Por Gregorio Salazar
La verdad sea dicha, para
que un pistolero de los muchos que integran los colectivos y otro grupo
paramilitares organizados desde el oficialismo aparezca amenazando, disparando
contra manifestaciones de la oposición o acosando a los periodistas no se necesita
ningún fake news.
Lo hemos presenciado a lo
largo de esos duros veinte años durante los cuales el discurso oficial ha
criminalizado a todo aquel que disiente, denuncia, defiende o reclama sus
derechos y mucho más si lo hace desde la calle, un espacio donde ninguna
dictadura quiere competidores.
Los embates, con armas o sin
ellas, durante campañas electorales o fuera de esas contiendas, con costos de
vidas humanas o sin ellas, los han padecido no solamente los activistas
políticos y los periodistas colocados por la especificidad de su labor en el
medio de una confrontación dura y asaz polarizada, sino también la comunidad
universitaria, los maestros, los médicos, las enfermeras, los jubilados y a fin
de cuentas cualquier grupo de vecinos que agobiados por la falta de agua, luz o
comida se haya lanzado a la calle a reclamar solución a sus problemas.
En el caso de los
periodistas resulta evidente la frecuencia y la diversidad de los ataques,
seguramente porque a ellos corresponde dejar registro para la historia de una
crisis profunda y extendida que se coló por todos los intersticios de la vida
nacional y que sigue dejando un saldo muy doloroso en el costo económico y
social de la población venezolana. Pero sobre todo evidenciar también quiénes y
cómo ocasionaron este desastre.
Como bien se sabe, desde el
comienzo del llamado proceso revolucionario se puso en práctica una política de
dos vertientes que hoy se aprecian en toda su magnitud: agigantar hasta lo
inimaginable el poder comunicacional del estado venezolano, ejercido con
criterio exclusivamente ideológico y partidista, y minimizar al sector privado
de los medios y a los comunicadores independientes.
Una de las caras de esa
moneda muestra una hegemonía comunicacional, cuya búsqueda y construcción fue
anunciada en forma desembozada por el régimen y que hoy ha alcanzado plena
vigencia.
En el reverso se observa la
desaparición, precarización, atomización o subordinación de medios de
comunicación, sin fuentes publicitarias, sin solvencia económica o definitivamente
atemorizados por la política represora del régimen.
El mundo empresarial de las
noticias prácticamente ha desaparecido. Difícilmente haya medios privados
en Venezuela, impresos o digitales, que se puedan considerar verdaderamente
rentables. Y si se toma en cuenta la suma ingente que ha dedicado el
régimen a los medios del Estado, meros instrumentos de propaganda, tendremos
que prácticamente todo el sector comunicacional en Venezuela funciona sobre la
base de pérdidas operacionales totales.
Tras veinte años de
apaleamiento y estrangulamiento económico de los medios de comunicación, que es
decir de la libertad de expresión y el derecho a la información, ninguna duda
puede quedar de que el régimen ha afinado una política de estado propiciadora
de todo el ventajismo político sin el cual no pudiera sobrevivir el chavismo y
pieza clave de su proyecto de perpetuación en el poder.
Seguramente oiremos desde
los amos del poder otras acusaciones como la que se ha lanzado contra el jefe
de prensa de la AN, por supuestamente falsificar una noticia sobre el
encañonamiento al presidente Juan Guaidó durante un evento de calle en
Barquisimeto donde resultaron varias personas heridas.
Lo que nunca les oiremos
decir será: “No somos capaces”, “nunca lo hemos hecho”, “siempre hemos
condenado esas prácticas”, “no hemos convalidado la impunidad de los
agresores”, etc, etc, etc…
08-03-20
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