PROVEA 16 de abril de 2024
@_Provea
“En
Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de
represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el
espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer,
directora para las Américas de Amnistía Internacional, ante el aumento de
detenciones arbitrarias en contra de personas defensoras de derechos humanos,
activistas de oposición y la elaboración de leyes flagrantemente violatorias de
derechos humanos.
En
Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de
represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el
espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
“Las
autoridades venezolanas, tanto del poder ejecutivo, legislativo y judicial, han
puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos,
como Rocío
San Miguel, a organizaciones de la sociedad
civil, como ONG y personal humanitario, y a activistas de la oposición
política. La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos
nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que
pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su
continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de
lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional.”
La
comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados,
sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser
considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos
hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que
lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
Ana
Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
En una
nueva declaración
pública emitida hoy, Amnistía Internacional denunció un pico en
las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho
penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas
estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas
como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente
personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’. En paralelo, el
gobierno ha venido apuntalando proyectos de leyes represivas, que buscan
castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la
disidencia política hasta con penas de prisión.
“La
situación en Venezuela, y en especial en este período electoral, deben tener la
máxima atención internacional para que los mecanismos represivos del gobierno
de Nicolás Maduro no limiten los derechos de las personas a participar en los
asuntos públicos. La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y
reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les
exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación
inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío Sanmiguel y de todas las
personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que
atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de
escrutinio y rendición de cuentas.”
La
situación en Venezuela, y en especial en este período electoral, deben tener la
máxima atención internacional para que los mecanismos represivos del gobierno
de Nicolás Maduro no limiten los derechos de las personas a participar en los
asuntos públicos.
Ana
Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
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