Marta de la Vega 29 de agosto de 2023
@martadelavegav
Aferrarse
al poder es una tentación «humana, demasiado humana», en palabras de Nietzsche,
aunque se disfrace de democracia. La pretensión hegemónica en el mando es el
origen de todas las tiranías. Para evitar estas, desde la democracia en la
antigua Grecia se originó la división de poderes que luego establece la
Constitución inicial de la República Romana.
Pero
es en el siglo XVII cuando John Locke determinó que no solo se trata de separar
funciones en un gobierno civil sino sobre todo de la necesidad de establecer
mecanismos que limiten el poder público para impedir los abusos y garantizar
que sean respetados los derechos naturales de los ciudadanos.
A partir de la convicción de que todos los seres humanos somos libres e iguales, a fin de asegurar el equilibrio político y el contrapeso entre los tres poderes del Estado, en la perspectiva de una democracia liberal y representativa, la gestión pública se organizó entonces en tres ramas, legislativa, ejecutiva y federal, para que no hubiese ninguno de los poderes con supremacía sobre los otros.
Montesquieu,
en el siglo XVIII, estableció el poder judicial en lugar del federativo
propuesto por el pensador inglés. Buscó, con la separación de poderes, a partir
de la libertad como objetivo político y la igualdad ante la ley, que no
recayeran en la misma persona el poder legislativo, cuya tarea es formular las
leyes y el ejecutivo, que ejerce el gobierno y hace cumplir las leyes.
El
poder judicial tiene la función de administrar justicia y castigar a quienes
infrinjan dichas leyes. Estas deben reflejar la voluntad de una nación,
recogidas en una Constitución, para regular la vida social y pública de los
ciudadanos. A la vez implican el «imperio de la ley», que garantiza el estado
de derecho: la autoridad legal del Estado está limitada por la ley y nadie esté
por encima de ella.
Cuando
cualquiera de los poderes asume una posición superior sobre los otros, o el
ejecutivo y el legislativo recaen en una misma persona, según Montesquieu, el
poder se pervierte «elaborando leyes tiránicas y ejecutándolas tiránicamente».
También los padres fundadores de la democracia de los Estados Unidos
consideraron el sistema de separación de poderes y la garantía de los derechos
individuales, así como la estructura federal determinada en la Constitución de
1787, barreras decisivas contra la tiranía, aunque el proceso de toma de
decisiones fuera más lento y fragmentado, pero más abierto. Lo contrario es la
fuerza o coacción puras como instrumentos de dominación.
Una
forma más sutil de imposición es la mentira, la negación premeditada y
consciente de la verdad, la manipulación y la desinformación, mecanismos a
través de los cuales se instala la impostura del poder o poder como simulacro.
En la
Venezuela actual, no solamente no hay legitimidad de los gobernantes sino
tampoco democracia, porque la esencia de esta es, por un lado, la división de
los poderes públicos que ha sido borrada de la práctica política del gobierno
y, por otro lado, para que perdure su legitimidad, la democracia está anclada
en el consentimiento de los gobernados. Por último, el meollo de la legitimidad
de la democracia radica en los procedimientos. Una decisión será considerada
legítima por los ciudadanos, aunque no les beneficie personalmente, si han
tenido la oportunidad de participar en ella, directa o indirectamente, a través
de sus representantes elegidos democráticamente de acuerdo con la ley y si ella
ha sido adoptada también de forma democrática.
La
Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela es letra muerta.
Acabamos de presenciar el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral después de una abrupta
destitución de quienes lo integraban cuando se avecina nueva elección
presidencial en 2024, por mandato constitucional.
El
artículo 296 del capítulo quinto acerca del Poder Electoral señala: «El Consejo
Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a
organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados o
postuladas por la sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias
jurídicas y políticas de universidades nacionales, y uno o una por el Poder
Ciudadano…»
Jamás
se contempla una correlación de tres a dos a favor del régimen, ni que sus
integrantes sean escogidos por formar parte de una determinada parcialidad
política sino por sus credenciales y méritos profesionales como ciudadanos.
De
nuevo, el principio de la política exige tres condiciones, aplastadas aquí por
el pragmatismo y la demagogia. En palabras de Kant, «El derecho no tiene nunca
que adecuarse a la política sino siempre la política al derecho».
Resuenan
la fuerza de la verdad y la coherencia en contra de las imposturas ¿Hasta
cuándo vamos a ignorar, como ha reclamado el filósofo del derecho Ferrero, el
significado letal de la mentira en la política al convertir la impostura en
principio estructural del poder?
Marta
de la Vega
@martadelavegav
Invitamos
a suscribirse a nuestro Boletín semanal, tanto por Whatsapp como vía correo
electrónico, con los más leídos de la semana, Foros realizados, lectura
recomendada y nuestra sección de Gastronomía y Salud. A través del correo
electrónico anunciamos los Foros por venir de la siguiente semana con los
enlaces para participar y siempre acompañamos de documentos importantes,
boletines de otras organizaciones e información que normalmente NO publicamos
en el Blog.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico