Acceso a la Justicia 12 de abril de 2024
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Venezuela
avanza hacia la celebración de sus sextas elecciones presidenciales
bajo la Constitución de 1999, y pese a las promesas de las autoridades,
recogidas en documentos como los acuerdos de Barbados de finales de 2023, este
proceso parece que tampoco reunirá las condiciones para considerarse «limpio,
justo y transparente».
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ratificar la inhabilitación contra la candidata unitaria de la oposición, María Corina Machado, así como contra otros connotados disidentes, o la fecha escogida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la celebración de las votaciones, el mismo día en que el fallecido Hugo Chávez cumpliría años, ya daban motivos para sospechar sobre la calidad del proceso.
Sin
embargo, una revisión más minuciosa del trabajo hecho hasta ahora por el
organismo comicial arroja al menos otras tres alarmas, que se indican a
continuación:
1.
Fuera de lapso y de lugar
El
pasado 5 de marzo el CNE convocó las elecciones presidenciales previstas para
2024. Sin embargo, al dar esa noticia no cumplió cabalmente con lo previsto en
el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), que obligaba
a hacer «público» ese mismo día «el cronograma electoral».
Los
rectores apenas se limitaron a anunciar las fechas de algunos de los actos y
fases relacionados con los comicios, tales como el lapso de postulación de
candidatos o el inicio y culminación de la campaña.
Dos
días después, el organismo publicó un cronograma más detallado, aunque el mismo no figura en
la Gaceta Electoral, sino en dos lugares distintos: una lista de actividades
está recogida en la resolución n.º 240305-011 del 5 de marzo y otras están en
su página web.
Para
la claridad general, elaboramos una infografía compilando en una sola imagen
las etapas más relevantes y fechas, disponible en este enlace.
2.
Nuevos trámites y requisitos
Entre
las 101 actividades que aparecen en el cronograma publicado por el árbitro en
su sitio web figuran algunas inéditas, que no se realizaron en las
presidenciales de 2012, 2013 o 2018, tales como la «revisión del estatus de
organizaciones políticas con fines políticos validados para postular».
El CNE
dio 4 días a los partidos existentes o a los que aspiraban a constituirse para
someterse a este nuevo trámite, el cual dio pie a la creación exprés de
formaciones oficialistas como el Movimiento Futuro Venezuela (partido del
gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, que postula a Nicolás Maduro Moros).
Esta
revisión permitió a las autoridades electorales anular a los partidos opositores Convergencia, el
Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido Unión y Entendimiento
(Puente) y el partido Gente.
En
total, unas 15 organizaciones fueron canceladas al no superar la revisión del
CNE, una medida que parece ir en contra del principio del pluralismo
político consagrado por el artículo 6 de la Constitución, así como contra
la libertad de asociación (artículo 52) y la asociación política (artículo 67).
Esta
razia de partidos se suma a las intervenciones de toldas políticas decretadas
por el TSJ en los últimos años. Desde 2020, la Sala Constitucional destituyó a
las autoridades de formaciones opositoras como Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) y les impuso nuevas directivas
integradas por personas afines a los intereses gubernamentales. En el caso del
partido Copei, el TSJ nombró por última vez a la directiva en diciembre de
2019.
No
solo organizaciones opositoras han sido blanco de la acción del máximo juzgado,
sino también disidentes del chavismo, tales como Patria Para Todos (PPT), Tupamaro y más recientemente el Partido Comunista de Venezuela (PCV) corrieron la
misma suerte.
Al
final del proceso de revisión realizado por el CNE, 37 partidos políticos
fueron autorizados para concurrir a las presidenciales, pero la inmensa mayoría
son oficialistas o están controlados por personas cercanas al oficialismo. La
oposición, por su parte, solo podrá participar con las tarjetas de Un Nuevo
Tiempo (UNT), Fuerza Vecinal y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
3.
Escogiendo a los rivales
Como
viene ocurriendo en los últimos años, las autoridades han vuelto a recurrir a
su estrategia de sacar del camino a los competidores más serios. Sin embargo,
en esta ocasión no solo han recurrido a las inhabilitaciones que la Contraloría
General de la República impuso contra aquellas personas a las que considera
responsables de irregularidades contra el erario, sino que han utilizado otras
herramientas, algunas de ellas no vistas antes.
Así,
por ejemplo, el CNE no le permitió a la oposición inscribir a la profesora
Corina Yoris, escogida por la candidata unitaria María Corina Machado y por los
partidos de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), como abanderada
presidencial opositora, porque el sistema informático en el que debía realizar
este trámite no funcionaba. Problemas similares enfrentaron Ángelo Palmeri
(UNT) y el periodista Manuel Isidro Molina (Nuvipa), sin que el árbitro
electoral explicara las razones.
