, debemos migrar paulatina pero
sostenidamente hacia la organización propuesta. Por eso me sorprendió mucho que
la Dra. Iturbe señalara enfáticamente que deberíamos convivir con la estructura
chavista los primeros tres años de la nueva gobernabilidad. ¡Eso no me cabe en
la cabeza!
Otra
cosa que se expresó en ese foro fue que frente a la pregunta de cómo abordar el
crucial tema del Gobierno Electrónico y la consecuente incorporación de la
tecnología intensivamente en los procesos de la administración pública, la Dra.
Iturbe respondió con una frase producto de su experiencia previa: “Eso hay que
verlo con cuidado. En los años 80 cuando se incorporaron las procesadoras de
palabras a la administración pública, las secretarias terminaron usándolas como
máquinas de escribir…”.
La
reforma administrativa es un elemento estratégico de la nueva gobernabilidad.
Una administración pública adecuadamente estructurada, con una organización
pertinente para dirigir su sector, es crucial para la eficiencia y consecución
de los logros que se requieren en la nueva gobernabilidad. Y el reto no es la
descentralización, hito que ya se alcanzó en los ochenta y que se debe
restituir, sino adecuarse a las demandas sociales, tecnológicas, económicas y
políticas que el mundo actual demanda.
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