Monitoreamos 20 de mayo de 2024
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La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el
que expresa que dará mayor atención a los anuncios del régimen de
Nicolás Maduro a la presunta «apertura cooperación internacional» en
la lucha contra la impunidad ante las violaciones de derechos humanos, tras
la apertura de la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) para
dar asistencia técnica al sistema judicial en el país.
«Para
la efectividad de estos esfuerzos, el Estado debe reconstruir la separación e
independencia de los poderes públicos«, indica el comunicado emitido por el
organismo internacional.
Agrega
el escrito que «la impunidad ha propiciado la repetición de violaciones de
derechos humanos y ha permitido que en el país se instale una política de
represión selectiva dirigida a desalentar la participación política de las
personas opositoras o percibidas como tales. Un compromiso genuino en la lucha
contra la impunidad exige que el Estado adopte medidas inmediatas para
restablecer la separación e independencia del Ministerio Público, del sistema
de justicia en general y de los demás poderes públicos«.
A continuación, el comunicado completo:
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) toma nota de los recientes
anuncios del Estado de Venezuela sobre cierta apertura a la cooperación
internacional en la lucha contra la impunidad por graves violaciones a los
derechos humanos.
El 23
de abril, el Presidente Nicolás Maduro anunció que la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional, que actualmente desarrolla una investigación por la
presunta ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en el país, instalará una
oficina en Caracas, desde donde cooperará con las autoridades nacionales.
También comunicó que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas será invitada a tener un equipo en el terreno
nuevamente. Este anuncio se hizo luego de que dicha oficina fuera expulsada el
pasado 15 de febrero, hecho que fue condenado por esta Comisión.
La
apertura del Estado a recibir ambas oficinas debe estar acompañada de un
compromiso real y serio en la lucha contra la impunidad. De acuerdo con un
informe del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), en una muestra de 183 casos de conductas que
podrían configurar crímenes de lesa humanidad, sólo hubo 12 juicios, es decir,
un escaso 6%; y en el 52,5% de estos casos el Estado no ha iniciado ningún
proceso judicial.
El
principal desafío en la lucha contra la impunidad en Venezuela radica en la
cooptación del Poder Judicial y del Ministerio Público por parte del Poder
Ejecutivo. En distintas oportunidades, la CIDH y otros organismos
internacionales han denunciado el nombramiento irregular de las personas
magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y del titular del Ministerio
Público, presiones para decidir casos o cerrar expedientes, alta
provisionalidad de jueces y falta de garantías de inamovilidad en sus cargos,
admisión de medios de prueba bajo coacción, cambio recurrente de personas
fiscales, así como la falta de control judicial y trasparencia sobre sus
actuaciones.
La
Comisión Interamericana reafirma que la impunidad ha propiciado la repetición
de violaciones de derechos humanos y ha permitido que en el país se instale una
política de represión selectiva dirigida a desalentar la participación política
de las personas opositoras o percibidas como tales. Un compromiso genuino en la
lucha contra la impunidad exige que el Estado adopte medidas inmediatas para
restablecer la separación e independencia del Ministerio Público, del sistema
de justicia en general y de los demás poderes públicos.
La
CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la
Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La
Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la
defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de
la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes
que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no
representan sus países de origen o residencia.
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