Humberto García Larralde 29 de agosto de 2023
Los resultados de las elecciones primarias para presidente en Argentina arrojaron un nuevo fenómeno político en la figura de Javier Milei, economista y diputado, quien, sin maquinaria partidista, sorprendió aventajando a sus contendores de centro derecha (Juntos por el Cambio) y peronista (Unión por la Patria). Con lenguaje tremendista y provocador, ofreció acabar con la “casta política” que, según él, se ha enseñoreado en los gobiernos de ese país, reducir ministerios, planes sociales y aportes a los fondos de jubilación, eliminar el Banco Central (dolarizando la economía) y permitir el libre porte de armas, entre otras cosas. Rebajaría impuestos y eliminaría subsidios diversos, como las indemnizaciones laborales, proyectándose como neoliberal puro, campeón del empresariado y la libre iniciativa. Aún más, su fobia a toda norma estatal le permite autodesignarse como anarcocapitalista y presumir de libertario. Sin pretender calificar tal postura, es obvio que puede resultar atractivo para la población de un país como Argentina, cuyo enorme potencial ha sido frustrado por el despilfarro populista de sus gobiernos y la subordinación de la economía a una serie de controles políticos contraproducentes.
Para
algunos en Venezuela, víctima de un chavo-madurismo hermanado en tantos
aspectos negativos con la conducta irresponsable del kirchnerismo argentino,
pero llevado a extremos aún peores, la fórmula de Milei aparece como la varita
mágica que hará desaparecer el proyecto “socialista” -o capitalista de Estado-
que ha destruido nuestras libertades y los medios de vida de las grandes
mayorías. El tiro de gracia para tan oprobioso ensayo sería la reducción
drástica del Estado, como ofrece Milei. Ciertamente, las 9 vicepresidencias,
los más de 30 ministerios, la proliferación de centros e institutos
creados ad hoc ante problemas coyunturales con los cuales no
sabe lidiar este (des)gobierno, invitan a desmontarlos para “liberar las
fuerzas productivas” y devolverles a sus ciudadanos oportunidades para
desenvolverse. Hay que entender, empero, que esa pretensión intervencionista,
hasta el extremo de invocar un mítico y absolutamente inviable, “Estado
Comunal”, lo que hizo fue destruir las funciones básicas del Estado.
La
tarea sine qua non de la transición democrática será reconstruir
al Estado venezolano para que pueda asumir la producción de los bienes públicos
que requiere la nación para la realización plena de sus pobladores y generar
las externalidades en materia administrativa, jurídica y política, con base en
los cuales afianzar el imperio de la ley, los derechos y garantías del
ordenamiento constitucional, la convivencia pacífica en libertad y una gestión
sana, auditable y responsable de los recursos públicos.
Bienes
públicos, en economía, son aquellos cuyos beneficios no pueden ser capturados
en exclusividad por nadie. Ergo, no hay incentivos para su
producción suficiente por parte de particulares. El principio de “no
exclusión”, asimismo, posibilita que, una vez producido un bien público, pueda
ser aprovechado (consumido) sin pagar por él (free-rider). ¿Entonces,
quién lo sufraga, cómo se financia? En respuesta, su provisión adecuada suele
recaer en el Estado, capaz de conjugar los medios para ello (producción
conjunta). También puede delegarla, con el financiamiento y las regulaciones
del caso, a entes privados. Los más importantes son los servicios de educación,
salud, seguridad, infraestructura de transporte y comunicaciones, y la
provisión de agua, electricidad y otros servicios esenciales. Algunos son
bienes públicos “impuros” -su consumo puede cobrarse-, pero ello no exime al
Estado de su responsabilidad.
En
Venezuela, lamentablemente, la ruina de su economía, la destrucción de Pdvsa,
las corruptelas y el aislamiento (por default) de los mercados financieros
foráneos, ha dejado al Estado sin los recursos para producir y mantener estos
bienes públicos, más con la parafernalia de atribuciones adicionales que asumió
con la excusa socialista. Recurrió, entonces, al financiamiento monetario
(emisión de dinero del BCV), desatando una de las peores hiperinflaciones
conocidas en América Latina. Y, para empeorar las cosas, instrumentó como
solución un severo ajuste para reducir la liquidez, achicando el crédito con
encajes prohibitivos, anclando el precio del dólar y contrayendo los salarios
públicos, lo que perjudicó aún más la producción interna. Asimismo, ahuyentó parte
del talento requerido para la función pública.