Casi
simultáneamente, Yoris tuvo que desmentir rumores que aseguraban que su
nominación era objetada por tener doble nacionalidad, venezolana y
uruguaya; solo los venezolanos de nacimiento y que no posean otra
ciudadanía pueden aspirar a la jefatura del Estado, de acuerdo con el artículo
227 constitucional.
Los
problemas informáticos que impidieron la postulación de Yoris no afectaron al
aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, quien no tuvo obstáculos para registrar su candidatura ante el CNE el
25 de marzo.
Casi
al finalizar el lapso, el ente comicial admitió la candidatura del gobernador
del Zulia, Manuel Rosales, por su partido UNT, a la cual se adhirió Fuerza
Vecinal, todo esto sin que se conozca si se separó o no de su cargo, como exige
la Constitución en su artículo 229 para poder ser candidato presidencial.
Por su
parte, la MUD pudo registrar a su candidato ante el CNE, pero
no a Corina Yoris, sino en su lugar, por lo menos temporalmente, al
exdiplomático Edmundo González Urrutia.
Hasta
ahora, 13 rostros aparecerán en el tarjetón. Ellos son los siguientes: el diputado Luis
Eduardo Martínez (candidato de AD, Bandera Roja, Movimiento Republicano y UNE,
todos intervenidos por el TSJ, con excepción del último); el exalcalde de San
Cristóbal, Daniel Ceballos (Arepa y el intervenido VP), Antonio Ecarri (Alianza
del Lápiz, Min-Unidad, Avanzada Progresista, Movimiento Ecológico de Venezuela,
Cambiemos Movimiento Ciudadano); Juan Carlos Alvarado (Copei intervenido por el
TSJ); el diputado José Brito (Primero Venezuela, Venezuela Unidad, Unidad
Visión Venezuela); el comediante Benjamín Rausseo (Conde); el diputado Javier
Bertucci (El Cambio); el exalcalde de Caracas, Claudio Fermín (Soluciones para
Venezuela); Luis Ratti (Derecha Democrática Popular), el aspirante a la
reelección, Nicolás Maduro (PSUV y demás partidos del Polo Patriótico); el
exdiputado y exrector del CNE, Enrique Márquez (Centrados, un partido
readmitido por el CNE a última hora); el exgobernador del Zulia, Manuel Rosales
(UNT, Fuerza Vecinal y MPV) y el diplomático Edmundo González (MUD).
En el
caso de este último, se inscribió la postulación con el objeto de continuar más
adelante los intentos por registrar a Yoris y así cederle a la catedrática la
tarjeta de la MUD, como estaba originalmente previsto, lo cual podría ocurrir
hasta el 20 de abril, o incluso hasta el 18 de julio, aunque en este caso el
tarjetón electoral saldría a nombre del anterior candidato registrado
(artículos 63 y 64 de la Lopre). Sin embargo, el oficialismo ha advertido que
esto no necesariamente se permitirá.
Al
respecto, esto aseguró a principios de abril el diputado Diosdado
Cabello en su programa televisivo:
«Los
candidatos postulados son esos, ya no hay más candidatos. Cualquier cosa que
ocurra de aquí en adelante es con esos mismos. Hay 12 candidatos por la
oposición, uno por la revolución bolivariana. Ellos tienen 12 candidatos y
nadie nos ve llorando porque tenemos uno solo, enfrentamos el problema».
Y a ti
venezolano, ¿cómo te afecta?
A
medida que pasan los días, aumentan las dudas sobre la transparencia del
proceso electoral del 28 de julio, el cual parece estar diseñado para que los
venezolanos voten, pero en realidad no puedan elegir, o al menos no tengan
ninguna alternativa al modelo que lleva 25 años en el poder sin alternancia.
El
comportamiento del CNE deja en claro que más que como un árbitro actúa como un
jugador más en la contienda comicial, por cuanto al incumplir con las
disposiciones legales y, de paso, negarse a aceptar determinadas candidaturas
exhibe su falta de independencia.
Pese
al poco tiempo que resta, hacemos votos por que las autoridades tomen nota de
las observaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), la cual denunció que las anomalías no solo «restringen la
oferta electoral de los sectores opositores», sino que «desincentivan la
participación política».
Tomado
de: https://accesoalajusticia.org/tres-vicios-empanan-elecciones-presidenciales/
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