Por Ronald Balza Güanipa
Por medio de su Orden
Ejecutiva del 5 de agosto, Trump prohibió exportaciones,
transferencias, retiros, pagos y cualquier otro uso de la propiedad e intereses
sobre la propiedad del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, y de quienes le
apoyen con bienes, fondos, tecnología o de cualquier otro modo. Según su
texto, esta Orden y sus predecesoras se han impuesto
“in light of the continued
usurpation of power by Nicolas Maduro and persons affiliated with him, as well
as human rights abuses, including arbitrary or unlawful arrest and detention of
Venezuelan citizens, interference with freedom of expression, including for
members of the media, and ongoing attempts to undermine Interim President Juan
Guaido and the Venezuelan National Assembly’s exercise of legitimate authority
in Venezuela”.
“The United States denounces
the Maduro dictatorship for its continued gross abuses of human rights and
repression, and will not waver in its support for the brave people of
Venezuela. They are fighting for freedom, their basic rights, and a
return to democracy and the rule of law. The Maduro dictatorship must end
for Venezuela to have a stable, democratic, and prosperous future—free from the
horrors of socialism that have ravaged this once great country”.
Según ambos documentos,
las sanciones impuestas hasta la fecha se cuentan entre las opciones
disponibles para acabar con la “dictadura”, con la “usurpación continuada
del poder” ejercida por Maduro en Venezuela, salvaguardando la “asistencia
humanitaria” y el alivio del “sufrimiento humano”.
¿Cuál será el efecto de las
sanciones?
Las respuestas a la pregunta
son múltiples. Hay quienes exigen su levantamiento, y quienes exigen su
profundización. Para algunos es posible que sólo las sanciones sobre personas
naturales, directa o indirectamente vinculadas con el Gobierno de Venezuela,
tengan efecto sobre la negociación del poder y la consolidación o fractura de
viejas o nuevas alianzas. Hay quienes afirman que las sanciones sobre el
Gobierno y sus aliados podrían preservar recursos para su uso cuando “cese la
usurpación”.
Levantar las
sanciones bajo una pésima administración no garantizaría mejorar
las condiciones de vida de venezolanos, pero tampoco es claro que
mantenerlas indefinidamente no las empeore. Se esgrimen argumentos a favor o en
contra de que las sanciones agraven una crisis humanitaria que comenzó a
engendrarse mucho antes, o que puedan promover un rápido cambio político, al
retirar al grupo en el poder su soporte económico. Sin embargo, es poco lo que
puede saberse sobre el efecto de cada sanción sin contar con
información específica sobre el monto de los recursos afectados y su potencial
destino.
Es bien sabido que durante
los años previos a la muerte de Chávez el presupuesto subestimaba
deliberadamente ingresos, inflación y tipo de cambio, y no incluía recursos
manejados discrecionalmente por el Ejecutivo a través de PDVSA, Fonden y Fondos
Chinos. La escasez, contracción del producto, las migraciones cada día
más desesperadas que comenzaron a registrase desde 2013 se gestaron durante los
años de la abundancia, cuando no se rindió cuenta del gasto público
financiado con petróleo y deuda externa. Desde 2015, el presupuesto nacional
dejó de publicarse.
Los decretos de
emergencia económica y una decisión del TSJ eximieron al Ejecutivo de
presentar el presupuesto y la ley de endeudamiento ante la AN, como exige la
Constitución. Desde noviembre de 2017, el financiamiento monetario que el BCV
concedió a PDVSA condujo a una hiperinflación que todavía padecemos, sin que
sean conocidos los canales por medio de los cuales los nuevos bolívares
ingresaron a la economía.
Sin haber
presentado presupuestos consolidados y verificables antes y después
de las sanciones, Nicolás Maduro no puede explicar cómo una presunta
guerra económica causaría los cada día peores resultados de su gestión. Culpar
a especuladores, mercados negros, caída en precio del petróleo, no es
suficiente cuando no se rinden cuentas. Afirmar que las sanciones empeoran la
crisis, sin presentar un presupuesto consolidado donde se identifiquen los
canales bloqueados por ellas tampoco basta.
Un gobierno que heredó la
nueva PDVSA, el Fonden y el Fondo Chino antes de las sanciones no
puede atribuirles la falta de luz, agua y servicios públicos que sufre la
población. Sin embargo, afirmar sin mayores detalles que las sanciones sólo
afectan al gobierno y a sus aliados tampoco parece suficiente. En medio de una
gravísima crisis económica con duras consecuencias humanitarias,
discutir el destino de los recursos públicos presentes y futuros es esencial.
El manejo de la deuda externa y de las demandas contra activos del Estado tiene
tanta relevancia como el destino de la ayuda humanitaria, no sólo por su
impacto económico y social, sino también porque hace explícita una manera de
hacer política económica, y política en general.
Es difícil discutir los
efectos presentes y futuros de las sanciones sin conocimiento detallado de los
ingresos y gastos públicos. Según la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público del 19 de noviembre
de 2014, “el proyecto de Ley de Presupuesto será presentado por
el Ejecutivo Nacional a la Asamblea Nacional antes del quince (15) de octubre
de cada año.
Será acompañado de una
exposición de motivos que, dentro del contexto de la Ley del Marco Plurianual
del Presupuesto y en consideración del acuerdo de la Asamblea Nacional a que se
refiere el artículo 31 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley,
exprese los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones adicionales
relativas a la metodología utilizada para las estimaciones de ingresos y
fuentes financieras y para la determinación de las autorizaciones para gastos y
aplicaciones financieras, así como las demás informaciones y elementos de
juicio que estime oportuno”. No parece posible que en 2019 Nicolás Maduro
cumpla con esta Ley, que lleva su firma y detalla un explícito mandato
constitucional.
Juan Guaidó, presidente de
la AN y presidente (e) de la República reconocido por 50 gobiernos del mundo,
no encabeza un gobierno que controle todos los recursos públicos, pero
tiene una oportunidad para rendir cuentas. Si la cooperación internacional, las
sanciones y la renegociación de compromisos permiten acumular recursos para su
uso posterior, sería muy conveniente señalar el monto atribuido a cada
iniciativa específica, puesto que cada restricción sobre las acciones de PDVSA,
BCV, Bandes y otros componentes del “gobierno de Venezuela” tienen
consecuencias diferentes.
Del mismo modo,
el destino de los recursos ya disponibles para ayuda humanitaria o
servicio de deuda externa debería presentarse dentro de un marco coherente con
la política económica propuesta en el Plan País. Proponer iniciativas
internas, con todas las limitaciones que imponen la incertidumbre y el
ocultamiento de información, sería muy deseable. Abordar puntos sensibles, como
una propuesta para incrementar el precio de la gasolina, utilizar ingresos en
bolívares para sustituir el financiamiento monetario del BCV a PDVSA y aumentar
el pago de impuestos de la petrolera al gobierno enviaría señales dentro y
fuera de Venezuela sobre un nuevo modo de manejar los recursos públicos.
Es necesario insistir en que
un cambio de gobierno y un posterior levantamiento de las sanciones no
bastarán para superar la crisis económica y humanitaria de Venezuela.
Sancionar para negociar nuevas condiciones de ocupación del poder sin anticipar
sobre qué y cómo se ejercería es insuficiente para generar confianza y
tranquilidad. La transparencia en el manejo de los recursos públicos,
informando su origen y sometiendo a discusión y contraloría su uso, haría muy
evidente una radical diferencia entre quienes creen en la importancia de las
cuentas claras y quiénes no.
16-08-19
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