Graciela de los Angeles Portillo 30 de agosto de 2023
@gportillo19
El
Coordinador de Fronteras del Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica, Roy
Arias Cruz, considera que es “una emergencia humanitaria muy importante”, el
cruce de personas por la selva de el Darién.
“Es
una crisis y una emergencia humanitaria muy importante con evasiones bastantes
significativa por parte de los gobiernos”, dijo en el programa De
Primera Mano por Radio Fe y Alegría Noticias.
Arias explicó que la selva del Darién es una zona de tránsito de mucho riesgo, las personas que pasan por allí se les debe garantizar más atención médica, mejores condiciones en cuanto al hospedaje o un albergue, que les brinden la posibilidad de tener un buen descanso, para poder recuperarse y seguir su camino.
“Que
las personas que crucen y que vayan hacia Estados Unidos tengan las condiciones
mínimas de asistencia humanitaria que usualmente son vulneradas por todas las
condiciones que tiene la ruta”, agregó.
De
hecho, ya se ha registrado el caso de personas que han quedado varadas entre
Costa Rica y Panamá. La semana pasada se llegó a tener 12
mil personas atrapadas por falta de dinero para costear el pasaje en
bus hasta Nicaragua. Son personas que se quedan varadas en condiciones
precarias y difíciles al verse imposibilitados de costear también gastos de
hospedaje, atención médica, alimentación e hidratación.
Sobre
este hecho, Cruz precisó que las personas, cuando pasan por la selva del Darién
muchas veces terminan asaltadas y despojadas de todos sus recursos, razón por
la cual se quedan sin dinero.
Además,
a las personas para avanzar en su camino les solicitan usar un transporte
público que son unos buses que van a la frontera con Nicaragua por un costo de
32 dólares por persona, lo que resulta difícil de pagar, sobre todo para
grandes grupos familiares.
¿Qué
piden los migrantes?
En
definitiva, la primera necesidad que plantean las personas que migran es tener
acceso a un transporte que les permita llegar a Nicaragua de manera más
económica, segura y que los niños puedan ser exonerados para que los grupos
familiares puedan avanzar. Y, por supuesto, contar con servicios médicos y de
alimentación.
De
igual manera, según Cruz, es necesario que hayan más medidas de protección internacional
para que todas las personas que soliciten refugio puedan contar con dicha
medida jurídica.
¿Qué
ofrece el gobierno de Costa Rica a las personas que están en tránsito?
En los
últimos meses, el gobierno de Costa Rica ha decidido permitir el tránsito para
que la gente pueda avanzar. Entonces, se puede asegurar que no es una frontera
cerrada, si no que por el contrario hay una facilidad de ingreso y tránsito.
“A las
personas que vienen de Panamá no se les pide ningún requisito de ingreso al
país”, explicó Cruz.
Aunque
hay un albergue administrado por el gobierno donde las personas pueden
permanecer hasta dos noches y tres días en buenas condiciones con servicios
disponibles atención médica y alimentación, Cruz aseguró que aún no logra
cubrir toda la población que está en tránsito por lo que tienden a ser
priorizadas las mujeres embarazadas, enfermos y familias con muchos niños y
niñas que llegan muy afectados al haber pasado la selva del Darién.
Por lo
tanto, un porcentaje que no accede a este albergue, desafortunadamente debe
permanecer en situación de calle.
¿Se ha
logrado un abordaje más regional?
“Las
posturas de los gobiernos centroamericanos siguen siendo evasivas y casi una
voluntad de no protección”, señaló Cruz.
Esto
ha generado una situación permanente de violación a los derechos humanos a
personas que migran forzadamente ante la decisión de cada gobierno de no
acompañar.
Mientras
tanto, las organizaciones sociales que se encuentran en la frontera están en
una lucha permanente de apostar a un trabajo de coordinación transfronterizo y
binacional, al menos con Panamá, para ofrecer a la gente que está cruzando
Centroamérica unas condiciones de dignidad.
Costa
Rica, que comparte frontera con Nicaragua y Panamá, ha logrado con este último
país conformar una comisión interinstitucional que involucra autoridades de
ambas naciones para brindar una asistencia de apoyo y protección internacional
pero son mínimas.
En
cambio, con Nicaragua la situación es más compleja y difícil debido a la
disposición del Gobierno de Daniel Ortega, “cuya posición ha sido no proteger,
no atender e incluso prohibir todo tipo de acción y respuesta humanitaria en
favor de las personas migrantes”.
Por lo
tanto, ofrecer a la gente las mínimas garantías y protección de sus derechos es
complejo.
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