Por Carolina Gómez-Ávila
En julio de 2015, la Sala
Constitucional del TSJ dictó medidas cautelares y nombró una junta
directiva ad hoc de Copei, en respuesta a la solicitud de amparo que
7 dirigentes regionales habían interpuesto ante ese tribunal.
No había pasado una semana,
cuando el entonces Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, anunciaba que estaban expulsados de la alianza a
fin de evitar “que la larga mano del régimen utilice a Copei como puerta de
entrada para dinamitar la unidad”. [1]
El martes pasado, el mismo
tribunal puso punto final al caso, confirmando a la directiva que quedó
registrada en la sentencia N° 0323-2019. [2]
He dicho el mismo tribunal,
pero ¿realmente lo es?, ¿está ahora, como entonces, configurado según ordena la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela?, ¿mantuvo su legitimidad
de desempeño?, ¿no cometió actos –contra el Poder Legislativo y contra los
representantes legítimos del pueblo en la Asamblea Nacional– que revirtieron el
orden republicano y cortaron el hilo constitucional?
El caso es que es este
tribunal el que ha dispuesto que en la nueva directiva estén, como vocales, dos
de los que introdujeron aquel amparo y también Pedro Pablo Fernández y Carlos
Melo, quien ocupó el cargo de Secretario General de Avanzada Progresista y, en
2016, siendo miembro de la directiva de ese partido, fue preso político del
mismo régimen que ahora lo valida como vocal suplente de Copei.
Nadie se sorprenda. Todos
cambiamos de opinión en la vida, algunos lo hacen varias veces, especialmente
si hay aspiraciones políticas de por medio. El problema no es el individuo sino
el daño que hace al sistema de partidos múltiples y, en consecuencia, a la
democracia. Un daño del que la sociedad es cómplice, si no aplica un costo.
Si tienen éxito quienes van
y vienen de un partido a otro, se entenderá que no es necesario tener
compromiso ideológico ni doctrinario con la política para llegar al poder, bastaría
una relación oportunista o quizás crematística. Y eso es lo que define a la
antipolítica.
Quien se muda con frecuencia
de convicciones, en realidad no tiene ninguna. Por lo general, cuando uno de
esos es descubierto como antipolítico, lo niega con un retrechero y populista:
“mi compromiso es con el pueblo”.
Me parece que esa es la
esencia de este sentenciado Copei. Está hecho de gente que dirá poco del
humanismo cristiano cuando haga gira por los medios cuyos apoyos ya están
garantizado. Gente de la que leeremos, a los de siempre, halagarles, incluso,
la altura del capirote.
Parece obvio que ser
reconocidos como propietarios de la tarjeta verde tendrá precio: someterse a
cualquier convocatoria electoral. No les importará si es írrita, no les
importará si el liderazgo opositor –al que están tan ajenos– requiere la
abstención en su estrategia, mucho menos les importará si su participación sólo
sirve humillarlos públicamente.
Me pregunto si queda base
copeyana con formación ideológica y doctrinaria que asuma su compromiso
histórico con la democracia y, por convicción y disciplina, acaten la línea que
dicte la coalición democrática, llegado el momento. Una forma de revertir la
deshonra que representa esta sentencia.
31-08-19
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