Las
externalidades, por su parte, se refieren a los efectos de uno o de varios
agentes económicos sobre otro(s), no recogidos en los precios. Por ejemplo, la
contaminación, una externalidad negativa, perjudica a la población (y al
ambiente), sin que la fábrica contaminante pague por tal daño (costo), a menos
que el Estado intervenga, obligándola a instalar filtros o imponiéndole una
multa. Un parque provee una externalidad positiva en la forma de un entorno más
agradable, aire fresco, trino de pájaros, etc., sin que el residente o usuario
pague directamente por ello. Es decir, las externalidades producen efectos
–costos y/o beneficios sociales– que no son reflejados como costos y/o
beneficios privados. Luego el cálculo privado no coincide, necesariamente, con
el óptimo social. Un buen sistema de salud, por ejemplo, reduce las
enfermedades y mantiene a la población más sana, mejorando, con ello la
productividad, beneficios que van más allá de lo que puedan pagar pacientes
concretos por tratarse. Igual la educación: fomenta la ética y la conciencia
ciudadana y contribuye con la generación y divulgación de conocimientos útiles
a la sociedad, conectándola con los avances de la humanidad en otras partes del
globo.
En
Venezuela, un sistema de salud colapsado, sin recursos, con fuga de talento,
implica un enorme costo para la sociedad, como para los individuos. Obviamente,
ello ataña también a la educación y a los servicios públicos en general:
electricidad, agua, etc. Y la descomposición del Estado obliga a empresas y a
ciudadanos a tomar previsiones ante las arbitrariedades, ineficiencias,
deterioro de la infraestructura, la incertidumbre y la inseguridad. La no
rendición de cuentas, la corrupción y la falta de transparencia, potencian
estos efectos negativos. Un Estado responsable debe procurar la maximización
del beneficio social, produciendo bienes públicos que aumenten las
externalidades positivas, y reducir las negativas. Pero el Estado de terror
chavo-madurista tiene como misión generar males, no bienes públicos.
Los
derechos civiles y políticos pueden considerarse externalidades (positivas)
básicas, pues permiten el empoderamiento ciudadano y, con ello, su
participación activa en la búsqueda de soluciones a los problemas de la
sociedad. Para su cumplimiento se requiere un Estado fuerte, capaz de hacer
respetar el ordenamiento constitucional, en un marco de justicia y equidad
compartidas. Ello añade otro aspecto a tomar en cuenta desde una perspectiva
liberal, los derechos socioeconómicos, pero divide este campo de pensamiento
entre “derecha” e “izquierda”. Esta última enfatiza que la igualdad de los
ciudadanos ante la ley no es tal si no se procura igualar las oportunidades con
políticas sociales y asistenciales que doten a los menos favorecidos con los
recursos para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo salario mínimo y
subsidios variados. La derecha señala que ello lleva a prácticas
intervencionistas que alteran el funcionamiento de los mercados, limitando la
libre iniciativa individual y reduciendo el tamaño de la torta. Los llamados
“libertarios” aborrecen de tales ayudas; cada quien debe valerse por sí mismo.
Discrepo.
Una batería de políticas sociales bien concebidas e instrumentadas, al
beneficiar a los más necesitados, genera externalidades positivas de gran
impacto en la seguridad de las familias y de la población, reduciendo una
variada gama de costos sociales y fortaleciendo las libertades ciudadanas. En
la Venezuela depauperada de hoy, serán decisivas para la incorporación activa
de las mayorías a la democracia. Son temas que las fuerzas democráticas deben
plantearse con profundidad en conexión con los demás problemas e insuficiencias
del país. Precisamente por ello, ¡no nos empatemos, a cuenta de las posturas de
Milei en Argentina, a plantearnos como panacea la eliminación del Estado!
Humberto
García Larralde
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